En los últimos meses, los 200.000 subsidios para vivienda de interés social y No VIS del Gobierno han sido el centro de atención para las familias colombianas, como una alternativa para que más hogares puedan tener su casa propia, al punto que, desde mayo, se han entregado ya 22.000 subsidios.
(En marcha la Política Pública de Vivienda Rural).
Si bien este tipo de apoyos resulta muy llamativo para quienes viven en las grandes urbes o ciudades intermedias, en el campo el panorama es diferente. Esta semana el Ministerio de Vivienda presentó, por medio del Decreto 1341 de 2020, la política de vivienda rural, un programa que espera beneficiar a 36.799 hogares entre 2020 y 2022, con la entrega de 10.299 viviendas nuevas y 26.500 mejoramientos habitacionales.
De acuerdo con el Ministerio, 2,3 millones de hogares rurales se encuentran en déficit de vivienda, lo que representa el 37% de los hogares del país.
A nivel nacional se registra un ‘déficit cuantitativo’ de vivienda de 10%, que se refiere a hogares que requieren un inmueble totalmente nuevo. En el caso del sector rural este indicador asciende a 24%.
En lo que tiene que ver con la calidad de las casas, las viviendas que requieren mejoramientos para garantizar condiciones de habitabilidad, o lo que se entiende como ‘déficit cualitativo’, a nivel nacional registra un índice de 27%, pero para quienes viven en el campo es de 57%.
De allí la decisión de la cartera de presentar no solo un programa, sino una política para reducir estas carencias en el campo colombiano, y mejorar la calidad de vida de los hogares rurales por medio de soluciones de vivienda digna.
LAS BASES DE LA POLÍTICA
Dentro de los elementos que incorpora la normativa se tiene la creación de un Índice de Focalización de Vivienda Rural (IFVR), a través del cual se clasificaron los 1.122 municipios del país en dos grupos: rojo y verde, a partir de sus condiciones socioeconómicas, poblacionales y productivas, siendo rojos los de indicadores más críticos.
Otro punto de la política es el aumento del valor de los Subsidios de Vivienda Rural, hasta 70 salarios mínimos mensuales vigentes (cerca de $61 millones) en el caso de la vivienda nueva, y de 22 salarios mínimos (cerca de $19 millones).
Otro de los elementos de este programa es la promoción de zonas específicas, gracias a la identificación de 169 posibles clústers geográficos, lo que permite la contratación de empresas regionales y mano de obra local.
“Presentamos lo que será durante la próxima década la política de construcción de vivienda en el campo. Esta política tiene una particularidad, fueron más de 990 los alcaldes que se sumaron al diseño de la misma; recibimos todos los insumos y comentarios, algo muy valioso”, mencionó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL PARA EL CAMPO
A la par con la presentación de la política, y en el marco de ella, el Ministerio presentó el programa de ‘Vivienda social para el campo’, a través del cual se entregarán en los próximos dos años las 10.299 unidades de vivienda nueva contempladas en la política.
Sin embargo, es importante tener claro que este no es un subsidio monetario directo para las familias, sino que es una convocatoria pública y abierta en la que puedan participar todas las alcaldías y gobernaciones del país que deseen cofinanciar y desarrollar proyectos de construcción de vivienda nueva en sus territorios. Para lo cual deberán postular sus proyectos ante esa cartera antes del 24 de noviembre de 2020.
Para esta primera convocatoria el Ministerio dispuso de una bolsa de recursos por $161.000 millones y permite la unión entre dos y cinco municipios de un mismo departamento para la presentación de las propuestas, que debe abarcar mínimo 200 hogares por grupo de entidades territoriales. La asignación de recursos se priorizará según el Índice de Focalización de Vivienda Rural.
