Redacción BL 
El grupo criminal conocido como "La Familia Michoacana" colocó carteles en lugares públicos de la ciudad de Zitácuaro en los que le propone al Ejecutivo que deje de "lacerar sus derechos humanos"
"La Familia Michoacana", uno de los cárteles de la droga más violentos de México, ofreció ayer al Gobierno disolverse a cambio de que el gobierno federal "garantice la paz" en el sur del país, sobre las costas del Pacífico.
Es decir, para supuestamente dejar sus actividades criminales, los narcotraficantes piden garantías de que el Estado podrá hacerse cargo de la seguridad y tranquilidad de los michoacanos.
A través de carteles colocados en lugares públicos de la ciudad michoacana de Zitácuaro, uno de los bastiones de la organización criminal, señaló que no quieren "seguir siendo el pretexto para que las autoridades continúen lacerando y sobajando los derechos humanos de nuestros hermanos".
El texto, también enviado a medios de la prensa local y nacional, señala que "hemos decidido replegarnos y reintegrarnos a nuestras actividades productivas", pero condiciona esa desmovilización a que los gobiernos federal y local y las policías "se comprometen a tomar el control de Michoacán con fortaleza y decisión".
Las autoridades no han confirmado la autenticidad del texto. En una declaración a la AP, el vocero de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera, dijo que independientemente de si el documento es auténtico o no, "el gobierno federal no pacta ni negocia con el crimen".
El cártel hizo notar que se creó en 2005 "con el fin de luchar contra la tibieza e ineficacia de las autoridades mexicanas para erradicar de Michoacán a ladrones, violadores, narcotraficantes y secuestradores".
Asimismo, llamó a la sociedad michoacana para que "opine" a través de la prensa "sobre su permanencia".
No es la primera vez que La Familia Michoacana recurre a los medios para dar a conocer su mensaje. En 2009 el líder operativo del grupo, Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", llamó a un canal de televisión local para ofrecer al gobierno un "pacto nacional" de mutuo respeto.
