Redacción BL
Uno de los puntos más demandados por los colombianos al Gobierno durante décadas ha sido la seguridad, esto debido a numerosas situaciones en las que se han visto involucrados diferentes actores, como grupos armados al margen de la ley, carteles de narcotráfico, bandas criminales e, incluso, milicia del Estado colombiano.
El gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha manifestado en numerosas ocasiones que la seguridad en las regiones más desconectadas del país es una prioridad, más aún por la preocupación que se ha generado en la opinión publica por la lenta implementación de los acuerdos de paz del 2016 con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP).
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Según un estudio hecho por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, de los 578 compromisos asumidos de los acuerdos, aproximadamente la mitad se habían implementado a un nivel mínimo para noviembre de 2022 o no se habían tocado en absoluto.
A esto se le suma lo que se vive actualmente con otros actores como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) , el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo, lo que ha hecho que el Gobierno haya impulsado como una de sus prioridades la política de la ‘paz total’.
ELN
Pese a esfuerzos y hechos concretos, como las negociaciones de paz que se están realizando con el ELN y con el Estado Mayor Central, disidencia de las Farc; la situación de seguridad nacional desde que Petro asumió la jefatura de Estado no ha dejado de preocupar.
Según cifras del Ministerio de Defensa, los secuestros en Colombia han aumentado en un 80 % desde que el líder de izquierda llegó a la Casa de Nariño. Así mismo, las extorsiones incrementaron un 27 % y la tasa de homicidios tuvo un leve descenso del 3 %.
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El punto de los secuestros ha sido el que más atención ha llamado recientemente, a razón del hecho particular del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool de Inglaterra, Luis Díaz.
Este hecho puntual, atribuido al ELN, puso en duda la continuidad de las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla, además de ser una prueba de la falta de equilibrio entre las negociaciones de paz y las tácticas de seguridad del actual Gobierno, según expertos.
Luis Manuel Díaz tras su liberación por parte del ELN
«La erosión de las capacidades operativas y de inteligencia de las fuerzas de seguridad ha resultado en un fortalecimiento del control de los grupos armados en las zonas rurales y una expansión del tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión y el secuestro«, explicó Oliver Wack, gerente general de Control de Riesgos para la región andina, en declaraciones para ‘Financial Times’.
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Esto fue explicado por el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien defendió la política de la ‘paz total’ y responsabilizó a «tendencias criminales» a ayudar a fortalecer a los grupos armados en el país.
«Han surgido nuevos mercados de cocaína, los mercados de marihuana se han recuperado y, por si fuera poco, está el mercado de las drogas sintéticas. Eso significa el surgimiento de nuevas organizaciones criminales transnacionales«, dijo el congresista al mismo medio.
Gobierno y ELN
Esto también se ha visto reflejado en las confrontaciones entre grupos armados. Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley han venido en aumento a la vez que caen los enfrentamientos entre grupos ilegales y fuerzas del Estado.
A pesar de que el Gobierno ha instado en su intención de pacificar el país, estudios demuestran que la población colombiana cada vez confía menos en la política de seguridad y negociación del entramado gubernamental.
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Según cifras de una encuesta realizada por Datexco, solo el 37 % de los colombianos encuestados opinó que las negociaciones con el ELN deberían seguir, mientras que el 53 % aseguró estar en contra de estas mesas de diálogo.
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