Una nueva conmoción sacude al país luego de confirmarse que tres adolescentes de 15 y 16 años se encuentran entre las víctimas mortales de la operación militar desarrollada el pasado 27 de agosto en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare. El operativo, dirigido contra una estructura de las disidencias de las FARC liderada por el alias ‘Calarcá’, dejó un saldo de al menos diez fallecidos, de los cuales nueve ya han sido plenamente identificados por el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Según el reporte forense, entre los cuerpos trasladados a las instalaciones de Medicina Legal para los procedimientos de necropsia e identificación, se encuentran cuatro mujeres y cinco hombres. De ese grupo, tres corresponden a menores de edad, lo que ha generado una ola de rechazo y dolor en la opinión pública y ha puesto nuevamente en el centro del debate la grave problemática del reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano.
Las autoridades continúan con el proceso de identificación del décimo cuerpo, para lo cual se están adelantando pruebas de ADN y cotejo de datos antropométricos, con el fin de esclarecer plenamente la identidad de todas las víctimas.
El caso ha reavivado las alarmas sobre la sistemática vulneración de los derechos humanos en las zonas de influencia de los grupos armados ilegales. El uso de menores en combate, en labores de inteligencia o como soporte logístico constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, del cual Colombia es signatario.
Organismos de derechos humanos han reiterado en múltiples ocasiones que el reclutamiento forzado no solo arrebata la niñez a miles de jóvenes, sino que los expone a situaciones de extrema violencia y los convierte en víctimas y victimarios a la vez. En lo que va del año, diversas organizaciones no gubernamentales han documentado un incremento en los casos de menores reclutados en departamentos como Guaviare, Caquetá y Putumayo.
El operativo del 27 de agosto estaba dirigido contra una estructura del denominado Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias que opera bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Esta estructura tiene presencia histórica en la región de la Amazonía y la Orinoquía, donde mantiene economías ilegales relacionadas con la minería ilegal, la deforestación y el narcotráfico.
De acuerdo con fuentes militares, la operación buscaba desarticular células armadas que han venido amenazando a líderes sociales y comunidades indígenas en la zona. Sin embargo, el saldo fatal ha puesto en tela de juicio los procedimientos operativos y la necesidad de extremar los protocolos de protección a la población civil, especialmente cuando hay indicios de presencia de menores en los campamentos.
Ante la magnitud del hecho, el Gobierno Nacional anunció la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional que reunirá a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa. El objetivo de esta instancia será fortalecer las acciones de prevención, investigación y sanción contra las estructuras armadas responsables de captar y utilizar a menores de edad.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo manifestó su “profundo pesar” por la muerte de los adolescentes y reiteró su compromiso con la protección de la infancia en los territorios más golpeados por el conflicto. Asimismo, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato esta práctica inaceptable y permitan el acceso humanitario a las zonas donde aún hay presencia de menores reclutados.
La tragedia de El Retorno no es un hecho aislado, sino un eslabón más de una cadena de violencia que sigue cobrando vidas jóvenes en el país. Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que el Estado debe priorizar rutas de prevención y desvinculación, así como garantizar la reparación integral de quienes logran salir de las filas de los grupos armados.
Mientras avanzan las investigaciones forenses y judiciales, el país lamenta la pérdida de tres adolescentes cuya vida fue truncada en medio de un conflicto que no eligieron y que, una vez más, demuestra que los más vulnerables son siempre los primeros en pagar las consecuencias.
Nota: Esta publicación es de carácter informativo, basada en los reportes oficiales de Medicina Legal y los pronunciamientos del Gobierno Nacional. Las cifras y declaraciones corresponden a la información disponible al cierre de esta edición y podrán ser actualizadas conforme avancen las investigaciones.
