Redacción BL
Tras varias semanas de discusión entre los coordinadores y ponentes del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la ponencia para primer debate llegó ayer ante las comisiones económicas del Congreso de la República, donde inició su discusión y también su posterior votación.
En estas semanas, el proyecto recibió cerca de 3.000 proposiciones en el Congreso, y el articulado llegó con 358 puntos a las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara. Frente al proyecto original se propuso la eliminación de 22 artículos, mientras que ingresaron 58 artículos nuevos.
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Entre los artículos eliminados está el 20, que sugería que el ICA pasaría al Ministerio de Ambiente, también se eliminó el artículo 31, que contenía disposiciones frente a la organización de la gestión catastral, pero esto también estaba contenido en otro punto del articulado.
Tras un par de horas de discusión en la mañana, y la negación de una proposición de archivo radicada por el Centro Democrático, la votación del proyecto inició hacia el mediodía, y avanzó en bloques. Al cierre de esta edición se tenían aprobados 303 artículos del proyecto, es decir, 84% de la ponencia.
En principio se aprobó un bloque 64 artículos que venían sin proposición en la ponencia y tras ello se votó un bloque de 218 artículos que tenían proposición y quedaron como constancias para su debate en plenarias. Además, se votó la eliminación de 21 artículos. Es decir, se votaron 303 artículos de la ponencia.
Las comisiones acordaron continuar con la discusión del proyecto hoy.
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Entre los 58 puntos nuevos que traía la ponencia, destacan, en particular, las facultades extraordinarias que recibiría el Presidente para reformar varios aspectos normativos. En el artículo 301 se le otorgan facultades por seis meses al primer mandatario para que expida normas con fuerza de ley para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, e incorporarlos al Sistema de Transferencias que crea el Plan de Desarrollo.
El artículo 302 hace lo propio, pero para la recuperación del Hospital San Juan de Dios y entre otras facultades el proyecto incluye disposiciones para que el Presidente pueda crear una entidad pública adscrita al Ministerio de Transporte para el fomento a la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales y también para la creación de una Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Sumado a ello, la ponencia establece que el primer mandatario también tendrá facultades extraordinarias para todo lo relacionado con el Grupo Bicentenario, el holding financiero estatal con el que quieren impulsar la denominada economía popular.
Y se reincorporó en el texto un elemento que había quedado fuera del proyecto radicado, pero sí estaba en los borradores: la facultad extraordinaria para que el Presidente pueda crear un grupo empresarial para el sector eléctrico, integrando a las empresas detrás de las principales centrales eléctricas del país. Estos artículos quedaron excluidos de los bloques y se someterán a votación hoy.
Otro de los puntos nuevos que quedó en el plan está en el artículo 311, que dice que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) adoptará metodologías y modelos de actualización masiva de valores catastrales rezagados, para realizar, por una sola vez, un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país.
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Otra de las propuestas nuevas tiene que ver con el Dane. El artículo 319 establece que la entidad “elaborará y publicará nuevas mediciones de desigualdad en torno a la tierra, la propiedad inmueble, la tenencia de activos financieros y la riqueza en el país”.
En el artículo 324 se establece además que “todas las inversiones y programas proyectados a ejecutarse en las regiones deberán contratar como mínimo el 50% de mano de obra local”, siempre y cuando exista el personal con estas capacidades en las regiones.
El artículo 330, por otra parte, propone la creación de distritos mineros especiales para la diversificación productiva, para “promover la asociatividad entre mineros y mineras de pequeña escala, así como la industrialización a partir de minerales estratégicos”.
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El artículo 333 habla de flexibilixar las inversiones de los operadores de red que hayan cumplido con las metas de calidad del servicio y otorgar mayores plazos para ejecutar dichos planes de inversión. Estas condiciones quedarán definidas por la comisión de regulación de energía y gas (CREG).
Además, en el artículo 337 se indica que la Nación podrá asignar recursos adicionales a la base presupuestal de funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Públicas, sujeto a la disponibilidad presupuestal.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista Portafolio
