Redacción BL 0
En ese tono respondió a los reclamos de la ONU, que le pidió al gobierno de Calderón que "acelere" perquisas sobre asesinatos a indocumentados, presuntamente con complicidad estatal
"El principio de responsabilidad compartida debe aplicarse no sólo entre gobiernos sino también entre éstos y las organizaciones internacionales", dijo en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.
El texto responde al pedido realizado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, que le solicitó al gobierno de José María Calderón que acelere las pesquisas sobre el secuestro de unos cuarenta inmigrantes latinoamericanos ocurrido en diciembre y -especialmente- que determine si hubo complicidad de funcionarios públicos en el hecho.
El gobierno aseguró que gasta "cuantiosos recursos" en garantizar la seguridad de la cada vez más populosa migración que atraviesa el territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos. También anunció que prepara "una nueva ley migratoria que garantice los derechos humanos".
La vulnerabilidad de los indocumentados se puso de manifiesto en varios casos dramáticos, incluidos secuestros y asesinatos masivos llevado a cabo por bandas de narcotraficantes.
Estas se dedican también al secuestro y la trata de blancas, método con el se aprovechan de las frágiles condiciones legales de las víctimas. Cuando no pueden sacar provecho de ellas, cruelmente las exterminan. El crimen de los 72 inmigrantes de Centro y Suramérica, atribuido al cártel Los Zetas en el noreste de México, es el ejemplo más doloroso.
La secretaría aseguró en el comunicado emitido este viernes que tiene en curso una investigación, pero que "no puede prejuzgarse su resultado".
