Redacción BL
En otro hecho, ocurrido en Bogotá, un hombre habría atacado con arma de fuego a un canino.
La contundencia del material probatorio presentado por fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) permitió judicializar tres personas como supuestos responsables de agresiones a caninos en Tolima y Cundinamarca.
Irregularidades en Centro de Protección Animal
El director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Cajamarca (Tolima) -UMATA- fue imputado por el delito de maltrato animal agravado. La Fiscalía estableció que habría fallado en el deber de cuidar y brindar atención a varios caninos rescatados, los cuales estaban a su cargo en el Centro de Protección Animal.
Denuncias ciudadanas e inspecciones de la Personería de Cajamarca evidenciaron que los perros, supuestamente, estuvieron en condiciones precarias.
El 29 de marzo de 2021, por el grave hacinamiento en el que estarían los animales, un canino de nombre ‘Legolas’ fue atacado por otro perro y, al parecer, no recibió atención médica oportunamente porque no había veterinario disponible con el pretexto de que era Semana Santa.
Siete días después, ‘Legolas’ fue trasladado a una veterinaria particular; sin embargo, murió. Por este hecho, también fue imputada la veterinaria del lugar, Leidy Samalia López Castro.
Ataque a ‘Ruffo’
El 17 de abril de 2017, Manuel Santos González le habría ocasionado la muerte a un perro de nombre ‘Ruffo’. El caso ocurrió en un local comercial del barrio Olaya, en el sur de Bogotá. El hombre, supuestamente, llegó al establecimiento y llamó al propietario, pero salió el animal ladrando y le propinó tres disparos con un arma de fuego con silenciador.
Debido a la gravedad de las heridas causadas, a ‘Ruffo’ le practicaron la eutanasia animal. Santos González fue imputado por el delito de maltrato animal.
La Fiscalía habla con resultados
AMCJ/JARG/MCRC/AG/GELMA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
