El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, aseguró que no se han quedado ‘cruzados de brazos’ en la protección de los desmovilizados de las Farc y responsabilizó de las acciones en contra de los exguerrilleros a las disidencias de esa guerrilla, al Eln y al Clan del Golfo.
Archila presentó este lunes un informe de las acciones que ha emprendido el Gobierno Nacional para proteger a los desmovilizados. Desde la firma del Acuerdo de paz con las Farc, a la fecha han sido asesinados 236 excombatientes de esa guerrilla.
En julio pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al Gobierno adoptar medidas de protección para garantizar la vida de los desmovilizados, tras constatar que “pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales”, señaló el tribunal en un comunicado.
Este lunes Archila sostuvo que “nos duelen todas las muertes y nunca hemos estado con los brazos cruzados ante los criminales”. Aseguró que el 61 por ciento de los casos de ataques contra los desmovilizados provienen de las bandas criminales y que el Gobierno ha gestionado más de 13.500 millones de pesos para aumentar los esquemas de seguridad a los desmovilizados.
“No hemos ahorrado esfuerzos y no desmayamos en este propósito. No puede haber sospechas de connivencia o negligencia de parte del Estado frente estos ataques. Solo hubo un episodio que vinculó a un miembro de la fuerza pública: el caso de Dimar Torres, en el Catatumbo que se resolvió en 2 meses y derivó en una condena a 20 años para un suboficial del ejército involucrado en este episodio”, dijo Archila.
En detalle, el Consejero Archila explicó que la Fiscalía General logró establecer que en los casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición fue ordenado por las disidencias de las Farc (42 por ciento), el Eln (10 por ciento), y el Clan del Golfo (9 por ciento).
Así mismo, las investigaciones han permitido esclarecer el 50 por ciento de las 319 afectaciones contra los excombatientes y sus familiares registrados desde 2017 a octubre de 2020. Y 126 ataques, que corresponden al 46,7 por ciento de los desmovilizados víctimas de las afectaciones han sido esclarecidos.
Según Archila, al 7 de octubre de este año la justicia ha proferido 40 sentencias condenatorias, hay 31 casos en juicio, 37 casos con formulación de imputación, 49 casos en indagación con orden de captura y 2 casos por preclusión.
Por las afectaciones contra excombatientes se han capturado 141 persona y se han vinculado 257 personas a las investigaciones y se han dictado 53 órdenes de captura contra autores intelectuales de las cuales 10 ya se han hechos efectivas.
Le puede interesar: Gobernadores plantean tregua de Uribe-Santos y que se sienten a hablar
Otras acciones
En otras acciones, dice el consejero Archila, hasta el 30 de septiembre de 2020, 271 esquemas se encontraban implementados, de los cuales 231 son individuales (174 para hombres y 57 para mujeres), 15 colectivos (que cubren 46 hombres y 22 mujeres), 24 para antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), y uno para sedes.
En los 24 antiguos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), se dispuso la presencia del Comando Conjunto Estratégico de Transición CCOET, integrado por 2.225 efectivos de 70 pelotones del Ejército y 871 de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, con especialidades como protección con 96 enlaces, inteligencia y observadores policiales.
Por último, hay un total de 3.158 integrantes de la fuerza pública para garantizar la seguridad de 2.626 reincorporados y sus familias que viven en los ETCR. Mientras en el país hay un integrante de la fuerza pública por cada 500 habitantes, en los ETCR hay 1,2 efectivos por cada reincorporado.
Le puede interesar: ‘Insto a políticos colombianos evitar involucrarse en las elecciones’
