Sin duda, una vez que el país ha transitado por la fase inicial de contingencia de la pandemia, sin que esto signifique dejar de prestar ayuda humanitaria y controlar la propagación del contagio, el ingreso –que proviene del empleo y la productividad– es el foco, y desde distintos ángulos ya se ejerce presión para promover lo que se debe incluir en la segunda emergencia económica que, según dio a conocer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en una sesión virtual del Senado, estaría próxima a decretarse.
A juicio de la mayoría de parlamentarios, tres temas fundamentales tendrán que hacer parte de los decretos con fuerza de ley que podrá expedir el presidente Iván Duque una vez obtenga de nuevo las facultades legislativas: el laboral, el tributario y el educativo.
En la práctica, esas tres líneas están relacionadas, pues si no hay actividad productiva las empresas no tienen cómo pagar a los empleados, ni aportar impuestos, lo que a su vez impide al Estado cumplir la función de aplicar política social para los más vulnerables.
Por el lado de las familias, si no tienen empleo, tampoco cuentan con capacidad para pagar matrículas ni consumir bienes y servicios que ofrecen las distintas ramas del sector productivo. En otras palabras, se trata de una rueda que necesita de todos los radios para andar.
Así las cosas, el tema laboral es clave, toda vez que varios expertos, entre ellos el director de Anif, Mauricio Santamaría, expresan que “no hay país del mundo con los recursos para subsidiar toda su economía por más de 3 meses”.
En la actualidad, en Colombia hay 22 millones de trabajadores, entre formales e informales, que de una u otra manera están afectados por el aislamiento obligatorio durante mes y medio (hasta el 11 de mayo), en espera de lo que sucederá con sus ingresos, ante los fuertes impactos en los procesos productivos que ponen en riesgo el funcionamiento de las empresas.
En consecuencia, el senador Richard Aguilar es partidario de que “con la nueva línea de crédito que acaba de aprobar el Fondo Monetario Internacional a Colombia, con la cual el país puede disponer de más de 40 billones de pesos, se subsidien las nóminas, eligiendo entre diferentes fórmulas planteadas, la mayoría de las cuales busca que aporten el Gobierno, el empleador, el trabajador, las cajas de compensación y las ARL”.
El gremio de micro, pequeñas y medianas empresas (Acopi) lidera la idea de reducir salarios en un 30 por ciento durante 3 meses, exceptuando a los trabajadores con 1 salario mínimo; y Acodres (gremio de restaurantes) aboga por una flexibilización en los contratos, permitiendo al empleador reducir de manera unilateral la jornada en máximo el 50 por ciento.
Prensa Alcaldía de Barranquilla
Varios sindicatos, la Escuela Nacional Sindical y algunos parlamentarios de la oposición al Gobierno reclaman la implementación de un mínimo vital para los trabajadores.
Por el lado tributario, tema que argumentan como el que le puede dar cierta liquidez a las empresas y permitirles así salvar empleos, las propuestas son múltiples.
Desde nuevo aplazamiento en el calendario tributario; que el IVA bimestral que entregan las empresas a la Dian se pase a 12 cuotas mensuales sin intereses; que se postergue por 60 días el pago de las cuotas 1, 2 y 3 del impuesto de renta que aportan los grandes contribuyentes; hasta medidas tributarias específicas para sectores golpeados, como el turístico (paquetes turísticos sin IVA y exoneración de IVA a servicios de alojamiento durante 2 años, entre otras).
En la línea educativa, las solicitudes provienen tanto desde los usuarios de las universidades privadas como de las públicas. Entre las ideas se baraja que el Gobierno Nacional financie parte de las matrículas de estratos 1 y 2 y que el fondo de garantías fortalezca al Icetex para que pueda liberar más créditos.
El Presidente y su equipo, en esta ocasión, tendrán la última palabra.
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