Reformas de Petro se alistan para segundo Round en Congreso | Gobierno | Economía

Este 20 de julio inicia una nueva temporada en el Congreso de la República, y también otra oportunidad para que el Presidente Gustavo Petro pueda avanzar con sus proyectos de reforma. En la legislatura pasada, el Gobierno consiguió la aprobación de su reforma tributaria, a finales de 2022, y también presentó sus proyectos de reforma al sistema de seguridad social (salud, pensiones y laboral).

(Vea: Las reformas claves de Petro luchan para mantenerse a flote). 

Pero el ambicioso plan del primer mandatario de lograr el avance de las tres reformas de manera simultánea no prosperó. Mientras que la reforma laboral se hundió y deberá ser presentada nuevamente, las iniciativas para la pensional y la reforma al sistema de salud sí lograron pasar su primer debate, pero no sin algunos baches en el proceso.

Aunque en principio la reforma a la salud parecía el ‘talón de Aquiles’ del Gobierno ante el Legislativo, y le costó incluso la ruptura de la coalición de Gobierno a Petro, la gran derrota del Presidente ante el Congreso llegó por el lado de la reforma laboral, que no logró ser votada siquiera en su primer debate y se hundió.

El la iniciativa fue ampliamente criticada, pues según varios expertos, podría tener efectos adversos sobre el empleo por el aumento en los costos salariales para los empresarios, a raíz de medidas como el inicio de la jornada nocturna a partir de las 7:00 p.m. (aunque el proyecto original buscaba que fuera desde las 6:00 p.m.), o el pago de 100% del recargo en los dominicales y festivos, por nombrar algunos aspectos.

A pesar de que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, había confirmado hace cerca de un mes que este 20 de julio sería radicada la nueva reforma laboral, el proyecto no aterrizará nuevamente en el Congreso este jueves.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, aseguró en entrevista con EL TIEMPO a inicios de esta semana que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le comunicó al Congreso que se tomaría unos días para «pulir el proyecto».

(Vea: Análisis: lo que viene para las reformas sociales del gobierno Petro). 

Así mismo, Portafolio conoció que el Ministerio de Trabajo esperará a que se conformen las mesas directivas en el Congreso -tarea que puede tomar incluso un par de semanas- para radicar nuevamente el proyecto, y esta semana la cartera dispuso de mesas técnicas para ajustar la reforma, con cambios que se centrarían en el trabajo del sector rural.

Aunque varios gremios habían señalado como una ‘oportunidad’ de mejora el hecho de que el proyecto se hundió, los empresarios aún demandan una mayor interlocución con el Gobierno.

“Fenalco ha pedido que nos sentemos con el Gobierno para escribir la reforma laboral que necesita Colombia, pero desgraciadamente el Gobierno no nos ha invitado ni ha convocado a la comisión de concertación laboral, como hemos pedido en repetidas oportunidades”, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes.

Así mismo, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró hace varios días que el gremio no había recibido una invitación de la cartera. “Esperamos que el Ministerio convoque, para que escuche todas las posiciones, no cometamos los errores que traía la reforma anterior y no nos olvidemos de los desempleados ni de los informales.Es una oportunidad para trabajar juntos”, dijo.

Los otros dos proyectos de reforma al sistema de seguridad social, la pensional y la laboral, deberán seguir su tránsito por el Legislativo, con el segundo de cuatro debates.

Estos dos proyectos también han recibido críticas desde varios sectores, y tampoco
La reforma pensional recibió la aprobación de la Comisión VII del Senado de la República en junio, y está pendiente de ser votada por la plenaria del Senado antes de pasar a la Cámara.

En su primer debate el proyecto vio una serie de cambios frente al proyecto radicado por el Gobierno.

El más significativo tiene que ver con el régimen de transición al nuevo sistema. El texto aprobado en primer debate establece que las mujeres que cuenten con mínimo 750 y los hombres que cuenten con al menos 900 semanas cotizadas, y que estén a menos de 10 años de pensionarse, se les continuará aplicando las normas de la Ley 100 de 1993 y pueden aprovechar una ‘ventana pensional’ para cambiar de régimen.

El proyecto original apuntaba a 1.000 semanas en ambos casos.

(Vea: Reformas de Petro: el camino que les espera en el segundo semestre). 

Otro ajuste importante que se dio en primer debate está en la edad mínima para acceder a los pilares solidario y semicontributivo. Anteriormente esos dos pilares requerían que todos los beneficiarios fueran mayores de 65 años, en primer debate se aprobó que la edad para las mujeres sea 60.

Sin embargo, el centro de estudios económicos Anif levantó otra alerta y aseguró que con las modificaciones que vio el proyecto en primer debate, el pasivo pensional se incrementaría incluso más a lo que se estimaba en el proyecto original.

“Es en la transición y en la ventana pensional donde se observa el aumento más importante en el costo fiscal. Bajo la nueva transición, el costo asciende a 20,1% del PIB. Esto es 3,3 veces mayor que el costo anterior y supone una fuerte presión fiscal para el Gobierno”, aseguró Anif.

En el caso de la reforma a la salud, el proyecto logró la aprobación en primer debate de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, pero al llegar a la plenaria de esta corporación legislativa el trámite se frenó.

El texto se convirtió en la manzana de la discordia entre el Presidente y varios partidos, y fue incluso motivo para la ruptura de la coalición con los liberales, conservadores y ‘la U’, y para que el primer mandatario cambiara la mitad de su gabinete, incluida la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Además, se ha planteado la posibilidad de que haya una operación tortuga en los pagos por parte del Ejecutivo, para lograr que en esta legislatura se apruebe el proyecto.

