El jueves pasado, en la Comisión Primera del Senado de la República, tuvo lugar una conversación entre economistas y políticos para analizar los dilemas asociados al COVID-19. La voz de los expertos es indispensable para ilustrar los pros y contras de las opciones, o los costos y beneficios, para ponerlo en el lenguaje de los economistas.
Pero es una voz insuficiente. El grado de incertidumbre es tan grande que ningún modelo resulta concluyente. Además, las decisiones a tomar son de naturaleza política pues tienen dimensiones éticas y distributivas –hay ganadores y perdedores— que solo pueden ser dirimidas por quienes gozan de alguna representatividad.
Pero esto es muy distinto a afirmar que la ideología, de derecha o izquierda, juega papel alguno. Más que ideología, se deben hacer explícitos los supuestos de los modelos y los criterios a la hora de tomar decisiones.
El pasado 20 de abril, el presidente Duque anunció el comienzo del proceso de flexibilización del aislamiento obligatorio. A partir de ese momento, el debate público ha girado en torno a los sectores prioritarios y a la velocidad con la que se deben tomar las medidas de reapertura. Hoy en día, como mínimo, el 30 por ciento de la población ya no está confinada, bien sea porque fue autorizada o porque ha salido por su propia necesidad.
Los modelos epidemiológicos sugieren que flexibilizar el aislamiento implica un mayor número de casos de COVID-19, y, potencialmente, un mayor número de fallecimientos. Este es un problema real y serio. Pero no es menos cierto que la flexibilización le da un respiro a la economía en momentos en los que se producen despidos de trabajadores, quiebra de empresas y disminución de los ingresos de la población.
Como mínimo, hoy el 30 por ciento de la población ya no está confinada, bien sea porque fue autorizada o porque ha salido por su propia necesidad.
¿Más personas contagiadas con el virus o más desempleo? Esta es la pregunta que se hacen hoy todos los gobiernos del mundo.
Aquí es donde entra en escena la economía. Esta semana, cuatro profesores de MIT –Acemoglu, Chernozhukov, Werning, y Whinston– mostraron que no todas las formas de aislamiento son igualmente efectivas, y que es posible reducir las tensiones entre salud y economía, o entre vida y medios de vida. Puesto de otra manera, ilustraron por medio de un modelo que una adecuada estrategia de flexibilización puede reducir al mismo tiempo las pérdidas económicas y el número de muertes asociadas a la pandemia. Es lo que todos queremos oír en estos momentos.
Según el Imperial College de Londres, la probabilidad de que una persona contagiada menor de 65 años muera víctima del COVID-19 no pasa de 0.6 por ciento, mientras que para los mayores de 65 la probabilidad es superior a 2.2 por ciento. En este sentido, cuando el objetivo es disminuir el número de fallecimientos, se logra mucho más al aislar a los mayores de 65, con un costo menor en términos de empleo e ingresos.
El problema es que un porcentaje muy alto de la población mayor a 65 años vive con personas más jóvenes. En Colombia, más del 55 por ciento de los hogares tienen adultos mayores.
Teniendo esto en cuenta, y utilizando el modelo de Acemoglu et al., es posible simular tres escenarios que ilustran lo que podría ocurrir en el país a partir del 26 de mayo. En todos ellos se aplica un aislamiento generalizado para las personas mayores a 65 años.
Supuestos
En el escenario base se mantiene la cuarentena en términos similares a los actuales (30 por ciento de la población menor de 65 años sale a trabajar). En el escenario 2 se aumenta la flexibilización al 70 por ciento de la población menor a 65 años. En el escenario 3 se permite la libertad de movimiento de todos los menores de 65 años. Las simulaciones suponen que todas las medidas de aislamiento se levantan 100 días después porque son insostenibles. Este es un supuesto clave. La razón es que después de esa fecha, sin confinamiento, se acelera la propagación del virus entre las personas que sean susceptibles en ese momento.
Los resultados indican que una mayor flexibilización es preferible a mantener el aislamiento como está hoy en día. Pero tampoco es deseable una apertura total.
Si, a partir de mayo 26, sale a trabajar el 70 por ciento de la población se disminuirían en más de 60 por ciento tanto los costos económicos como el número de fallecimientos, frente a lo que ocurriría si se mantiene mayor nivel de aislamiento. El que haya menos fallecimientos cuando sale a trabajar el 70% de la población –y no solo el 30%– suena contraintuitivo, pero tiene una explicación lógica. Si salen más personas se acelera la llamada inmunidad de grupo y esta es liderada por la población con menor vulnerabilidad. El día 100, cuando se hacen insostenibles las medidas de aislamiento, es mejor que un grupo más grande de la población haya adquirido la inmunidad. De lo contrario, se producirían más muertes.
Pero esto no implica que la apertura plena sea recomendable. Una mayor flexibilización parcial —digamos al 70 por ciento de la población— permite duplicar el tiempo en llegar al pico de la pandemia y reducir el número máximo de casos en un 33 por ciento, lo cual es fundamental para no sobrepasar la capacidad hospitalaria. Además, la flexibilización parcial reduce el número de fallecimientos un 10 por ciento frente a la flexibilización plena.
Sin embargo, la estrategia de flexibilización parcial tiene un costo: aumenta en 33 por ciento las pérdidas económicas frente a lo que supondría la apertura total de la economía. Es decir, hay una disyuntiva, y es por eso es que la decisión no la pueden tomar solo los expertos. Otros sectores de la sociedad deben opinar. Nadie se debería aquedar callado.
En nuestra opinión, la flexibilización gradual es el camino más prudente. Los costos en salud y economía son menores frente a mantener las cosas como están, y al mismo tiempo es una estrategia menos arriesgada que abrir por completo la economía.
Mauricio Cárdenas
Humberto Martínez
Especial para EL TIEMPO
