Redacción BL
«Le quiero decir al país, mirándolo a los ojos, que tengo toda la tranquilidad de que, como Ministra, hicimos todos los controles que se debían hacer para que una situación de una red de tramposos no llegara, pero desafortunadamente nos engañaron».
Así se expresó la titular de la cartera de Tecnología y Comunicaciones, TIC, Karen Abudinen, durante el debate de control político al que la citó la Comisión Sexta del Senado para que explicara las irregularidades denunciadas con respecto al contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.
Por ello, y dado que la propia Ministra reconoció en ese escenario que ese convenio por $1,07 billones es “una de las trampas más grandes que se han presentado en contra del Estado”, los analistas no están muy seguros de que vaya a continuar en su cargo, a pesar del respaldo que hasta ahora ha recibido por parte del presidente Iván Duque.
En opinión de algunos politólogos la funcionaria enfrentará una prueba de fuego el próximo 3 de septiembre, cuando está citada a un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes.
“Yo siento que, aunque en la estructura administrativa podría haber una delegación en la ordenación de gasto, por la forma cómo se dio el proceso, la selección del proveedor y el pago de un anticipo por ese monto, la responsabilidad administrativa ya no es el asunto central, sino la responsabilidad política”, asegura el consultor político Miguel Jaramillo Luján.
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Desde Corea del Sur, Duque pidió investigar al juez que decretó la caducidad del contrato con Centros Poblados y anunció que la Fiscalía pedirá ayuda al FBI en la investigación.
Por ello sostiene que “la presencia de la señora Abudinen en el Ministerio es insostenible” y agrega que la situación está “lastimando al Gobierno Nacional.
A su vez, la politóloga Stefanía Gaviria reconoce que “políticamente no debe ser nada fácil ni para el Presidente ni para la Ministra contemplar la renuncia, pero es un tema delicado, que requiere explicaciones serias y que no se soluciona de la noche a la mañana”.
“Estamos, como país, atravesando una coyuntura compleja, que tiene como fondo un tema social fuerte… Si uno como funcionario falla, lo más lógico es hacerse a un costado”, conceptúa.
Y sobre la actitud que Abudinen debe asumir dice: “Su principal responsabilidad es hablarle al país con ética y transparencia, sin tapujos, pero sobretodo debe ser clara y explicar cómo se va a brindar el servicio que se vio afectado por malas prácticas”.
Por su parte, el analista Ancizar Marroquín comenta que “no todos los días se desarrollan proyectos de $70 mil millones. En sana lógica, se diría que un ministro se debe dedicar a este tipo de proyectos y hacer un monitoreo y seguimiento muy especial. No es fácil que un ministro llegare a afirmar que no sabía nada y que era tarea de otros. Eso hablaría de su falta de manejo, compromiso y conocimiento del impacto que para el país tiene un proyecto de esa magnitud”.
Los otros implicados
Sin embargo, la funcionaria se defendió en el Congreso el martes: “Nosotros no entregamos $70.000 millones al contratista, se desembolsaron $70.000 millones a la fiducia. Nosotros no pagamos a los contratistas”.
Y anunció denuncias ante los entes de control, no solo contra los contratistas sino también contra la empresa SES Colombia, encargada de revisar las garantías y los riesgos, y contra el Comité Fiduciario del BBVA, encargado de controlar y verificar las órdenes de pago del anticipo.
Entre las presuntas irregularidades de la fiducia, la Ministra afirmó que aprobó un anticipo sin las tres previas cotizaciones requeridas (que no han llegado al Ministerio), y con un certificado bancario de hace cinco años y no reciente, como debió ser.
Por su parte, SES Colombia fue citado a una audiencia por presunto incumplimiento, “para que le digan al país y a este Ministerio cuáles fueron los argumentos para ellos aprobar las garantías de estos tramposos”.
Y en cuanto a los bienes embargados a Centros Poblados, que el Ministerio ordenó el pasado 20 de agosto para recuperar el dinero, la Jefa de la cartera de las TIC, indicó que ya hay $15.000 millones en las cuentas del Ministerio, mientras que hay otros dos embargos por $25.000 millones, además de 21 cuentas bancarias de los integrantes de la UT Centros Poblados, dos inmuebles y 71 vehículo de propiedad de ICM Ingenieros SAS.
Según Abudinen, en los presuntos hechos de corrupción denunciados alrededor del contrato con Centros Poblados no está implicado ningún funcionario de esa cartera: “que investiguen todo lo que tengan que investigar los entes de control. Seguimos con las puertas abiertas”.
No obstante, para Marroquín es muy probable que la Ministra renuncie a su cargo antes de que la moción de censura prospere.
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Tutela
El juez de Puerto Colombia, Atlántico, que había suspendido el proceso de caducidad y embargo del contrato entre el Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados, rechazó la tutela interpuesta por el consorcio y reactivar las medidas decretadas por el Ministerio.
Además, remitió la tutela a un juez del circuito de Barranquilla, que sería el competente para conocer del caso.
