Redacción BL
“Colombia está demorada en tener un marco regulatorio estatal de la extranjerización y acaparamiento de tierras”, indicó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, durante un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes, en el cual se discutió sobre un caso presentado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) que afecta a los indígenas Sikuani, y que involucra a la comunidad menonita, una iglesia cristiana proveniente de otro país.
Según indicó Mojica, desde el Gobierno y junto con el Congreso de la República, se ha identificado la urgencia de poder regular de una manera mucho más sana y directa las normas de acaparamiento o ‘land grabbing’, como se conoce en el exterior, un problema que se presenta universalmente y el cual se ha regulado legislativamente por gran parte de países.
La ministra explicó, citando una definición de la FAO, que el acaparamiento es un proceso de control territorial sobre los suelos y lo que hay sobre ellos, lo que implica la violación de derechos humanos e intervención de recursos no renovables. Según el organismo, se han detectado tres formas: la extranjerización, la concentración y la acumulación.
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En diversos escenarios, la ministra Mojica ha fomentado el diálogo y el análisis para que Colombia regule este problema y evitar que, en el territorio estratégico nacional, zonas importantes por el agua, por los suelos rurales y por situaciones de frontera sean objeto de extranjerización y acaparamiento de tierras.
Presidente Gustavo Petro y la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica.
Mojica dijo que de ninguna manera esta regulación afecta la inversión extranjera y que, por el contrario, la fomenta, al proveer normas claras para que empresas foráneas ingresen al mercado inmobiliario, sin poner en riesgo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria.
La ministra aclaró que tener un marco de regulación de la extranjerización de la tierra busca que “las tierras rurales y el suelo aseguren no solamente el derecho de la soberanía nacional y la seguridad alimentaria, sino también afirma el ordenamiento en torno al agua y la garantía del derecho de propiedad de las comunidades rurales, campesinas, agrícolas y étnicas de Colombia”.
La propuesta para tal regulación debe incluir estudios técnicos para que los extranjeros puedan celebrar negocios jurídicos sobre tierras rurales, o si se debe limitar a determinado porcentaje, teniendo en cuenta territorios estratégicos. También debe incluir la discusión social, política y legal sobre la necesidad de proteger los derechos del campesinado, la soberanía y seguridad alimentaria; el ordenamiento territorial en torno al agua y políticas de protección y salud del suelo rural.
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Las normas ligadas a los límites en programas de reforma agraria no son precisas en cuanto a su ámbito de aplicación, procedimiento y efectos: “Estas no han resultado eficaces para desincentivar el acaparamiento, y por ello se debe trabajar en la regulación”, dijo la ministra.
En Colombia la concentración de la tierra es evidente: el 5,4 % de los propietarios en Colombia tienen predios de más de 100 hectáreas, mientras que el 56,7 % de los propietarios poseen predios hasta tres hectáreas. “Es decir, unos pocos propietarios tienen predios grandes y muchos tienen predios pequeños”, puntualizó Mojica.
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