Cuando Angie Paola Alfonso volvió a trabajar el mes pasado en Sax Peluquería & Barbería, pensó que lo peor había quedado atrás. La esperanza era que después de casi noventa días de parálisis, aquel que había sido un exitoso negocio ubicado en el barrio Bolivia –en el occidente de Bogotá– lograra atraer clientes con rapidez.
“Nada de eso sucedió”, cuenta la estilista. “A pesar de todas las medidas de bioseguridad que adoptamos y de las inversiones hechas, la gente no llegó. Y ahora, con el cierre de dos semanas decretado por la alcaldía, seguir es imposible”, agrega.
El anterior es apenas un ejemplo más de una crisis que no termina. Sin desconocer la necesidad de ponerle freno al rápido crecimiento de enfermos de covid-19 en el país, y especialmente en el Distrito Capital, los anhelos de reactivación se siguen posponiendo en una buena cantidad de sectores.
Como consecuencia, ningún analista habla ahora de una recuperación en forma de V. Es verdad que después del profundo bache de abril las cosas comenzaron a mejorar en mayo, pero diferentes indicadores muestran que la economía anda a un ritmo que es entre cinco y diez por ciento inferior al observado a comienzos de 2020.
Lo cierto es que detrás de los números están las historias de millones de personas que ya sienten un profundo deterioro en su calidad de vida y que todavía no tienen claro cómo van a salir adelante. Buena parte de las dificultades están relacionadas con la pandemia. Hasta que el número de casos activos de coronavirus no empiece a descender en términos absolutos, junto con la ocupación de las instalaciones hospitalarias, será imposible acelerar los procesos de reapertura pendientes.
Adicionalmente, los ejemplos de distintas latitudes muestran que el consumo demorará en repuntar, debido a que muchas familias vieron caer sus ingresos. Basta recordar que, de acuerdo con el Dane, la cantidad de personas ocupadas en Colombia en mayo había caído en 4,6 millones, frente a la misma época de 2019.
Y ese no es el único factor. Por una parte, mucha gente seguirá sin visitar un centro comercial o un almacén por temor a contagiarse. Por otra, entre aquellos que todavía conservan su empleo la propensión a gastar es menor y la de ahorrar es mayor, ante la certeza de que es mejor guardar dinero para el futuro si las cosas siguen así o incluso se ponen más difíciles.
PASAR A LA OFENSIVA
Lo anterior no quiere decir que haya que cruzarse de brazos y resignarse ante la certeza del sufrimiento colectivo. Asumir una actitud pasiva y dejar que la marcha de la actividad económica esté plenamente condicionada por lo que suceda en el campo de la salud llevará a una depresión más prolongada y dolorosa.
Por tal razón es obligatorio pasar a la ofensiva. Definir programas y estrategias que conduzcan a que el aparato productivo gire con mayor velocidad es una de las principales obsesiones de los diferentes gobiernos en los cinco continentes, pues más allá de las particularidades de cada uno, los retos son los mismos.
En Colombia sucede algo similar. Así quedó expresado el 20 de julio, cuando Iván Duque instaló las sesiones del Congreso. De acuerdo con el mandatario, la administración asume un “nuevo compromiso” que abarca cuatro grandes temas: generación de empleo, crecimiento limpio, apoyo a los más pobres y vulnerables y respaldo al campo. El monto de recursos involucrados ascendería a unos 100 billones de pesos, que equivalen a algo menos del 10 por ciento del producto interno bruto.
Si bien la cifra suena alta, los analistas ya comenzaron a desmenuzarla. Lo primero que salta a la vista es que entre los propósitos específicos se incluyen los proyectos que venían de atrás, como sucede con las obras de infraestructura de mayor envergadura.
Ese es el caso de las concesiones viales de cuarta generación o de la construcción del metro de Bogotá. Algo similar ocurre con el desarrollo de energías renovables que responden a la instalación de plantas solares y eólicas que estaban definidas desde antes. Buena parte de los emprendimientos mencionados –unos 40 billones de pesos– dependen de los recursos que aporte el sector privado.
Al mismo tiempo, la idea es que el Estado haga un esfuerzo adicional, que en todo caso se encuentra limitado por el escaso margen en materia fiscal. Una primera señal se conocerá esta semana, con ocasión de la radicación del proyecto de presupuesto general de la Nación en el Capitolio.
En principio, la inversión pública subiría a 53 billones de pesos, lo que implicaría un alza de casi el 30 por ciento frente al rubro del año pasado. Ello permitiría financiar un paquete de subsidios importante para la compra de vivienda, al igual que programas a cargo de los diferentes ministerios, los cuales irían desde el impulso a las industrias creativas hasta plantas de tratamiento de agua en distintos puntos de la geografía nacional.
Desde el punto de vista social, lo más destacable es el compromiso de ampliar la duración del programa de ingreso solidario por un semestre más, hasta mediados de 2021. La iniciativa, que cubre a tres millones de hogares, se suma a los esquemas de transferencias condicionadas que ya existían, como Familias en Acción o Adulto Mayor.
La lista de propósitos esbozada por la Casa de Nariño es encomiable, pues las cuentas oficiales hablan de generar más de un millón de empleos en los años por venir. Aun así, el desafío es conseguir que el discurso presidencial se exprese en resultados prácticos, algo fundamental en un país en el cual la vida diaria revalida aquel refrán según el cual “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.
