Redacción BLEl hoy imputado fue capturado en Popayán (Cauca) por orden judicial. Esta persona habría hecho parte del grupo que además de retener a los uniformados, incineraron el vehículo en que ellos se movilizaban.
Al acoger la solicitud de un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, un juez de control de garantías de Bugalagrande (Valle del Cauca) envió a prisión a Jonathan Andrés Ramírez Serna.
De acuerdo con la investigación el procesado habría participado en los hechos ocurridos el 26 de mayo pasado en el municipio de Bugalagrande, durante los bloqueos en el sector de ‘La Y’ del municipio en mención. Ese día, un grupo de personas que harían parte de la autodenominada ‘Primera Línea’ retuvieron ilegalmente a tres integrantes de la Dijin de la Policía Nacional.
En el marco de las indagaciones se logró determinar que los policías fueron objeto de tortura, múltiples lesiones con elementos contundentes y corto punzantes; les habrían hurtado sus celulares, computadores, armas de dotación y documentos, además les arrojaron gasolina e incendiaron el vehículo en el que se transportaban.
Labores de policía judicial le permitieron a la Fiscalía establecer que entre los presuntos autores de dicha conducta se encuentra Ramírez Serna por lo cual fue solicitada su captura, la misma que fue materializada en Popayán (Cauca).
Ramírez Serna fue imputado como presunto responsable de delitos de secuestro simple agravado, tortura agravada, homicidio agravado en grado de tentativa, hurto calificado y daño en bien ajeno agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado.
La Fiscalía habla con resultados.
MAP/MAGA/SMLR/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
