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¿por qué Cali fue el epicentro del estallido social?

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Paro Nacional del 28 de abril en Cali

El 1 de mayo de 2021, Día del Trabajo, y pese a la pandemia del coronavirus, miles de caleños se congregaron en la Calle Quinta, a la altura de la Loma de la Cruz, para protestar pacíficamente contra la Reforma Tributaria que proponía el Gobierno, reivindicar los derechos de los trabajadores y reclamar mejores oportunidades, en un país donde, según el Dane, 21 millones de personas son pobres; subsisten con $331.688 mensuales (87 dólares).

Fue tanta la gente que acudió, que en las tomas aéreas no es posible distinguir el asfalto de la Calle Quinta. El ambiente, pese a que se trataba de una jornada de protesta, era festivo. La orquesta Cuerda y Son interpretaba ‘Buenaventura y Caney’, y, en la calle, los manifestantes bailaban.

Casi todos eran jóvenes, y esa es una de las primeras respuestas al porqué Cali hoy es llamada ‘epicentro de las protestas sociales en Colombia’.

—Demográficamente, Cali es una ciudad joven. Y aunque casi toda la sociedad muestra descontento por la situación del país, la población joven es la que está viendo mayor desesperanza. Los jóvenes están endeudados con el Icetex para acceder a la educación superior, pero no tienen certeza si van a conseguir trabajo. Y las condiciones laborales son cada vez más difíciles. Si hace 15 años era necesario ser bachiller y tener una carrera para acceder a un empleo, ahora se exige maestría, hablar varios idiomas, invertir un montón de dinero en una educación cada vez más costosa, a cambio de un salario de enganche al mercado laboral de apenas dos salarios mínimos. Y ese mercado laboral tampoco tiene la capacidad de absorber a todos los jóvenes—, dice Lina Martínez, la directora de Polis, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Icesi.

La psicóloga Mara Tamayo, quien trabaja con muchachos tanto de las universidades más prestigiosas como de los sectores populares, asegura que ese sentimiento de desesperanza es generalizado en los jóvenes, no importa los estratos.

Dos de sus pacientes viven en Francia y España, respectivamente. Tuvieron la posibilidad de irse del país, pero en estos días de protestas ciudadanas le han dicho que se sienten “energúmenos”: se fueron de Cali y de Colombia porque no les quedó otra opción. No encontraron oportunidades.

— Toda esa desesperanza, esa ansiedad de no lograr los objetivos, la depresión de ver que por más de que se esfuercen no cumplen sus sueños y tienen que dedicarse a otro campo distinto al que estudiaron porque no encuentran más, todo ese resentimiento, se acumula. Y en momentos como este, de paro y protestas, explota. Le dan rienda suelta a la rabia—, dice Mara.

Según la encuesta ‘¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia?’, un proyecto de la Universidad del Rosario que nació a raíz de las movilizaciones de noviembre de 2019, lideradas en gran parte por los jóvenes, la tercera emoción que predomina en ellos, después de la alegría y el miedo, es la ira.

Gustavo Andrés Gutiérrez es un escritor que se ha dedicado a desactivar la rabia de los muchachos en el oriente de Cali a través de la literatura.

Creó una biblioteca ambulante – Biblioghetto – con la que, entre otras iniciativas, les enseña a leer y a escribir a los niños y jóvenes del barrio Petecuy que no han accedido a la educación.

Gustavo está de acuerdo en que Cali es una ciudad de grandes movilizaciones sociales por la desesperanza de esos muchachos.

— En los sectores populares los jóvenes han estado olvidados. No han gobernado para ellos. En las alcaldías no son prioridad, no hacen parte del eje transversal. Destinan programas mínimos, de corto plazo y de bajo presupuesto, para quienes están inmiscuidos en la violencia urbana. ¿Y a los que no están vinculados a esa guerra qué les han ofrecido? Por eso están en las calles —.

El descontento, entonces, no es solo con el Gobierno Nacional. Entre los jóvenes de Cali, como en gran parte de la sociedad caleña, hay indignación con el despilfarro y los señalamientos de corrupción de la actual alcaldía de Jorge Iván Ospina, quien aún no ha rendido cuentas de lo sucedido con los $22.000 millones que gastó tanto en la Feria Virtual de 2020, como en un alumbrado navideño que la ciudad le pidió a gritos que no hiciera.

