Redacción BL
Aunque es cierto que en un periodo de crisis puede caber la idea de que ‘todo se vale’ con tal de mantener sana, tanto a la población como a la economía, el ahorro pensional suele ser la última alternativa que utilizan los gobiernos, que son previsivos con esos recursos, con los cuales, se protege a los ciudadanos para que enfrenten la vejez en condiciones de bienestar.
En busca de esa protección fue que en el Perú, donde se aprobó finalmente la medida de disponer de la estrategia de retiro parcial de las pensiones para que los ahorradores pudieran tener liquidez en un momento de crisis, fue que se formó un rifirrafe entre el Ejecutivo y el Legislativo. He aquí los detalles.
El 30 de abril del 2020, en plena pandemia, fue aprobado en el Congreso de Perú la medida, según la cual, se podía disponer del 25 % de los recursos guardados en los fondos de pensiones.
Acto seguido se abrió un nuevo enfrentamiento entre el Legislativo y el gobierno de Martín Vizcarra, cuya búsqueda es hacer sobrevivir a la población de la amenaza de la covid-19, pero que también se salve la economía.
Según informó en su momento la agencia de noticias EFE, fueron los congresistas promulgaron una controvertida medida que Vizcarra había pedido expresamente que no se tomara mientras se busca un acuerdo que permitiera poner dinero retenido en los fondos en manos de la población pero que evitara una retirada masiva que pueda dañar el sistema previsional.
Finalmente, ante la presión de que el momento crítico lo ameritaba, el Gobierno autorizó inicialmente el retiro de hasta 2.000 soles (591 dólares) de los fondos privados para los desempleados.
En una segunda tanda, de esas que está promoviendo la prolongación del tiempo en el que el coronavirus sigue causando pánico, sin que haya aún una solución en términos sanitarios (vacuna preventiva o medicamento eficaz comprobado) fue anunciada la habilitación de un retiro aún mayor: otros 3.000 soles más, lo que aún, no fue suficiente para el Congreso.
El primer retiro habilitado supuso dar acceso a los aportantes a unos 2.473 millones de dólares de sus pensiones.
Hay que recordar que Perú tiene 7,5 millones de afiliados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que acumulan 155.459 millones de soles (46.000 millones de dólares) -unos 20.000 millones (5.900 millones de dólares) menos que en enero- , para sus pensiones de jubilación.
En el vecino país, los altos intereses y lo insatisfactorio de su rendimiento han generado constantes críticas al sistema.
Temor al colapso
Ante el panorama de que los afiliados retiren el 25 % de sus fondos, hasta un tope de 12.900 soles (3.800 dólares), las AFP advirtieron sobre un inminente colapso del sistema privado.
Según las AFP, la retirada de ese dinero obligará a liquidar hasta un tercio de los fondos a su disposición, en un contexto global de colapso de las bolsas, lo que profundizaría la pérdida de valor de los mismos y afectará tanto a los que retiren como a quienes no lo hagan.
Además, restringiría la capacidad de las AFPs para reinvertir y ofrecer respaldo económico a las empresas peruanas para reflotar la economía una vez pase la epidemia.
«Las AFP con esta nueva ley dicen que van a tener que entregar 30.000 millones de soles (8.875 millones de dólares) para poder pagar el tope de 12.900 soles, pero no hemos pensado en el año 2008 cuando perdieron entre 23.000 y 30.000 millones de soles (8.875 millones de dólares), o 2018, donde perdieron 10.000 millones de soles (3.000 millones de dólares) y nadie dijo nada», comentó a Efe el presidente de la Asociación Peruana de Exaportantes a las AFP, Italo Lezcano.
«Ya han lucrado prácticamente 27 años, apañados por la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros), ya es momento de que se reestructure todo el sistema», apuntó el representante.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Con información de EFE