SOBRE EL TERRENO
Un ejemplo de las complicaciones prácticas de volver realidad las intenciones de los más altos funcionarios es el de Elecnorte, una firma que en 2016 obtuvo un contrato por cerca de 115 millones de dólares para construir una línea eléctrica de 150 kilómetros de longitud que va de Cuestecitas a Maicao, pasando por Riohacha, en el departamento de La Guajira. Año y medio después, la sociedad concluyó procesos de consulta previa con 154 comunidades étnicas (el doble de las establecidas en la convocatoria inicial), de los cuales surgieron compromisos que se han cumplido en un 89 por ciento.
Aun así, la iniciativa ha tratado de ser paralizada en varias oportunidades por cuenta de tutelas presentadas por grupos de personas que alegan que debieron haber sido consultadas. El obstáculo más reciente ocurrió hace unos días, cuando un juez departamental suspendió las obras, que llevan 95 por ciento de avance. Como consecuencia, la mejora en confiabilidad de una red que beneficiará a más de 700.000 personas sigue en veremos, mientras el inversionista original se enfrenta a pérdidas que no estaban en sus cuentas.
Absurdos que incluyen la copia textual de una sentencia previa ponen en entredicho la calidad del fallo. Más allá de que un tribunal superior opte por corregir la decisión judicial, el daño en materia de empleo y costos ya está hecho.
Anécdotas similares se escuchan por parte de quienes dependen de múltiples instancias administrativas del orden regional o nacional para adelantar operaciones, a las cuales se suman los bloqueos de vías o las amenazas de actores armados. Un ejecutivo de una multinacional petrolera cuenta que los obstáculos prácticos son de tal magnitud que el aliciente para invertir en el país es cada vez menor.
Los casos referidos sirven para poner de presente que volver realidad el “nuevo compromiso por Colombia” puede llegar a ser mucho más difícil de lo que parece. Entre la adjudicación de una licitación y el enganche del primer contingente de trabajadores pueden pasar meses, incluso años, cuando se arranca de cero. Y en el caso de los proyectos en curso, hay imprevistos que pueden traducirse en largas demoras de no haber reacción oportuna.
EL RETO DE ‘ESTAR ENCIMA’
Ante la urgencia de que las cosas se muevan más rápido, hay quienes señalan la conveniencia de mecanismos especiales. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, opina que vale la pena una gerencia ejecutiva que opere aspectos concretos de la relación entre Estado y compañías privadas, incluyendo las iniciativas lideradas por la vicepresidencia, los diferentes ministros y los propios empresarios. “En muchas ocasiones, una reunión a tiempo o una simple llamada sirven para destrabar las cosas, porque se trata de actuar a nivel micro”, dice.
Por su parte, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez manifiesta: “Pondremos en marcha acciones concretas para que el gobierno de Iván Duque sea recordado como aquel que no solo fue capaz de sobrepasar una crisis económica y sanitaria de enorme magnitud, sino que logró convertirla en una oportunidad para generar reformas estructurales e impactar la vida de los colombianos para las siguientes décadas”.
Sea cual sea el mecanismo, la lista de temas que exigen supervisión es muy amplia. En el campo de lo financiero, vale la pena hacerle seguimiento a la liquidez de distintos sectores, los desembolsos, el comportamiento de las reestructuraciones, la emisión de créditos garantizados o el uso de avales del Fondo Nacional de Garantías. De la misma manera, hay que ser expeditos en el trámite de solicitudes de reestructuración empresarial o la puesta en marcha de estrategias de salvamento.
No menos importante es hacerle un seguimiento al empleo que se anticipe a la publicación de las estadísticas oficiales. Esto pasa por sistemas de información temprana o el examen de las ayudas solicitadas para el pago de nóminas.
Un tercer elemento es la aceleración de trámites estatales. El tiempo que tardan entidades como la Anla, el Invima o el ICA para la toma de decisiones puede ser recortado, sin que ello implique un menor rigor en el análisis. Igualmente, los proyectos de gran envergadura exigen atención individual y coordinación entre las instituciones, la cual falla en múltiples oportunidades.
Aparte de lo anterior, hay que salir al aire con las campañas que buscan estimular la compra de bienes hechos en Colombia, como una forma de fortalecer la demanda. Ese proceso debería estar acompañado por un reforzamiento de las alertas relacionadas con competencia desleal y la toma de correctivos oportunos.
Por último, es indispensable seguir por la senda de la reapertura y ponerle límite a la discrecionalidad de los gobernantes locales. Depender de las opiniones individuales de 1.102 alcaldes y 32 gobernadores conlleva el riesgo de una maraña de reglas distintas, que harán mucho más difícil darles una salida a decenas de miles de negocios.
A este respecto, el uso del sentido común es definitivo a la hora de darles cabida a propuestas razonables. Eddy Motta y Ricardo Díaz, del hotel Bella Tierra en Tibasosa, Boyacá, señalan que hay un segmento de lugares que son destinos en sí mismos, donde los huéspedes encuentran los servicios que requieren, desde la alimentación hasta el esparcimiento, sin necesidad de pasearse por las calles de una población. Permitir que establecimientos de este estilo puedan volver a recibir público, con la debidas seguridades, suena lógico.
Al respecto, no faltará quien diga que en el Estado colombiano hay dependencias a cargo de los puntos mencionados arriba. Y aunque en teoría eso es así, personas que van desde Angie Paola Alfonso hasta inversionistas que apuestan sumas importantes sienten que sus angustias no encuentran eco en el Ejecutivo.
Debido a esas circunstancias, en la práctica es necesario hacer un control mucho más cercano y “estar encima” de los pendientes, si de lo que se trata es de acelerar los resultados para que la reactivación comience a verse. Porque, por ahora, sigue en pausa.
RICARDO ÁVILA
Analista Sénior
Especial para EL TIEMPO