En febrero de 2021, la desaprobación de Ospina fue del 60% en la encuesta Gallup Poll.

— La respuesta que han dado los gobiernos locales frente a la pandemia ha sido de miseria. Repartieron mercados pírricos. En cambio, los entes de control y la prensa revelaron presuntos hechos de corrupción. $11.000 millones que costó la Feria Virtual no es mucha plata en el erario, pero sí es un montón de dinero en medio de tantas necesidades que viven los ciudadanos por la pandemia. Hay una indignación en la gente, que ve cómo se gastan esas millonadas en eventos innecesarios. La forma en que el Alcalde ha respondido a la pandemia ha sido solo con garrote, con gastos que claramente no son austeros y que no se direccionan a quienes más lo necesitan, y eso también explica la movilización masiva. Yo no recuerdo unas protestas sociales de este calibre—,dice Lina Martínez, la directora de Polis.

Cali es una ciudad mayoritariamente joven, lo que según los expertos es la primera razón por la cual las protestas han sido mayores aquí.

Foto: Álvaro Pío Fernández – El País

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El enorme costo de la desigualdad

Según las estadísticas del Dane, el 49,2 % de los colombianos económicamente activos viven en la informalidad; la mitad del país.

Cali no es ajena a esa realidad. Es una ciudad de servicios, de gente que vive de lo que pueda hacer en el día. Los toques de queda y la cuarentenas para prevenir los contagios del virus que causa el covid han generado que cada vez sean más los ciudadanos con menos ingresos.

Diego Arias, analista y Defensor de Derechos Humanos, aclara que todavía no es posible terminar de entender lo que está ocurriendo mientras la ciudad continúa con bloqueos y marchas de manifestantes, así como con saqueos de almacenes, vandalismo a entidades públicas, extorsiones a quienes intentan pasar de una calle a otra.

La delincuencia, los grupos dedicados al microtráfico de drogas, así como milicias de la guerrilla y grupos de extrema derecha, han aprovechado la movilización, pescar en río revuelto, para generar más violencia, beneficiarse económicamente y profundizar el caos y las condiciones de ingobernabilidad.

Sin embargo, considera Diego, en Cali ha ocurrido la “tormenta perfecta”, un coctel de múltiples factores que han hecho que la sociedad se haya volcado a la calle.

En su opinión en esa ecuación el factor más importante es esa enorme brecha de desigualdad que históricamente ha existido en Cali, “una fragmentación socio – espacial agravada por la migración venezolana y que coloca a los jóvenes en un lugar de profundo enojo”.

La profesora Silvia Otero Bahamón, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, y quien ha investigado la desigualdad en Colombia, agrega que esa desigualdad de Cali justifica, en parte, las movilizaciones masivas en la ciudad, pero no las explica del todo.

Hay otras ciudades donde la desigualdad se ha ampliado en enormes proporciones, como Cartagena, donde la pandemia destruyó el turismo y el empleo.

En otras palabras, Cali, también golpeada por la pandemia, no es la única ciudad que padece la desigualdad.

La diferencia para entender los estallidos de la protesta tiene que ver con las organizaciones sociales, comenta la profesora Silvia. En la ciudad los sindicatos, los gremios, las centrales obreras, los colectivos de estudiantes, tienen mayor capacidad de organización.

Cali recibe además la influencia de Cauca, Nariño, el Pacífico, el sur occidente de Colombia, cuya capacidad organizativa es superior a la del resto del país gracias a los procesos comunitarios de las mingas indígenas.

También, recuerda el analista Diego Arias, la ciudad tiene una herencia de rebeldía política que se remonta a los años 70, en sectores como Siloé y el Distrito de Aguablanca, donde aún habitan abuelos que libraron luchas sociales por los sectores populares.

Por otro lado la tecnología juega un papel fundamental para entender la magnitud de las movilizaciones.

Cada persona tiene un celular en su bolsillo. La población está informada, y eso la hace consiente de las implicaciones en su vida cotidiana de las reformas que proponen los gobiernos.

También las protestas son más fáciles de convocar a través de las redes sociales, e igualmente eso hace más difícil que se detengan.

Los manifestantes no se sienten representados ni por el gobierno, ni por los partidos políticos, tampoco por el comité del paro.

