Redacción BL
Con la firma de los ministros Ricardo Bonilla González, de la cartera de Hacienda y de Jhenifer Mojica Flórez, de Agricultura y Desarrollo Rural, fue radicado en el Congreso de la República esta semana un proyecto de ley que de ser aprobado «se adoptan medidas en materia de Impuesto Predial Unificado» y se «modifica parcialmente la Ley 44 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 y se dictan otras disposiciones».
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La iniciativa ya genera polémica pues con ella se cual busca incrementar el Impuesto Predial Unificado (IPU) entre 50 y 300 por ciento, según sea el valor del inmueble e independiente de que estos se encuentren en áreas urbanas o rurales.
El proyecto de ley indica que tendrán un ajuste de hasta el 50 por ciento del monto liquidado por el mismo concepto del año anterior los predios urbanos con destino habitacional y comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (s. m. m. l. v.), esto es, unos 156,6 millones de pesos a precios de este año.
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También tendrán el mismo ajuste los predios rurales con similar avalúo catastral destinados a vivienda o comercio o de soportes de infraestructura; producción agropecuaria; institucional y áreas de conservación y protección.
Además, la iniciativa señala que para los predios cuyo avalúo catastral se encuentren en el rango superior a esos 135 salarios mínimos y menor a 250 salarios 8290 millones), el incremento será de 100 por ciento; los que estén por encima de los 250 salarios y por debajo de los 350 smmlv (406 millones) tendrán un ajuste del 150 por ciento; para aquellos cuyo avalúo sea superior a los 350 pero menor a 500 salarios mínimos ( 580 millones) sufrirán un incremento del predial del 200 por ciento, mientras que esos predios que superen ese último rango, tendrán un ajuste en el impuesto predial de hasta 300 por ciento, según se desprende del proyecto en mención.
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La iniciativa consta de cuatro artículos en los que se establece cómo se hará dicho ajuste del impuesto predial y se especifica las circunstancias en las que no se aplicaría.
En tal sentido, esa limitación no se aplicará a los predios que se incorporen por primera vez a la base catastral, los lotes urbanizables no urbanizados y los no construidos o los predios rurales con licencia de parcelación no desarrollados y sin uso agropecuario.
Pago del impuesto predial
El Tiempo
Entre las razones que impulsan al Gobierno a hacer ese ajuste en el Impuesto Predial Unificado está el que este tributo debe aplicarse «conforme a los principios tributarios de equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad» establecidos en la Constitución, razón por la cual, además, el Estado tendrá que realizar un nuevo avalúo catastral, basado en la realidad económica del predio.
Para el Gobierno, en la actualidad los predios no estarían reflejando esa realidad económica, ya que pudieron haberse depreciado o valorado con el tiempo, lo que impide conocer si sobre ese predio se está pagando o cobrando el impuesto justo y equitativo.
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«Si el Estado actualiza el avalúo catastral después de más de cinco años, se genera un impacto significativo sobre la capacidad de pago de los contribuyentes», advierte el Gobierno en la exposición de motivos para adelantar la discusión de dicha iniciativa.
La iniciativa también busca eliminar las excepciones contenidas en la Ley 1995 del 2019, entre estas que «los predios que figuraban como lotes no construidos y construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada», con lo cual la actualización catastral que se haga de dicho predio incorporará esos cambios, lo que permitirá clasificarlo en cualquiera de los nuevos rangos previstos en la norma.
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