Este jueves, sin previo aviso, el Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó el nuevo proyecto de reforma laboral en la Cámara de Representantes. La iniciativa tiene “en su centro la necesidad de desarrollar el principio constitucional de estabilidad en el empleo, mediante la habilitación del uso de los contratos de trabajo a término indefinido como regla general”.
Su radicación, dos meses después de que fue archivada en la pasada legislatura del periodo 2022-2026, generó fuerte reacciones en contra, de varios gremios.
El nuevo documento consta de 92 artículos, 14 por encima de los 78 que tenía el primer intento de reforma laboral.
Uno de los puntos que más llama la atención es el relacionado con los recargos dominicales y festivos, los cuales, según la propuesta, dejarían de ser del 75 % de lo que vale un día laboral actualmente para pasar a ser del 100 %. Su implementación sería gradual.
Así las cosas, a partir de julio de 2024, el recargo por trabajar en día de descanso obligatorio o de fiesta se incrementaría a 80 %. En el 2025, aumentaría al 90 % y desde del 2026 quedaría en 100 %.
“Lo anterior, sin perjuicio de que, a la entrada en vigencia de la presente ley, el empleador se acoja al recargo del 100 %”, explica el documento.
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En cuanto a los horarios de trabajo diurno y nocturno, se propone que el primero sea entre las 6 a.m. y las 7 p.m., y el segundo,entre las 7 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente, por lo que los recargos extras, en el caso de los nocturnos, empezarían desde las 7 p.m. (actualmente es desde las 9 p.m.).
Con estas propuestas, la reforma laboral costaría $1,04 billones en el primer año de su implementación ($980.400 millones por jornada nocturna y $63.000 millones por dominicales y festivos), $1,21 billones en el segundo año ($1,01 billones por nocturna y $198.000 millones por dominicales y festivos) y $1,38 billones en el tercer año ($1,04 billones por nocturna y $339.600 millones por dominicales y festivos).
Sobre la contratación, el proyecto busca promover la formalización laboral.
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Para el caso de los trabajadores de plataformas digitales de reparto, propone dos modalidades: una de carácter dependiente y subordinado, y otra independiente y autónoma. Sobre esta última se aclara que no se podrán pactar “cláusulas de exclusividad para el desarrollo de las actividades de reparto que se realicen a través de plataforma digital y las empresas deberán garantizar el derecho al descanso”.
Sobre el contrato agropecuario, lo define como las labores “permanentes, transitorias, estacionales en virtud de los ciclos productivos o de temporada, continuas o discontinuas en actividades pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas, apícolas, silvicultura, pesca u otras semejantes que se desarrollen en ámbitos rurales”.
Aclara que no aplica para las empresas agroindustriales y que, si se mantienen por más de 27 semanas continuas para el mismo empleador, “se entenderá estipulado con este a tiempo indefinido”.
Además, se prohibiría la vinculación de trabajadores agropecuarios mediante empresas de servicios temporales y la tercerización laboral, y propone que el trabajo de la mujer rural y campesina sea especialmente protegido, reconociendo “la dimensión productiva, social y comunitaria” de su labor” y con una remuneración por el trabajo que realizan en la preparación de alimentos, el cuidado de animales y de cultivos, entre otros, en relación con sus empleadores.
Otro punto importante del proyecto es la formalización del trabajo doméstico remunerado. En este apartado se busca que este tipo de empleados sean vinculados mediante contrato de trabajo escrito “estipulado de conformidad con las normas laborales existentes y depositadas en el Mintrabajo para el seguimiento a la formalización”.
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Contratación
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El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, manifestó en la red social X que lo tomó por sorpresa la radicación del proyecto y agregó que el Gobierno no abrió un espacio para discutir el texto.
El pasado 18 de agosto, durante su Congreso anual, la Andi presentó un estudio que concluyó que aprobar la reforma laboral, junto a la pensional y la de la salud, produciría una pérdida de más de 2,7 millones de empleos para 2050.
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Desde Fenalco dijeron que “no se tuvieron en cuenta las sugerencias de diferentes sectores y tampoco se convocó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”.
Por su parte, Alianza In, gremio de aplicaciones, aseguró que los acuerdos logrados con el Gobierno sí se vieron plasmados en la ponencia.
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