En Cali, de hecho, no existe un comité del paro como tal. En cada punto de movilización hay distintas organizaciones, cada una con intereses y reclamos distintos: indígenas, estudiantes, artistas, excombatientes, centrales obreras, camioneros. Llegar a un acuerdo con todos no será sencillo.

Hotel La Luna, en Cali

Moradores del sector de La Luna, estuvieron sitiados en su barrios tras los choque entre la fuerza pública, manifestantes y quienes realizaban actos vandálicos. Bombas molotov, disparos y gases lacrimógenos perturbaron su tranquilidad.

AFP

— Y hay otros dos elementos que se deben tener en cuenta para explicar por qué Cali es una ciudad intermedia donde se han concentrado grandes movilizaciones. Cali, como el Cauca, Nariño y el Pacífico, se ha venido mostrando como un centro de votación contrario al Centro Democrático, el partido que está en el poder.  Eso hace que el nivel de descontento con el gobierno sea superior, lo que permite entender un poco más por qué estalla la ciudad—, dice la profesora Silvia Otero Bahamón.

— El otro asunto es que la desigualdad en Cali es geográficamente muy visible. Geográficamente se hacen evidentes las diferencias en la calidad de vida, y es una diferencia muy cercana: el oeste – Terrón Colorado; Cristales – Siloé; Univalle – Ciudad Jardín; lo que promueve un ambiente de molestia y descontento social, emociones que llevan a la gente a participar en estos eventos de protesta —, agrega la profesora Bahamón.

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¿Y las soluciones?

Uno de los muchachos que permanece en una de las barricadas (pide no mencionar su nombre ni ubicación por la situación tensa de la ciudad) me habla de la “globalización” para entender lo que está ocurriendo.

El modelo para protestar lo aprendieron del estallido social de Chile. De ahí viene esa nueva terminología: ‘primera línea’, ‘segunda línea’, ‘tercera línea’.

La ‘primera línea’ la integran muchachos de espíritu rebelde: jóvenes de las barras bravas de los equipos de fútbol de la ciudad, Barón Rojo Sur y Frente Radical; o pelados de las barriadas que dicen no tener nada qué perder y se ponen al frente.

Pero insiste en que se debe hacer la claridad: las movilizaciones, las protestas, no se deben criminalizar.

Es lo que siente que estamos haciendo los medios y líderes de opinión: concentrarnos en el vandalismo y la violencia desatada por los grupos delincuenciales, las milicias de la guerrilla y también grupos de extrema derecha, y dejamos de lado la voz de quienes se están manifestando en la calle.

— Eso también indigna

Al muchacho le recuerdo que dejar a una ciudad sin alimentos, sin medicamentos, sin combustibles debido a los bloqueos, es una violencia tan brutal como la que dicen combatir.

Se peleaba por una reforma tributaria que gravaba la canasta familiar desconociendo que la pandemia del coronavirus hizo que miles de familias pasaran de comer tres veces al día a dos, o incluso una, y hoy estamos pagando $7.000 por un plátano, $600 por un huevo, $9.000 por cuatro tomates.

Responde que eso cierto, pero que la sensación que vive Cali de estar sin cómo mercar, o permanecer ‘secuestrada’, es lo que por años han vivido los pelados de las comunas con mayores índices de violencia, donde por las fronteras invisibles los matan si pasan de una calle a otra, y “Cali ha estado de espaldas a esa realidad”.

El muchacho asegura también que en los puntos donde hay movilizaciones rechazan el vandalismo que mancha su protesta, pero es un fenómeno que se ha desatado en Cali a niveles jamás pensados, como saquear las gasolineras, por varias razones.

Cali es una ciudad que no cuenta con suficientes policías, ahora dispersos en tantos puntos que requieren su presencia; luego, las bandas dedicadas al hurto se dedicaron a saquear almacenes de ropa, supermercados, lo que encuentren.

También Cali es una ciudad de gente que no la tiene fácil: que come en ollas comunitarias (hay muchachos que aseguran que han comido mejor en las barricadas que en su casa). Luego, muchos  aprovechan el ambiente de anarquía por el paro para saquear.

Y tampoco falta el que lo hace solo para vivir el momento y se une a la masa que irrumpe en los establecimientos.

— Pero ustedes los periodistas deben saber distinguir entre quien protesta y quien vandaliza. No lo mezclen —, reclama.

