Era de esperar que en las circunstancias por las cuales ha atravesado el país este año, coronavirus, crisis económica, desempleo, desastres naturales –San Andrés, Providencia y el Chocó–, pobreza y desigualdad, los actores económicos hubieran entendido que los problemas son de todos los colombianos, así a todos no nos hubieran golpeado por igual.
Ese sentido de solidaridad social, sin embargo, no parece haberse manifestado con la pandemia. Hay una campaña, es cierto, para comunicarles a los médicos y a los trabajadores de la salud que no ‘están solos’. Pero se olvida a quienes realizan actividades básicas para la supervivencia diaria de las comunidades; por ejemplo, la provisión de alimentos o muchos oficios esenciales. En un libro reciente, el filósofo Michael J. Sandel se refiere a la paradoja moral que se experimenta en una situación como la actual, cuyo tratamiento requiere simultáneamente ‘solidaridad’ y ‘distanciamiento social’ (La tiranía del mérito: ¿qué pasó con el bien común?, traducción mía).
El distanciamiento social –que siempre ha existido en Colombia– no puede anular por completo el sentimiento de solidaridad. Aunque, tristemente, eso es lo que está sucediendo y se comprueba en las propuestas de los sindicatos con respecto a la fijación del salario mínimo para el año que viene.
De acuerdo con los dirigentes de las centrales obreras, el aumento para aquellos trabajadores en el sector formal que ganan el salario mínimo debe ser del orden del 13 por ciento. En otras palabras, para 7,4 millones de personas (el 38 por ciento de los 19,3 millones de ocupados afiliados a pensiones, según la información más reciente del Dane), al tiempo que 8,6 millones se ocupan por cuenta propia y 3,95 millones están desempleadas. Esos 12,55 millones de personas no estarán representadas en la mesa de concertación laboral en la cual se llevará a cabo, a partir del primero de diciembre, la negociación del salario mínimo. No tienen voz. El ajuste del 13 por ciento beneficiaría solamente a una parte de los trabajadores. La mayoría gana menos de un salario mínimo o nada, en el caso de los desempleados, lo cual, además, queda por fuera del régimen pensional. En otras palabras, se ampliará la brecha de la desigualdad presente y futura.
La pandemia amplificó el enorme problema de la informalidad en el país, que se dejó crecer hasta alcanzar la magnitud de hoy en día. En este momento, por tanto, la prioridad de la política laboral no puede ser “meter más dinero al bolsillo” de los formales, como quiere el presidente de la CUT, sino generar ingresos para quienes hoy se encuentran desempleados o trabajando por cuenta propia. El empleo y el ingreso de los más tienen prioridad sobre los mayores ingresos de los menos.
El ajuste del salario mínimo para este año fue de 6 por ciento, y los precios al consumidor habrán aumentado en máximo un 2 por ciento al finalizar diciembre. Así que, con el alza de hace un año, los trabajadores formales recuperaron la pérdida por inflación del año pasado y recuperarán, también, la del presente. De tal manera que a los trabajadores formales que mantuvieron sus empleos durante la pandemia no les fue mal; incluso, las cifras muestran que fueron menos afectados por las cuarentenas, en términos de empleo, que los informales. Un aumento del 2 por ciento en el 2021 los dejaría con un mejor ingreso en términos reales, con mayor capacidad de compra y, en cambio, continuaría haciéndoles daño a los informales y a los desempleados.
Las centrales obreras deberían hacer un acto de generosidad con sus compatriotas que trabajan por cuenta propia y han visto duramente reducidos sus ingresos y sus gastos esenciales. Es la hora de la solidaridad. Sería un ejemplo de responsabilidad moral.
Carlos Caballero Argáez
