El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dijo recientemente que Colombia está en mora de regular la “extranjerización” de la tierra. Si bien este es un tema que involucra a los diferentes sectores, en el agro se podrían estar potenciando las inversiones, ya que dejar las reglas claras atraería a más empresas extranjeras que se comprometan con la protección de la producción nacional.
Según le dijo la cartera de Agricultura a Portafolio, Colombia tiene una concentración de la tierra que es evidente.
“El 5,4 % de los propietarios en Colombia tienen predios de más de 100 hectáreas, mientras que el 56,7 % poseen predios hasta tres hectáreas”, recordó.
Asimismo, el renglón del agro determinó que los departamentos de Córdoba, Caldas, Casanare, Sucre y Santander albergan el 10% de propietarios que más áreas poseen, con el 40% del área departamental.
Incluso, la ministra de este ramo, Jhenifer Mojica, explicó un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes, uno de los casos más relevantes frente a esta materia, que es el presentado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, que afecta a indígenas Sikuani, y que involucra a la comunidad menonita, iglesia cristiana, que tiene un proyecto agroindustrial en la región.
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Ahora bien, frente a ese marco regulatorio que podría fortalecer el país, Andrés Valencia, exministro de Agricultura, le manifestó a Portafolio que Colombia es vulnerable al acaparamiento de tierras, ya sea de grupos al margen de la ley y de otros actores legales como extranjeros.
Sin embargo, explicó que es cierto que en el país la inversión extranjera en el sector agro es muy baja, por lo que un cambio regulatorio que limite el acceso a ese tipo de inversiones o lo restrinja totalmente se volvería un obstáculo adicional para que el país pueda convertirse en una potencial mundial agroalimentaria.
“El Gobierno tiene que ir con mucho cuidado en este tema, buscar una reglamentación que no prohíba el acceso a los extranjeros a la propiedad de la tierra, que regule la posibilidad de que quienes quieran invertir puedan asociarse con campesinos sujetos de reforma agraria y puedan explotar los baldíos que les adjudique el Gobierno”, analizó.
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Por este motivo, el exministro Andrés Valencia agregó que esto se puede realizar por intermedio de un proyecto agroindustrial que involucre la generación de empleos, las exportaciones, la reducción de la pobreza en la zona de influencia y la proyección del medio ambiente.
De hecho, la ministra Mojica detalló que estos marcos regulatorios no afectan la inversión extranjera, teniendo en cuenta que una vez estén las “cosas claras” se fomentaría la entrada de empresas foráneas, sin poner en riesgo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria de Colombia.
En la misma línea, Enrique Herrera, experto en tierras y en desarrollo rural, le dijo a este diario que Colombia tiene unas tareas puntuales frente a la atracción de grandes inversiones, pero que estas vengan acompañadas de grandes paquetes tecnológicos en extensas áreas.
“Por ejemplo, La Fazenda tiene 40.000 hectáreas de las cuales solamente 10% es propia y 32.000 hectáreas de los Menonitas en suelos pobres, que requieren uso intensivo de maquinaria de última tecnología, con paquetes de mejoramiento de semillas, regadíos y además en productos donde no somos competitivos”, explicó.
Adicionalmente, el experto explicó que esta empresa y el grupo religioso vienen sembrando maíz y soja, que toca importarla porque sale más barata.
“Hay muchas ventajas en atraer inversión para Colombia que es un país que tiene un riesgo importante, donde no es fácil por todo lo que está pasando, por el tema del clima de negocios, las reformas políticas e inseguridad; no es fácil que vengan. Y lo que hay que hacer es atraerlos”, opinó.
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En cuatro años se esperan entregar 10 millones de hectáreas a comunidades necesitadas.
Unidad de Restitución de Tierras
Agregó que estas comunidades están trayendo inversión, conocimiento, tecnología y están haciendo inversiones en suelos muy pobres que requieren de una inversión muy importante por hectárea y en cultivos en los que el país no es competitivo.
Si bien, actualmente en el país se prohíbe el acaparamiento de tierras, Herrera detalló que en el caso de que extranjeros busquen quedarse con esas tierras y se dé el caso de que sus producciones no están fortaleciendo la economía nacional, el Gobierno debe tener unas políticas fiscales a través de impuestos a exportaciones de determinados productos en zonas específicas del país.
“Eso ya van a ser suposiciones posteriores. No le podemos decir a los extranjeros que vengan y después miremos a ver qué pasa. Es importante establecer cómo se comporta todo para tomar decisiones”, señaló el experto.
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De acuerdo con lo dicho por el exministro Valencia, este tipo de inversión extranjera y dejar las “cartas puestas sobre la mesa” podría atraer otro elementos como la productividad, no permitir explotaciones ganaderas y que se establezcan mecanismos en donde el Estado o el propietario pueda arrendar la tierra a los extranjeros, bajo el cumplimiento de las condiciones impuestas.
“Hay que aprovechar y lograr el justo equilibrio entre el aprovechamiento de recursos (la tierra), las garantías a los campesinos, el aumento de la productividad y la adopción de nuevas tecnologías”, concluyó Valencia.
Si bien el Ministerio de Agricultura hoy ve una deuda frente a limitar la propiedad de la tierra por parte de extranjeros, el exministro del ramo, Andrés Valencia, dijo que no es la primera vez que se habla en Colombia.
“En el 2012 presentaron dos proyectos de ley y un acto legislativo (modificación de la constitución). Todos ellos terminaron archivados por distintas razones”, explicó.
Además, agregó que el Gobierno puede ver en la «extranjerización» de la tierra una amenaza para la reforma agraria. “Puede ser un temor infundado, pues el solo acuerdo con ganaderos estaría poniendo a disposición de los campesinos 3 millones de hectáreas”, dijo.
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DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Periodista Portafolio