Filas por gasolina en Cali

Las filas de vehículos para abastecerse de gasolina alcanzan cientos de metros.

Giancarlo Manzano / El País

Un profesor del Instituto de Paz de la Universidad del Valle que pide que se reserve su identidad, advierte que es urgente que en Cali se ‘desacelere’ la respuesta violenta a las manifestaciones, y eso no solo incluye a la Fuerza Pública, sino a la retórica de líderes de opinión, medios, ciudadanos.

— Es parte de la salida.

En la ciudad la movilización de las emociones también es impresionante. Los debates entre las familias y los amigos sobre lo que está ocurriendo son cada vez más prolongados y acalorados, y la división entre unos y otros se radicaliza.

No son pocos los que se han salido de grupos de WhatsApp por discusiones políticas, o los que se confrontan directamente, como el choque entre manifestantes ubicados en la Universidad del Valle y algunos habitantes de Ciudad Jardín.

Es una división brutal que, dice el profesor del Instituto de Paz, alimenta la narrativa de que la ciudad está al borde de una guerra civil.

— Por fortuna creo que el país está empezando a cambiar. Hay gente disponible al diálogo como una salida. Pasó en el conflicto entre los manifestantes de Univalle y los habitantes de Ciudad Jardín. En redes se vio a algunas personas del barrio que amenazaban con armarse y enfrentar a los estudiantes que protestan. Lo que no se vio fue lo que pasó después: llegaron otros vecinos del barrio – muchos son estudiantes también – empresarios, y con una declaración casi de paz, llegaron a un principio de acuerdo para levantar el bloqueo.

Se está generando un ambiente de diálogo en medio de esa calentura y por eso creo que hay pequeñas señales de que se puede transformar este momento de crisis, tensión y división, en una oportunidad de mayor comprensión entre todos.

Entender que tenemos una sociedad muy dividida, donde la pandemia sacó a la luz toda la exclusión e inequidad, y por eso es prioritario que empecemos a trabajar para que Cali y Colombia sean más justos. Reducir la desigualdad a partir de este sacudón debe ser la prioridad del país—,  dice el profesor.

Marcha en el oeste de Cali

Los manifestantes usan tapabocas en una manifestación por la paz en medio de las protestas en Colombia.

Bernardo Peña / El País

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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los ‘falsos positivos’

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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los 'falsos positivos'

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, contó ante la Comisión de la Verdad cómo se enteró sobre la existencia de falsos positivos dentro del Ejército, pidió perdón por ellos y analizó las razones por las que se produjeron estas conductas criminales en la época que fue Ministro de Defensa.

“Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma, que esto nunca nunca vuelva a pasar”.

El expresidente contó, en una declaración que duró cerca de una hora, que los falsos positivos se produjeron por la alta presión por resultados que había en las Fuerzas Militares y que reconocer este hecho y responder moralmente por él es la mejor forma de recuperar el honor de la institución.

Explicó que cuando llegó al Ministerio de Defensa, el 20 de julio de 2006, compartía con el presidente Álvaro Uribe, su objetivo de derrotar a las Farc, pero que la diferencia estaba en el cómo. También reconoció que en ese momento escuchó sobre los falsos positivos pero no les creyó.

“Si bien el documento de la política de defensa y seguridad democrática del 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total, nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado, los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, agregó.

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Añadió que él tenía una postura diferente, por la experiencia acumulada y su forma de ver las cosas, porque era más: “viable y conveniente, más rápido y menos costoso una derrota estratégica. Es decir debilitarlos psicológica y mentalmente y llevarlos a una mesa de negociación”, dijo el expresidente.

Con respecto al no reconocimiento por parte del ex presidente de un conflicto armado, dijo que esto generó una cierta confusión en las Fuerzas Armadas: “porque aplicaban el Derecho Internacional Humanitario de acuerdo a su entrenamiento y a los manuales de derecho operacional, pero su comandante supremo y jefe de Estado no reconocía la existencia de un conflicto armado en el país” agregó el expresidente.

Falsos positivos

Frente a los falsos positivos, que según la Jurisdicción Especial para la Paz, ocurrieron entre 2002 y 2008 en más de 6.400 casos, dijo que “entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentaran. No les di credibilidad no me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo, yo también me arropé en la bandera tricolor y en repetidas ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial, consideraban malvadas acusaciones”.

