Las obras con recursos en vilo por errores en el Presupuesto General de la Nación del 2024 | Finanzas | Economía

Los líos en el Presupuesto General de la Nación para 2024 no sólo se traducen en los $13 billones que no tienen una destinación específica de uso para los próximos 12 meses, sino que tienen en vilo más de 100 obras y proyectos de inversión del Gobierno Nacional en cuatro entidades, cuyos recursos no están especificados dentro de las cuentas del Estado.

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Portafolio tuvo acceso a documentos de Alto Gobierno que demuestran que 65 proyectos del Instituto Nacional de Vías, 24 de la Agencia Nacional de Infraestructura (de los cuales 20 vías 4G), 11 del Ministerio de Hacienda y el apoyo financiero de al menos 11 universidades públicas en el país; no quedaron discriminados dentro del Presupuesto que se expidió el pasado 29 de diciembre.

Estos hallazgos hacen parte de las irregularidades que este medio ha revelado en entregas anteriores, las cuales evidencian errores técnicos y legales dentro de estas cuentas, que, según los expertos, sólo pueden ser subsanadas por el Congreso de la República o de lo contrario el documento está expuesto a demandas de inconstitucionalidad.

Todo la situación se originó por cambios que, según fuentes del Ministerio de Hacienda, se hicieron al Decreto de Liquidación Presupuestal del 2024 (2295 de 2023) desde la Presidencia de la República, pese a las alertas que se emitieron por expertos de Planeación Nacional y la cartera que dirige el ministro Ricardo Bonilla.

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De acuerdo con la reglamentación vigente para el Presupuesto Nacional, que tendría vicios de inconstitucionalidad e iría en contra de lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996), los dineros en vilo corresponden a $7,1 billones para la ANI; $3,1 que pertenecen al Invías y por lo menos $560.000 millones para infraestructura educativa a cargo del Mineducación.

Así mismo, en uno de los puntos que más preocupa a los expertos que hablaron con este medio, están las asignaciones del Ministerio de Hacienda para manejo de Sistemas de Transporte Masivo ($1,6 billones) y Sistemas Férreos ($351.000 millones).

Ahora bien, en lo que concierne a los 108 proyectos y programas que hasta el momento no cuentan con una asignación específica, pese a que debían estar en la Ley de Presupuesto 2024, el decreto que reglamenta y los anexos, aparecen la Primera Línea del Metro de Bogotá, que debe recibir $776.139 millones de pesos, o el Metro Ligero para Medellín, que en las cuentas de este año aparecía con $483.135 millones. 

La plata para estas obras debía salir del Ministerio de Hacienda, en sus cuentas de Sistemas de Transporte Masivo y Transporte Férreo, en las que también aparecen el Regiotram ($351.733 millones) y las fases 2 y 3 de Transmilenio a Soacha ($115.817 millones), así como el Transmilenio por la Calle 13 y Avenida Américas ($107.472 millones).

Por el lado del Instituto Nacional de Vías aparecen la construcción del Túnel del Toyo y las vías de acceso en el corredor Santafé de Antioquia-Cañasgordas ($340.000 millones); los Caminos Comunitarios para la Paz ($550.000 millones) y proyectos como la carretera Buenaventura-Bogotá-Quindío-Vichada, con $236.000 millones o el trayecto Bogotá-San Alberto ($98.000 millones).

No obstante, en el renglón que corresponde a esta entidad, llama la atención que los programas de Administración, recaudo y control de peajes ($4.000 millones); Construcción de obras de emergencia ($56.671 millones) y Conservación y mantenimiento de vías ($344.403 millones); tampoco aparecen discriminados en el Decreto de Liquidación, por lo que no hay certeza sobre la posible ejecución de esos recursos este año.

Portafolio comprobó esta información al contrastar datos oficiales entregados por el Departamento Nacional de Planeación y el borrador de decreto original que se envió desde el Ministerio de Hacienda a Presidencia, a finales del año pasado, donde sí se discriminaron todas las obras que se omitieron en el documento que se expidió. En estos informes se aprecia también que, para el caso de la ANI, quedaron en vilo los recursos a girar este año a 26 proyectos y programas entre los que destacan 20 vías 4G como las Autopistas al Mar 1 y 2, que juntas suman más de un billón de pesos, o los corredores Rumichaca-Pasto ($435.851 millones), Pamplona-Cúcuta ($433.010 millones), Mulaló-Loboguerrero ($408.154 millones) y Conexión Pacífico ($393.301 millones).

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Esta discriminación que no se hizo por parte del Gobierno Nacional deberá regresar al Congreso para su ajuste, puesto que las partidas tampoco se desagregaron en la Ley de Presupuesto del año pasado (2342 del 15 de diciembre de 2023) que aprobó el Legislativo, pese a que las leyes obligan a que se haga de esta manera.

Los analistas que este medio ha consultado durante las últimas dos semanas coinciden en resaltar que ley Orgánica del Presupuesto dice que todos los gastos deben aparecer detallados en la ley de apropiaciones.

En este punto explicaron que la ley de presupuesto consta de dos partes. Una son los cálculos de ingresos, que se llama Ley de Rentas, y por el otro están las autorizaciones de gasto, que se llaman Ley de Apropiaciones. Estas últimas tienen que ser específicamente señaladas en el proyecto que aprueba el Congreso, ya que los gobiernos no pueden intervenirlas en el curso de la ejecución presupuestaria de cada año.

Igualmente, en el Anexo del Plan Operativo Anual de Inversiones, que está en poder de Portafolio, aparece que financiaciones claves para universidades públicas como la Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad de Caldas, Universidad de Córdoba, Universidad de la Amazonía o de los Llanos; tampoco aparecen discriminadas.

