Redacción BL
De la mano con la propuesta de reforma laboral que se espera llegue en las próximas semanas al Congreso, el Gobierno de Gustavo Petro sentó algunas de las bases de lo que será su política de empleo en el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro del proyecto de ley, el artículo 59 propone la construcción y adaptación, en cabeza del Ministerio de Trabajo, de una Política Pública de Trabajo Digno y Decente.
De acuerdo con el articulado, dicha política tendría un enfoque diferencial, y sus dimensiones incluirán “la promoción de empleo e ingresos dignos, la extensión de la protección social, la garantía de los derechos fundamentales del trabajo, y el ejercicio del diálogo social y tripartismo. Además, incorporará planes, programas y proyectos específicos para las personas trabajadoras de las zonas rurales”, según el texto del proyecto del Plan de Desarrollo.
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El documento del Plan Nacional de Desarrollo reitera también que para fortalecer este proceso se tramitará la reforma laboral, y que con esta política pública se espera mejorar el mercado laboral.
La propuesta del Gobierno para dicha estrategia se compone de cinco pilares: generación y protección de empleo e ingresos; protección social y seguridad social extendida con cobertura adecuada e integral; garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores desde la promoción y eficacia del derecho de libertad sindical; diálogo social, fomentando el tripartismo como un instrumento de política pública; y coordinación nacional y territorial con atención diferencial a los ciudadanos en los territorios y sectores productivos.
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Todos estos pilares tendrán, además, un enfoque diferencial y de género.
Así mismo, en el artículo 65 del proyecto de ley se plantea un plan de formalización del empleo público. Con este se busca contribuir a que “los órganos, organismos y entidades de la Administración Pública provean todos los cargos de las plantas de personal, la creación de nuevas formas de desvinculación con el Estado y se haga un uso racional de la contratación por prestación de servicios”.
El proyecto establece que el Departamento Administrativo de la Función Pública propondrá los ajustes normativos necesarios para viabilizar la transformación institucional del Estado, y que “todos los cargos de las plantas de personal, la creación de nuevas formas de vinculación y la contratación por prestación de servicios, estarán sujeta a las disponibilidades presupuestales de cada vigencia fiscal, al Marco Fiscal de Mediano Plazo y al Marco de Gasto de Mediano Plazo”.
Para Adrián Garlati, director de la carrera de Economía de la Universidad Javeriana, esa estrategia “va en línea con lo que en su momento prometieron en campaña, de utilizar el Estado como empleador de última instancia”.
El experto recordó que el mercado laboral funciona por medio de personas que están empleadas en algún lugar, y tienen del otro lado personas dispuestas a pagar por esos servicios. “Lo que sucede es que, a ojo de quien hace política publica, lo que se recibe por ese trabajo es muy poco, ahí es donde el Estado intenta intervenir con temas como el salario mínimo o con medidas de protección social”.
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Según Garlati, sin embargo, existen varios riesgos al tratar de impulsar políticas públicas en las que el Estado es quien emplea de forma directa a los trabajadores.
“La contratación en el sector es compleja porque aumentar las plantas es muy complicado y burocrático, hay que pedir autorizaciones administrativas, y por eso también se termina vinculando personal con un contrato de prestación de servicios, porque precisamente es muy complejo contratar a tiempo completo a las personas, y además, hay temas que se logran satisfacer con este tipo de contratos”, aseguró.
Según el experto, esto genera una distorsión entre quienes trabajan con el Estado de forma directa y quienes lo hacen por medio de esa modalidad. “El Gobierno está tratando de arreglar esto, pero tal vez los mecanismos que están proponiendo no son los mejores”, aseguró.
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Garlati también cuestionó que si bien con una política de este corte es posible que el Estado amplíe sus plantas, a futuro rara vez las reduce, por la resistencia sindical. Además, mencionó que cuando el Estado tiene problemas de déficit, este se vuelve un gasto casi que inflexible además.
“Son ideas que suenan muy bien, pero tienen problemas muy grandes a la hora de ejecutarlas”, indicó el experto.
Más iniciativas laborales
Otra disposición en materia de empleo contenida en el proyecto de ley está en los artículos 60 y 61, que buscan mejorar las condiciones en materia de empleo para la población en condición de discapacidad, con una hoja de ruta que fomente su empleabilidad y con la creación de un plan nacional de accesibilidad de personas con discapacidad.
También se propone, en el artículo 63, dar continuidad al incentivo a la generación de nuevo empleo definido en el artículo 24 de la Ley 2155 de 2021, que podrá extenderse hasta agosto de 2026 según la pertinencia que muestren sus resultados técnicos.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista Portafolio