Agregó que se comenzó a quitar la venda de los ojos cuando se dio cuenta en primer lugar de la presión que existía en las Fuerzas Armadas para producir bajas. Esto con base en los resultados que les entregaban en las visitas a batallones, donde el número de muertes estaba de primero.

“No les di credibilidad a los rumores sobre ‘falsos positivos’. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo”.

Juan Manuel Santos,

expresidente

Dijo también que esta nueva percepción de la realidad, se dio cuando en 2007, funcionarios internacionales como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, junto con Christian Salazar, quien luego asumió como representante en propiedad de esa Oficina, y la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hintermann, comenzaron a contarle de manera confidencial y en detalle lo que estaba sucediendo con casos específicos.

Añadió que el viceministro Sergio Jaramillo, fue quien le corroboró que esa historia si podía ser cierta, luego de obtener mucha información por su lado.

Acciones

En ese momento y viendo lo que estaba pasando Santos agregó que comenzó a actuar contra este delito. Esto a partir de directivas ministeriales y luego bajo esta misma línea el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, fue removido del cargo por hechos relacionados con falsos positivos, siendo la primera vez que se reconocía el problema.

Pero esto no se quedó ahí, dijo, pues las denuncias sobre este tema empezaron a crecer. “Venían de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que también variaba mucho”, agregó el expresidente.

Frente a esta situación aseguró que decidió investigar a fondo lo que estaba sucediendo y cuál era su verdadera dimensión, lo que lo llevó a trabajar con varias organizaciones, entre ellas la Oficina de la Alta Comisionada quien le entregó dos informes de casos específicos, uno del 11 de abril y otro del 4 de mayo de 2007.

Esto hizo, de acuerdo con Santos, que le pidiera “al general Mario Montoya, comandante del Ejército, que respondiera a todos. El 6 de junio dio respuesta a los 99 casos que había presentado la Oficina y la invitó a visitar las diferentes brigadas”. Lo que llevó a entender a los militares la gravedad de la situación.

Luego explicó, el expresidente, que creó varias directivas para enfrentar lo que estaba pasando, entre ellas la directiva 10 que creó un Comité Interinstitucional de Seguimiento, que se reunió mensualmente para estudiar casos concretos.

Este comité de acuerdo con Santos: “fue un hito en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Nos permitió comenzar a entender el fenómeno en toda su complejidad”.

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En esta contribución el expresidente también se refirió a lo acontecido en el año 2008, donde se conocieron los casos de los jóvenes de Soacha, población vecina a Bogotá, que habían sido reportados como desaparecidos y cuyos cadáveres fueron encontrados en municipios de Norte de Santander. Habían sido asesinados y reportados por batallones como guerrilleros dados de baja en combate.

Frente a este caso el ministro dijo que lo llamó directamente el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos por el conmutador de la Presidencia y le dijo: “Imagínese, ministro, que tengo un tema muy grave. Nueve personas que estaban desaparecidas en Soacha aparecen en Ocaña y Cimitarra como “NN”, ¡muertas en combate!”.

“En ese momento sentí que se rebosó la copa y me dije a mí mismo, hay que coger el toro por los cachos haciendo esto público”. Fue la primera vez que de manera oficial el país conoció estos hechos, añadió el expresidente.

Luego explicó otra serie de decisiones que adoptó y finalizó diciendo que no le cabe la menor duda que el: “pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado ‘la doctrina Vietnam’”.

Finalizó diciendo a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo” las ejecuciones extrajudiciales, pero “el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró”.



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¿Qué viene después de la visita de la Comisión de la CIDH?

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¿Qué viene después de la visita de la Comisión de la CIDH?

“No creo que la visita de la CIDH fuera acaparada por el Gobierno, más bien el organismo internacional hizo un ejercicio de revisión institucional de lo que tiene el Estado Colombiano. La Comisión necesitaba una visión institucional para que, si hay un pronunciamiento, las medidas que sugiera sean acordes al Estado”.

Así analiza Carlos Arias, profesor de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado, la labor que desarrollaron los seis miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvieron esta semana en el país para recibir información sobre la violencia y los actos de vandalismo registrados en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril.

Lo cierto es que entre el lunes y el jueves los comisionados tuvieron varios encuentros en Bogotá con funcionarios del Gobierno Nacional y de los organismos de control, así como con los líderes del Comité de Paro, empresarios y organizaciones sociales.

