Redacción BL
El pasado martes la plenaria del Senado de Colombia, ratificó el Acuerdo de Escazú, el cual según la Universidad de la Salle, busca regular la participación ciudadana en asuntos ambientales y que está cada vez más cerca de ser aprobado en Colombia. Ante la decisión, se espera que lo vote la Cámara de Representantes y lo firme el presidente Gustavo Petro.
(Senado de la República aprueba el Acuerdo de Escazú).
En medio del debate, se obtuvieron 74 votos a favor y 22 en contra. El autor y ponente de la iniciativa ambiental, fue el senador Iván Cepeda, quien indicó, «ha sido aprobada en segundo debate en el Senado la ratificación del Acuerdo de Escazú por 73 votos favorables contra 23 negativos. Avance en la protección del medio ambiente y el agua en Colombia».
El debate ha sido el primero del nuevo periodo legislativo, que arrancó el pasado 20 de julio. A pesar del apoyo público que le dio el presidente Iván Duque meses atrás, se aplazó en diferentes ocasiones en la anterior legislatura, llegando a culminar su periodo sin ratificar el acuerdo.
La aprobación del Acuerdo deja diferentes opiniones encontradas respecto a las implicaciones económicas que puede llegar a tener este en el país. Para la ex secretaria de los Representantes de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, “hay quienes le temen al Acuerdo de Escazú porque va a impedir inversiones. Este acuerdo puede lograr que las inversiones sean sostenibles, con la participación de las comunidades. Si ellas son parte de la aprobación de un proceso hay más posibilidades de que sean sostenibles ambientalmente y sostenidas en el tiempo”.
(Consejo Gremial pide al Congreso no ratificar Acuerdo de Escazú).
Sin embargo, para Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), asegura que Colombia cuenta con instituciones y normatividad de participación robusta en materia ambiental, “por esto, no necesita del Acuerdo de Escazú y por el contrario este conlleva a graves riesgos como la parálisis de proyectos estratégicos públicos y privados al entregar a organismos multilaterales las solución a diferencias entre los Estados”.
A pesar de las diferentes opiniones que puede generar la decisión tomada por el Senado, para el profesor de economía de la Universidad del Rosario, Alejandro Useche, “la aprobación del Acuerdo de Escazú en colombia, podría generar un mejor clima en los negocios del país y un mayor atractivo en la inversión extranjera, dado que la revisión de las normas jurídicas, le daría un voto de confianza adicional al sector empresarial”.
Por su parte, Germán Machado profesor de economía de la Universidad de los Andes asegura que el acuerdo fija unas reglas generales donde la política ambiental debe moverse en país, protegiendo a las comunidades y a los líderes sociales y ambientales, por lo que Colombia “podría tener inversiones más fuertes en el sector privado” ya que es este “el que asume la mayor parte de los costos de transición”.
Así mismo, para el profesor Machado, “este tipo de acuerdos necesariamente implican, redefinir el modelo productivo colombiano para transitar a una economía sostenible menos fundamentada en combustibles fósiles, y tratar de crear una matriz de generación energética más limpia”.
Al respecto, para el ex ministro de ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, actualmente, los procesos están dirigidos a tomar las mejores decisiones en materia de medio ambiente.
Dado esto, “no existen razones para pensar que el peso de estas decisiones, tengan consecuencias negativas en el ámbito económico, sino por el contrario, tiene consecuencias positivas en la medida de que si se protege al medio ambiente también se protege la actividad económica”, aseguró el ex ministro.
MATERIA AMBIENTAL
Las implicaciones del Acuerdo de Escazú en materia ambiental, podrían resultar siendo favorecedoras para el sector.
De acuerdo con María Eugenia Rinaudo, coordinadora del Laboratorio de Sostenibilidad Territorial, de la Universidad EAN, este “es un paso significativo para promover justicia ambiental y climática, en un territorio dónde prevalecen los conflictos socio-ecológicos”.
Además añadió: “el país debe asegurar el resguardo de la vida ante todo, y este acuerdo supone una herramienta poderosa para que los líderes sociales y ambientales de todas las regiones puedan optar por mecanismos de salvaguarda y proteger no sólo sus vidas, sino la vida del territorio en sí”.
Por su parte, la abogada de la firma M&M (Minería y Medio Ambiente, Estudio Jurídico), Marcela Bayona asegura que el Acuerdo ingresa al ordenamiento colombiano con precisiones que ya existen en el ordenamiento actual, y otras que buscan fortalecer los derechos de publicidad, información y participación ambiental.
“Lo importante es que se siga manteniendo la independencia nacional, y se respeten los principios internacionales sobre la independencia de Colombia, para la toma de estas decisiones ambientales, que le aplican e interesan a todos los Colombianos, quienes sin distinción tenemos todo el derecho a conocer de ellas, hacernos parte y controvertirlas” aseguró la abogada.
¿QUÉ SIGNIFICA EL ACUERDO?
Para Beatriz Ortiz, directora del Observatorio de Economía Circular de Universidad de la Salle, el acuerdo de Escazú, “es una herramienta internacional que busca mejorar la participación ciudadana en temas ambientales y en la protección de los derechos de quienes son líderes en el tema”.
Así mismo, dentro de los objetivos de este acuerdo, según la directora “se busca el acceso a la información ambiental de manera transparente, así como su forma de generación y divulgación. También contempla el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la garantía de los derechos de las personas que apoyan dichos temas”.
DIANA K. RODRÍGUEZ T.
