En el marco de la emergencia económica, social y ambiental que fue declarada por el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Minas y Energía presentó uno de los decretos que pretende atender las dificultades de La Guajira.
(Vea: Los once decretos emitidos para atender la emergencia en La Guajira).
Dentro de las determinaciones, la cartera ordena un incremento en las tarifas de los usuarios industriales y comerciales, de $5.000 por cada mes, así como $1.000 para las facturas de los estratos 4, 5 y 6.
De igual forma, estableció suspender los contratos de largo plazo de las subastas de 2019 y 2021 de los generadores de energía renovable que tienen sus parques en La Guajira.
Los efectos para todos los usuarios serían de un 5% adicional, especialmente por el segundo punto.
La cartera señala que el objetivo es apoyar la creación de proyectos de energización en zonas no interconectadas del departamento, en el caso de la sobretasa para el servicio público.
Sobre la medida de suspender contratos, apunta que estos “se han visto inmersos en un desequilibrio contractual que obliga al generador o vendedor a cubrir obligaciones de suministro a favor del comercializador o comprador a un precio de bolsa mucho más alto que el valor que aquel recibe”.
(Vea: Freno a contratos de energía en La Guajira levanta ampolla).
Expertos y líderes del sector advierten que podría impactar a los hogares del país por cuenta de las alzas de hasta 5% en tarifas que se darían en agosto.
Carmenza Chahín, exdirectora de la Creg y consultora, señaló que ambas medidas afectarán a los usuarios. Sobre el primer punto señaló que hay 5 fondos y recursos de regalías que pueden usarse para llevar electricidad a esta zona del país.
Los fondos, que hacen parte del Ministerio, tienen anualmente recursos por cerca de $700.000 millones, por lo que Chahín manifestó no entender por qué no se usaban estos mecanismos ya existentes.
Con respecto a la suspensión de los contratos dijo que “en Colombia siempre se han respetado”.
Destacó que a pesar de que el Gobierno mismo lazó las subastas con el objetivo de que los comercializadores compraran energía renovable, ahora los deja expuestos a precio de bolsa ad portas de un Fenómeno de El Ñino.
La cartera señala que “es necesario legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”.
Los efectos en tarifas para los usuarios de todo el país contrasta con el Pacto por la Justicia Tarifaria que ha sido promovido por el mismo Ministerio por cuenta de los altos precios del kilovatio. La jefe de la cartera, Irene Vélez, manifestó en varias ocasiones la importancia de reducir el precio de la tarifa a nivel nacional, no obstante, el Ministerio no se expresó con respecto a los efectos que tendrá este decreto.
Fuentes del sector manifestaron que era una “injusticia tarifaria”, puesto que el decreto no contempla a los usuarios del país a los que se les intentó disminuir los precios.
(Vea: Estado de emergencia en La Guajira continúa sin decretos).
Chahín destaca que esto impactará a todos los estratos en hasta 5% de su tarifa, incluso para los que viven en La Guajira para beneficiar a los generadores que no han entregado sus proyectos.
Sobre las posibles consecuencias legales, Nicolás Arboleda, socio de Arboleda Abogados y experto del sector, aseveró que si bien los comercializadores podrían demandar por incumplimiento a los generadores, estos podrían argumentar que están cobijados por la regulación. “Esto deja al comercializador un poco desprotegido”, remató.
(Vea: Gobierno emite decreto para atender La Guajira tras 24 días).
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