Pero también se desplazaron a Popayán, Tuluá, Buga y Cali, donde igualmente se entrevistaron con el alcalde Jorge Iván Ospina, algunos concejales y representantes de la sociedad civil, según se informó.

Es por ello que el académico agrega que “si la CIDH hubiera planteado sus reuniones de otra forma, cualquier fallo hubiera marcado una serie de sesgos y reinterpretaciones de la realidad. Además, el futuro pronunciamiento no hubiera sido tan respaldado por el Gobierno. Al tener una presencia fuerte en la institucionalidad, no puede tener ningún marco de duda, porque se reunió más tiempo con el Gobierno y escuchó la visión institucional”.

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Sin embargo, para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, “lo ideal hubiera sido que se le hubiera dado mayores libertades al grupo de la Comisión, pero había una predisposición muy grande”, aludiendo a las primeras declaraciones de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en las que dijo que el Gobierno no iba a aceptar la visita.

Ahora bien, los analistas coinciden en que los comisionados se llevaron un panorama muy completo de lo que ha pasado durante las movilizaciones.

“La entrega de los informes de la Fuerza Pública, el informe de Claudia López (alcaldesa de Bogotá) y la entrega de informes por parte de organizaciones defensoras de Derechos Humanos es, a mi juicio, lo más emblemático de la visita”, dice Jaramillo.

A su vez, Juan Carlos Ruiz, también profesor en la Universidad del Rosario, sostiene: “Todo el mundo tuvo la oportunidad de hablar con la CIDH, desde el exportador, los padres de las víctimas de las protestas, el Gobierno, las centrales sindicales, entonces lo interesante es que todo el mundo quiso hablar con la Comisión y esa posibilidad me parece muy importante en estos momentos que vive el país”.

En ese sentido, Carlos Arias anota que la CIDH pudo cruzar las bases de datos de distintas entidades: “Tuvo la posibilidad de ponderar el grado de velocidad y verosimilitud de las investigaciones de entidades como la Fiscalía, la Produraduría y la Defensoría. Haberse reunido con organizaciones de Derechos Humanos le da una perspectiva del grado de incidencia del Gobierno en las entidades de control”.

Entre tanto, Ruiz destaca que todos los actores involucrados en la crisis política, económica y social tuvieron el anhelo de demostrar que tenían la razón. “Una expectativa jamás vista en el país para una visita de este tipo, la gente quiere un árbitro neutral que diga qué pasó y qué está pasando. Ojalá la CIDH esté a la altura de ese compromiso”, añade.

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Juliana Bustamante, directora del Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social, asegura que el informe de la Comisión, anunciado para la semana entrante, no va a contener un análisis de la situación a profundidad.

“Cuando se habla de visita de trabajo, luego de esta se conoce solo un comunicado de prensa. Sin embargo, en la norma no existe distinción sobre lo que produce una visita in loco y una de trabajo. Por eso las organizaciones solicitamos que, a pesar de que esa sea la práctica, en la medida de lo posible se haga un informe detallado de la visita de trabajo, porque el esfuerzo ha sido mucho y la Comisión ha recogido mucha información con qué hacerlo”, explica Bustamante.

Según ella, “la Comisión Interamericana realizó una visita de trabajo conforme al artículo 53 de su reglamento, que da la posibilidad de diseñar la que la comisión estime más pertinente. En este caso no se hizo una visita con el pleno de la comisión sino solo con tres de sus siete comisionados y un equipo muy grande de la secretaría ejecutiva para la toma de testimonios y el tema logístico”.

“Entonces será un comunicado de prensa con observaciones a las que se les hará seguimiento y en donde las organizaciones más adelante tendrán la oportunidad de pedir audiencias temáticas para el seguimiento de esas observaciones”, puntualiza.

El informe del Mindefensa a la CIDH dio cuenta de 19 fallecidos, 2 uniformados muertos, 1106 personas heridas, 1253 lesionados y 178 investigaciones disciplinarias.

Detalles

La visita de trabajo de las Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estuvo liderada por la presidenta del organismo, Antonia Urrejola, quien vino acompañada por los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón.

Además contó con el apoyo de la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, y de la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido, además del relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.

