Redacción BL
El Consejo Superior de Política Criminal dejó consignada la aprobación de un proyecto de acto legislativo aún no radicado en el Congreso, mediante el cual se busca quitarle a la Procuraduría General de la Nación la posibilidad de sacar de su cargo a funcionarios elegidos por voto popular.
En el concepto del aval, conocido por EL TIEMPO, se consigna la luz verde de este proyecto, el cual ha sido uno de los motivos que ha generado más rencillas entre el Gobierno y el Ministerio Público, pues el Ejecutivo ha sido insistente en su postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual establece que los derechos políticos de funcionarios elegido por sufragio solo pueden ser limitaos mediante una condena penal.
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Dicho fallo se dio en un caso cuando Gustavo Petro, actual presidente de la República, fue destituido de la Alcaldía Mayor de Bogotá por parte de la Procuraduría, encabezada en ese entonces por Alejandro Ordóñez.
Para dar cumplimiento a este fallo de la CIDH, el país aprobó una reforma al Ministerio Público, con la cual el hoy jefe de Estado no ha estado de acuerdo. La reforma ya fue pasada a revisión hacia la Corte Constitucional, la cual determinó que la entidad, encabezada actualmente por Margarita Cabello, sigue teniendo facultades para sancionar, bajo la condición de que las hechas a funcionarios electos por voto popular, deben ser revisadas por el Consejo de Estado antes de que entren en vigor.
EL TIEMPO confirmó que el concepto, de 15 páginas, fue revisado por los miembros el 10 de agosto del 2023. Más adelante, se realizó una votación en la cual hubo cinco votos en contra de avalar el proyecto, entre los que se cuentan el de la Fiscalía, la Procuraduría y a de Defensoría del Pueblo.
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No obstante, del otro lado hubo nueve votos a favor, la mayoría de entidades gubernamentales y solo se presentó una abstención.
Gustavo Petro
EFE
El proyecto consta de nueve artículos, de los cuales, seis son reformas a artículos de la Constitución, dos son artículos transitorios y el restante es sobre la vigencia.
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«Su objetivo es ajustar las competencias constitucionales de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República a fin de ‘proteger la democracia representativa, cumplir las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos políticos y fortalecer la Rama Judicial del poder público«, se reseña en el concepto.
Adicionalmente, se dice que el proyecto busca «precisar las competencias de prevención y de promoción de los derechos fundamentales de la Procuraduría, así como redefinir el marco constitucional de su función de intervención judicial para, entre otras, armonizarla con el sistema penal oral acusatorio y racionalizar los recursos públicos«.
Los artículos de la Carta Magna que se buscan modificar son los 117, 118, 268, 277, y 278. Así mismo se derogaría el parágrafo primero del artículo 250.
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En grandes rasgos, el primer eje de este proyecto de reforma precisa la naturaleza constitucional de la Procuraduría y la Contraloría como órganos administrativos.
El segundo consiste en «la eliminación de la facultad de qué autoridades como la PGN y CGR, que son autoridades administrativas y no judiciales, impongan medidas, tales como suspensión, inhabilidad o destitución a servidores públicos de elección popular, por comportar una transgresión a los derechos políticos de los ciudadanos, reconocidos ampliamente en instrumentos nacionales e internacionales«.
Por último, el tercer eje consta en el rediseño de las funciones de la Procuraduría, para así enfocarla en competencias preventivas y de promoción de los derechos fundamentales.
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El presidente Petro solicitó ha pedido que se cumpla el fallo de la CIDH sobre su caso, y en la propuesta de acto legislativo se dice que la misma se sustenta en seis ejes, siendo uno de estos, «dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en el caso Petro Urrego Vs Colombia«.
De igual manera, se menciona que esto es para armonizar la normativa interna con el derecho internacional mediante el acatamiento de las obligaciones adquiridas por el Estado, armonizar de manera debida las instituciones de derecho interno con las previsiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otras razones.
Margarita Cabello, procuradora general de la nación.
Archivo EL TIEMPO
Los cambios que tendría la Procuraduría
El artículo primero busca modificar el artículo 117 de la Constitución, que trata sobre la naturaleza jurídica de la Procuraduría y la Contraloría para precisar que estas «no podrán ejercer funciones jurisdiccionales, ni tampoco limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular«.
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Seguido, el artículo segundo del proyecto busca reformar el artículo 118 de la Constitución sobre la integración de la Procuraduría y cuáles son sus competencias. Aquí se propone eliminar la expresión que lo faculta para ejercer sus funciones ante las autoridades jurisdiccionales.
El artículo cuarto de la propuesta propone reformar el artículo 277 de la Constitución, la cual menciona las funciones del Procurador General. En este apartado se harían cuatro ajustes: en primer lugar, se busca una adición al numeral dos, para así incluir entre las funciones del Procurador relativas a la protección de los derechos humanos las de “promover su observancia” y “formular recomendaciones para su protección”.
En segundo lugar, se busca una adición al numeral cinco, esto con el propósito de agregar una competencia encargada del procurador consistente en «adoptar las medidas preventivas que estime convenientes, de conformidad con la ley«.
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De terceras, se pretende precisar la función del procurador o sus delegados de ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desarrollen funciones públicas y se consagra que, bajo ninguna razón, dichos funcionarios «podrán sancionar a los servidores públicos de elección popular con suspensión, destitución o inhabilidad«.
El cuarto ajuste que se busca hacer es adicionar dos expresiones al numeral 7 del artículo 277 de la Constitución, el cual habla acerca de las funciones de intervención del Ministerio Público en los procesos de índole judicial y administrativo. El primer cambio dice que la función de intervenir del órgano será «excepcional y en los términos que defina la ley«, mientras que en el segundo se consagra que «función no podrá ejercerse en el marco del sistema penal oral acusatorio«.
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PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – JUSTICIA
