En una medida sin precedentes para proteger a más de 11 millones de afiliados, la Superintendencia Nacional de Salud instaló un mecanismo de seguimiento permanente a la Nueva EPS. La decisión, que entró en vigor el pasado 11 de febrero de 2026, establece un control técnico obligatorio con evaluaciones semanales para evitar que las fallas operativas pongan en riesgo la vida de los pacientes.
La instancia de vigilancia está conformada por delegados de la Supersalud, la contraloría de la intervención, el agente interventor de la EPS y su equipo directivo. Su misión es clara: identificar alertas críticas en los territorios, priorizarlas y aplicar correctivos de choque de forma inmediata.
El proceso se basa en el análisis de información verificable para clasificar los riesgos y comprobar la ejecución de los planes de mejora. Hasta la fecha, se han realizado dos sesiones formales (11 y 18 de febrero), cuyos resultados están siendo evaluados para medir el impacto real en la prestación del servicio.
Esta medida cautelar busca frenar conductas que puedan comprometer tanto la salud de los usuarios como el manejo de los recursos del sistema. Con este control estricto, la Superintendencia pretende estabilizar la red de prestadores y fortalecer la articulación entre los actores del sector, en medio de la crisis que enfrenta una de las EPS más grandes del país.
