Redacción BL
Al gobierno de Gustavo Petro le queda una semana para hacer uso del decreto 1085 del 2 de julio de 2023, con el cual declaró ‘Estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira‘ por un periodo de 30 días.
El presidente enfatizó, en la visita que realizó a inicios de mes con todo su gabinete a la región, sobre la necesidad de tomar medidas para solventar la crisis en la región en temas como el agua, la crisis climática y las sequías, y la situación de desnutrición infantil.
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Sin embargo, desde entonces, no se han promulgado nuevos decretos para poner en marcha el plan del Gobierno.
En las disposiciones del decreto 1085, compuesto por cuatro artículos, está que el Gobierno adoptará, “por medio de decretos legislativos”, además de las medidas expuestas en la parte considerativa de dicha norma, “todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos”.
Así mismo, el decreto estableció que el Gobierno dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevar a cabo dichas medidas.
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Portafolio consultó con el Ministerio de Hacienda, y constató que desde la cartera aún no se publica ningún decreto relacionado con la emergencia. Así mismo, indagó con otras carteras como las de Vivienda, Minas y Energía, Trabajo, y con la Presidencia, pero no se ha emitido por ahora ningún acto administrativo al respecto.
El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, cuestionó si era necesario haber utilizado la figura de una declaratoria de emergencia, si a la fecha no se han expedido los respectivos decretos.
“No deja de sorprender que se haya declarado una emergencia y no se hayan expedido casi de inmediato los decretos. Surge la pregunta de si realmente existe una emergencia económica y social”, aseguró.
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Restrepo destacó que una emergencia se decreta “para tener instrumentos nuevos que de otra manera no se tendrían para enfrentarla y dar respuesta al problema que originó la emergencia”, y que es posible que algunos de los instrumentos que se tenían pensados para dar atención a La Guajira podían usarse por medio de otras vías.
De otra parte, César Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía, y Gobierno de la Universidad Eafit, también se refirió a la falta de claridad sobre la emergencia.
“Esto nos dice, sobre todo, que la declaración de emergencia no era el principal obstáculo para empezar a superar algunos de los problemas más apremiantes de esa región del país. Parece que el verdadero obstáculo es el hecho de que el equipo de Gobierno no tiene claridad sobre cuáles son las medidas necesarias o deseables para este fin, o que no se pone de acuerdo sobre cómo implementarlas”, dijo.
Gustavo Petro en su visita a La Guajira
Tras sesionar una semana desde La Guajira, el Gobierno anunció compromisos en 11 sectores priorizados para enfrentar una crisis humanitaria y climática.
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En energía se firmó un Pacto por la Transición Energética Justa, que estableció varios compromisos, como fortalecer los procesos de relacionamiento entre empresa-estado-comunidades, o diseñar un plan operativo para materializar el Pacto.
Además, el Gobierno anunció la inversión de $25.000 millones para instalar 1.618 paneles solares y 930 baterías en beneficio de la población del corregimiento de Nazareth.
En el caso del Ministerio de Vivienda, la cartera reportó en días pasados que viene avanzando en las medidas de emergencia en materia de agua, saneamiento básico y vivienda en La Guajira. Esto por medio de la firma de convenios para la ejecución de diversos proyectos de agua potable, saneamiento básico y viviendas dignas en el departamento.
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Entre estos está la firma de un convenio con la Gobernación para mejorar más de 4.500 viviendas en todo el departamento, así como la firma de dos convenios para conexiones a acueducto y alcantarillado de 500 familias de Urumita y San Juan del Cesar.
También se dio la firma de un convenio con el alcalde de Urumita, para optimizar el sistema de acueducto en el casco urbano, obra que impacta a más de 10.700 personas y se suscribió convenio de cooperación con WaterAid para la rehabilitación de 51 infraestructuras, como pozos, jagüeyes y molinos de viento.
Otro sector crucial es el de salud, con la declaratoria de la emergencia el Gobierno anunció que “a través de unos de sus decretos, se constituirán 300 equipos extramurales de salud, que se desplegarán por el territorio para atender a las familias en sus hogares e impulsar la salud preventiva”. La cartera de salud tampoco ha emitido aún ese acto administrativo.
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Igualmente, se anunció la destinación de $85.000 millones para la construcción o acondicionamiento de cuatro hospitales.
Por el lado del Ministerio de Trabajo, lo que se trazó fue una hoja de ruta en materia de empleo. El 24 de julio la cartera, junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instaló una mesa de empleabilidad en La Guajira, con la que esperan beneficiar a 36.000 trabajadores informales. El objetivo está en elaboración de políticas que permitan crear proyectos y herramientas para mejorar el acceso a la protección social.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista de Portafolio