Según información proporcionada por la CIDH, se recibieron más de dos mil registros de personas o entidades que querían entrevistarse con la delegación del organismo adjunto a la OEA, que fue recibido oficialmente el martes en la mañana por el presidente Iván Duque, luego de que llegaran el lunes al país.

La última reunión de los comisionados con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se realizó el jueves en la tarde en la sede de la Cancillería colombiana.



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Petróleo en Colombia: Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

Una de las cartas con las que la nación se juega el futuro energético, para garantizar el autoabastecimiento de petróleo y gas, es la que busca fortalecer la reactivación de la operación hidrocarburífera del país, con la ‘Ronda Colombia 2021’.

El proceso, que es prácticamente el cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa), fue lanzado de manera oficial por el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Este proceso competitivo tiene la novedad del ofrecimiento de ocho áreas para evaluación técnica (TEA’s), de las cuales cuatro están ubicadas en el océano Pacífico, frente a las costas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño; tres más, en tierra, en el departamento del Chocó, en tanto que una más se localiza también en el mar, pero en el golfo de Urabá”, señaló Armando Zamora, presidente de la ANH.

La oferta se complementa con 20 áreas de exploración y producción (E&P), en zonas ya maduras para crudo liviano, gas natural y crudo pesado. Así del total de bloques que se pondrán en vitrina, hay 10 áreas con potencial de gas, y las 18 restantes, para petróleo.

Además, se ofrecerán otras cuatro áreas libres, las cuales serán nominadas por las empresas petroleras interesadas en desarrollarlas.

Desde agosto de 2018 a la fecha se han firmado 35 contratos de exploración y producción de hidrocarburos, luego de cinco años sin firmar un solo convenio en el país, lo que le da más impulso a esta reactivación petrolera que es importante además para la redinamización económica”, recalcó el viceministro de Minas, Miguel Lotero.

Por su parte, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, recalcó que, “en casi tres años el Gobierno Nacional a través del PPAA ha ofertado 67 bloques para E&P de petróleo y gas natural, lo que contribuirá al aumento de las reservas de hidrocarburos y mejorar la autosuficiencia energética de Colombia”.

Se atraerán al país inversiones adicionales y se generarán nuevas oportunidades de empleo para seguir cerrando brechas en las regiones

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Del total de los bloques que son ofertados por la ANH, cinco están en costa afuera (offshore) y 23 en áreas continentales (onshore), ubicadas en nueve cuencas: cuatro comerciales (Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, Valle Superior del Magdalena y Llanos) y cinco fronteras (Urabá, Sinú – San Jacinto, Chocó Continental, Chocó Offshore y Tumaco Offshore), es decir, que han sido poco exploradas anteriormente.

Como país gozamos de condiciones contractuales atractivas, una prospectividad prometedora y un nuevo mapa de tierras con áreas predefinidas para que las compañías nominen sus propios bloques, sumado a una gran oferta por parte de la ANH”, recalcó Zamora.

El funcionario subrayó que, “además, contamos con un moderno modelo de asignación de áreas que busca incentivar la perforación exploratoria como camino para aumentar las reservas e incrementar la producción”.

Las condiciones están dadas para que los inversionistas aprovechen este amplio portafolio de oportunidades que ofrece la Ronda Colombia 2021

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Así mismo, en el concurso público se implementará nuevamente la tecnología blockchain en las audiencias para la postulación de ofertas y contraofertas, teniendo en cuenta el éxito que tuvo en el piloto ejecutado en el tercer ciclo. “Esta herramienta brindará mayor transparencia y confiabilidad en el proceso”, dijo Zamora.

Las áreas E&P que está ofreciendo la ANH cuentan con información disponible de sísmica y aspectos técnicos, sociales y ambientales. Además, para cada una de ellas se está adelantado un Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación-Territorio con el fin de facilitar un relacionamiento claro e informado entre autoridades, comunidades y empresas operadoras.

Esperamos que en la minuta definitiva se den señales importantes que agilicen los nuevos proyectos y permitan viabilizar nuevas inversiones. Colombia tiene un potencial muy grande de gas natural que podría incluso darnos reservas por más de 100 años. Pero para lograr aprovechar esa gran prospectividad se necesita apoyar e incentivar a la industria para ampliar la frontera de hidrocarburos costa afuera, y en yacimientos convencionales y no convencionales (YNC)”, indicó Andrés Sarmiento, presidente (e) de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).

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