Redacción BL
Que la irrupción del coronavirus desnudó las falencias estructurales en varias políticas públicas tanto en Colombia como en América Latina es un hecho a estas alturas indiscutible.
Una de las áreas que quedó más expuesta por el choque de la pandemia fue la de los aparatos de protección, incluyendo la seguridad social y de salud, así como el mercado laboral.
Las cuarentenas generalizadas y las demás medidas de protección sanitaria no solo destruyeron millones de puestos de trabajo formal, sino también encerraron a millones de trabajadores informales y hundieron a decenas de millones de habitantes más abajo de la línea de pobreza.
Al igual que la mayoría de países latinoamericanos, Colombia tuvo que implementar un abanico de medidas para mitigar el impacto del choque económico de la pandemia a hogares, empresas y poblaciones vulnerables.
Una de las estrategias más rápidamente ejecutadas por el Gobierno Nacional fue la ampliación, extensión y creación de transferencias monetarias. De acuerdo a cifras del Departamento de Prosperidad Social (DPS), son 8,7 millones los hogares colombianos beneficiados por estos programas nacionales en este año: Ingreso Solidario (3 millones de beneficiarios) Familias en Acción (2,6 millones), Colombia Mayor (1,7 millones), Compensación del IVA (1 millón) y Jóvenes en Acción (425 mil).
La arquitectura y la tecnocracia alrededor de estos canales de trasferencias de efectivo, construidas por 20 años en el país, respondieron positivamente a la presión generada por la llegada intempestiva de la pandemia del coronavirus.
No obstante, los impactos de la crisis han despertado el debate sobre esas falencias estructurales y sobre qué premisas debería, de ser necesario, diseñarse una nueva política social pensada en el post-covid.
En el caso particular colombiano, el coronavirus dejará en el tejido social profundas y permanentes huellas. De acuerdo al Dane, el país ya venía experimentando un deterioro de los indicadores de pobreza en 2019, antes de la pandemia.
La pobreza monetaria oficial de Colombia es del 35,7 por ciento y la extrema del 9,6 por ciento, es decir, afecta a casi uno de cada diez compatriotas.
Este 2020 de desplome histórico de la actividad económica y crecimiento del desempleo y la informalidad terminará con mayores niveles de pobreza. Estimaciones de Fedesarrollo, por ejemplo, calculan que, a pesar de los impactos positivos de este crecimiento de las trasferencias, la pobreza monetaria ascenderá al 44,1 por ciento y la extrema al 12 por ciento.
La lucha contra la pobreza, bajo una política social transformada a la fuerza y por esta crisis sanitaria, se debería convertir en un objetivo prioritario del Gobierno Nacional. Una primera tarea es el crecimiento económico, con empleos y equidad, que es una de las herramientas más efectivas en reducir la pobreza.
Una segunda tarea sería mejorar la eficiencia de esas transferencias monetarias mediante una mejor focalización y una ampliación de esta cobertura de emergencia. Ya que la información con la que se diseñaron los actuales canales son pre-pandemia, es perentorio una foto más actualizada de la situación hoy, que incorpora una ruta para los ‘nuevos pobres’ que ha dejado el coronavirus.
Un tercer aspecto es el de la salud. La definición de la logística de las vacunas para 2021 y 2022 es urgente y debe darse de manera transparente. Por otro lado, con la disparada de la pobreza, el sistema de salud sufre un retroceso, incluso en su financiación.
Un cuarto debate es el del Ingreso Mínimo Garantizado. ¿Es el momento de dar ese paso con un diseño que incentive el empleo y la capacitación? Al fin de cuentas, lo que está en juego es cómo el país transformará su política social pos-covid.