En este punto que concierte a educación, vale la pena señalar que el pasado 5 de febrero se emitió el Decreto 0103 del 2024, en el cual se discriminan las partidas presupuestales que no se pusieron en el decreto que salió el año pasado. Sin embargo, allí se baja el rubro de inversión de $6,2 billones que aprobó el Congreso a $5,1 billones.

Esto, de acuerdo con expertos presupuestales consultados por Portafolio, se puede interpretar como que el Gobierno se está adjudicando facultades propias del Legislativo, ya que cualquier cambio en las partidas globales del Presupuesto General de la Nación debe ser presentado como una adición presupuestal al Senado y la Cámara de Representantes para su debate y eventual aprobación.|

Vale la pena destacar que, según se ha contado en este medio en ediciones anteriores, los yerros en el Presupuesto General de la Nación no abarcan únicamente la discriminación de recursos, que si bien son la parte más grave para los expertos, hacen parte de los motivos por los que esta norma podría ser demandada por inconstitucional ante las cortes.

Este error adicional está relacionado también con el Decreto de Liquidación Presupuestal, y su anexo (parte vital del Presupuesto General de la Nación), los cuales no cumplen con lo que ordena el Estatuto Orgánico de Presupuesto para su emisión, antes de que acabara el año pasado.

Al revisar el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, conocido como decreto de liquidación, se aprecia que este, en su articulado detallado, contiene el anexo que discrimina parte del gasto presupuestal para 2024, mientras que la ley obliga a que estos dos documentos vayan separados.

En este punto vale la pena destacar que, según el artículo 67 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996, “corresponde al Gobierno dictar el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación” y advierte que en la preparación de este decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Dirección General del Presupuesto Nacional, debe cumplir tres requisitos obligatorios.

El primero es que “tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno a la consideración del Congreso” y luego de esto, “insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho” en el legislativo, lo cual no pasó.

Expertos consultados explicaron que esto se hace con el fin de que el Decreto sea una copia exacta de la ley que se expide desde el Senado y la Cámara de Representantes, cosa que no sucedió con la normativa en cuestión, para hacer efectivo un texto que tiene poder en otra rama del poder público. Es decir, para volver decreto una ley nacional.

Por otra parte, volviendo al Decreto 111 de 1996, allí se señala que el decreto de liquidación “se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo (L. 38/89, art. 54; L. 179/94, art. 31)”.

Esto es algo que tampoco sucede en el documento expedido por el Gobierno y que Portafolio tiene en su poder. Si bien desde el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación se viene trabajando en la búsqueda de soluciones; hasta el momento no hay un camino claro que presentar a Casa de Nariño.

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Esta crisis al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro ha llegado a tal punto que derivó en la salida del exdirector del DNP, Jorge Iván González, y del subdirector de inversiones de esta entidad, José Alejandro Herrera, quienes si bien alegaron motivos personales en su momento, fuentes cercanas al caso indicaron que estos alertaron en varias ocasiones las fallas en el Presupuesto.

Así mismo, en cuanto al Ministerio de Hacienda, se pudo determinar que salieron dos técnicos de alto nivel, entre ellos la Coordinadora del Grupo de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Presupuesto, quienes también avisaron de estas inconsistencias.

Fuentes del Gobierno le contaron a Portafolio que las dos ideas que más fuerza tienen hasta el momento para solucionar este problema, apuntan, por un lado, a la expedición de un “decreto de yerros” que corrija la inclusión del anexo dentro del Decreto de Liquidación presupuestal (2295 de 2023), así como los rubros que no están discriminados.

La segunda opción consiste en presentar una adición presupuestal al Congreso de la República, donde se discriminen principalmente los dineros que se pasaron como partidas globales en los montos de inversión de la ANI, el Invías, el Ministerio de Educación (infraestructura educativa) y Ministerio de Hacienda (transporte masivo y férreo).

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Dentro del proceso para la realización y expedición del Presupuesto General de la Nación de este año, al parecer la culpa de los errores no está en el Ministerio de Hacienda.

Portafolio está en la capacidad de demostrar que entre el 7 y el 11 de diciembre del año pasado se envió, mediante comunicación oficial, el borrador del decreto de liquidación que sí cumplía con todas los requerimientos que dictamina la legislación; como que el anexo fuera por separado y se discriminaran las partidas presupuestales de cada entidad y fin.

No obstante, según fuentes del Ministerio de Hacienda y del DNP, durante el Consejo de Ministros que se realizó días después de la radicación de este documento, el Presidente Gustavo Petro habría dado la orden de dejar las partidas globales en las cuatro entidades que finalmente acabaron con los rubros de inversión sin proyectos específicos por adjudicar.

Después de esto se realizaron varios encuentros más, antes del 29 de diciembre, que fue cuando finalmente se expidió el Decreto 2295 con los cambios que se habrían realizado desde el equipo jurídico de la Presidencia de la República.

Esto derivó en la realización de un informe por parte de técnicos de la cartera de Hacienda, que está en poder de este medio, en el cual se advierten las fallas y posibles consecuencias jurídicas en las que esto podría derivar y que no fue tenido en cuenta por Casa de Nariño.

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El documento que hoy en día genera polémica se terminó el 14 de diciembre, antes del cierre de gestión del Ministerio. Allí se tomaron los consolidados con los componentes del Plan Nacional de Desarrollo y las instrucciones que habría dado el jefe de Estado.

Esto demostraría que los errores en el Presupuesto General de la Nación para este año no serían culpa de la cartera que dirige Ricardo Bonilla, ni de Planeación Nacional, de la que salió Jorge Iván González, sino que obedecerían a instrucciones dadas por el Presidente, quien fue informado de las consecuencias que esto podría traer para la ejecución de estos dineros del Estado.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Portafolio