De acuerdo con el analista político, Carlos Arias, “hay una plan tortuga en el sistema y por ende se ha creado una comisión que investigue. Si eso se llega a comprobar habría una coacción para que en esta legislatura la aprueben”.

A su turno, el exministro de Salud, Augusto Galán, explicó que existe una incertidumbre ante la prevención y la duda sobre las cuentas de los presupuestos históricos. “Estas son atenciones del 2021, 2022 y parte del 2023 y se percibe una gran desconfianza por parte del Gobierno”, dijo Galán.

Para el exministro es necesario ver cómo evoluciona la reforma. “El proyecto como está y con todo lo que se ha adicionado y la manera en la que ha sido tramitada la hace inconveniente en particular conforme está definida”, aseguró.

El impacto fiscal de los proyectos pensional y de salud, así como el efecto económico de la reforma laboral, es uno de los puntos que más se ha cuestionado con relación a las iniciativas de reforma del Gobierno.

En ese sentido, son varias las estimaciones que se han presentado, puntualmente, en relación a los proyectos de salud y pensiones y que difieren, incluso, entre ellas.

Hacienda, por ejemplo, aseguró en meses pasados que el proyecto de reforma pensional puede reducir entre 7 y 12 puntos porcentuales del PIB el valor presente de los déficits de los pilares contributivo y semicontributivo” del sistema, cuyo valor presente neto a 2070 de los déficits se podría reducir de 67,5% (en un escenario sin reforma), a 55,2% del PIB.

(Vea: Las sesiones extras no incluirán reformas pero sí adición presupuestal). 

En el caso de la reforma a la salud, las cuentas del Gobierno apuntaban a que tan solo en 2024 los gastos fiscales del proyecto ascenderían a $9,04 billones. De estos, $5,49 billones corresponden a gastos directos, como los Centros de Atención Primaria en Salud (CAP), el fortalecimiento de la Red Pública, gastos de infraestructura, becas, sistema de información y saneamiento de hospitales.

Sin embargo, las estimaciones del Gobierno no solo difieren de la de otros expertos como Fedesarrollo, o Anif, sino que además se hicieron con base en los proyectos originales, y no incorporan los cambios aprobados en el primer debate de cada proyecto, por lo que no se tiene un cálculo de sus costos potenciales actuales.

Desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), por ejemplo, se estimó que, en el corto plazo, estas do reformas pueden representar una mayor necesidad de gasto anual superior a 0,7% del PIB, con 0,4 puntos porcentuales por el lado de la de salud y 0,3 puntos adicionales por el sistema de pensiones.

En relación con la reforma laboral, un grupo de investigadores del Banco de la República desarrolló un informe en el que la principal conclusión era que, debido al aumento en los costos salariales alrededor de la reforma recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años.

El estudio estimo que en el escenario de impacto intermedio los costos salariales se incrementarían en 6,73%, y si se consideran los costos por indemnización, el aumento sería de 1,59% adicional.

Sin embargo, desde la publicación del estudio el Gobierno ya acordó algunos cambios en temas como la jornada nocturna, que iniciaría a las 7:00 pm y no las 6:00 pm como se pretendía inicialmente, y en la incorporación gradual del nuevo costo de los recargos por festivos y dominicales en los próximos años.

(Vea: Reforma a la salud: qué viene para el proyecto de ley del Gobierno).  

Además de la agenda de reformas que llevará el Gobierno al Legislativo, otro proyecto que deberá discutirse en este semestre es el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024, y serán las Comisiones III y IV de Senado y Cámara, las comisiones económicas, las encargadas de darle trámite.

Para cumplir con los plazos que estipula la ley, se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Hacienda radique el proyecto que define los montos para el próximo año.

En abril se presentó el anteproyecto del PGN 2024, y según las cifras preliminares que ya entregó Hacienda, el monto de recursos necesarios que proyecta el Gobierno para el próximo año asciende a $435 billones, 7,2% más que el monto de $405,6 billones del presupuesto para este 2023, sin contar la adición presupuestal de $16,9 billones para este año que se aprobó en junio; y 2,95% superior al monto final de $422,5 billones que alcanzó el PGN de 2023 con la adición.

De acuerdo con el anteproyecto, para 2024 se asegurarían recursos por $103,1 billones para cubrir el servicio de la deuda pública, y entre los sectores que tendrían más recursos disponibles para el próximo año estarían educación, con unos $60,4 billones, seguido de la salud, con $54,6 billones y defensa, con $52 billones.

De acuerdo con los plazos definidos para las diferentes etapas presupuestales, el proyecto final del Presupuesto General de la Nación para 2024 deberá aprobarse antes del 15 de septiembre, por lo que el Gobierno deberá calibrar sus apoyos en el Congreso, teniendo en cuenta las necesidades de gasto para el próximo año. 

En esta legislatura, el Gobierno sumará otro reto a las iniciativas legislativas: un borrador de reforma a la educación. De acuerdo con el Ministerio de Educación, presentará ante “las y los colombianos el proyecto de ley para discusión pública” el próximo 20 de julio, invitando, además, a los actores de la comunidad educativa a los espacios de diálogo.

El objetivo es modificar la Ley 30 de 1992, que fundamenta la educación superior en Colombia. Según la ministra Aurora Vergara, en las bases del proyecto estará incrementar el financiamiento de las instituciones de educación superior.

También se busca aumentar la cobertura y la política de gratuidad, así como dignificar el trabajo de los profesores, fortalecer la infraestructura educativa y llevar educación superior a los territorios que más lo requieren.

“Esta reforma pasa de una visión de la educación de servicio a la visión de que es un derecho fundamental” , señaló Vergara.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE 
Periodista Portafolio