· Durante el desarrollo de la operación, se logró la captura de alias “El Mono”, presunto integrante de GAO “ELN” y encargado de coordinar acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública y la población civil.
En desarrollo de operaciones conjuntas entre la Armada de Colombia y el Ejército Nacional y en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de cuatro sujetos, presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado – GAO “ELN”, así como la incautación de armamento, material de intendencia y equipos de comunicaciones en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.
El procedimiento se llevó a cabo en el área general de San Cipriano, zona rural de Buenaventura, donde tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 junto a uniformados del Batallón de Alta Montaña No. 3 del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, hicieron efectiva una orden de allanamiento a un inmueble, donde se logró la captura de cuatro sujetos y la incautación de una granada, dos fusiles, un revólver, 9 proveedores y 88 cartuchos de diferentes calibres; así como material de intendencia y equipos de comunicación, los cuales eran utilizados para realizar acciones criminales en esta zona del país.
De acuerdo con información proporcionada por Inteligencia Naval, uno de los individuos conocido como alias “El Mono”, sería el encargado de realizar actividades de cobros extorsivos y coordinar acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública y la población civil en la región.
El personal capturado y material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía 53 especializada de Buenaventura, para adelantar los procedimientos pertinentes.
La Armada de Colombia, continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas orientadas a debilitar las estructuras criminales y contrarrestar las acciones terroristas que afectan la seguridad y estabilidad de las comunidades en el Pacífico colombiano.
Luisa Navia
Cae presunto secuestrador en Buenaventura: estaría implicado en plagio de dos viajeros en zona rural
El detenido, identificado como José Manuel Mina, fue capturado por el CTI y el Gaula Militar en el parque Cisneros; la Fiscalía le imputó el delito de secuestro extorsivo por hechos ocurridos en septiembre de 2025.
Buenaventura – En un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Gaula Militar, fue capturado José Manuel Mina, señalado de participar en un secuestro extorsivo ocurrido en septiembre de 2025 en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.
La detención se produjo en el parque Cisneros, uno de los puntos más concurridos del puerto, en cumplimiento de una orden judicial emanada por un juez de control de garantías. Mina, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
De acuerdo con el material de prueba recaudado por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando dos ciudadanos que se desplazaban hacia Cali fueron interceptados por hombres armados en el corregimiento de Aguaclara, jurisdicción de Buenaventura.
Las víctimas, según el expediente, fueron abordadas por varios sujetos que las obligaron a descender del vehículo en el que se transportaban. Posteriormente, fueron trasladadas a la fuerza hasta una vivienda abandonada en la misma zona rural, donde permanecieron cautivas mientras los delincuentes se comunicaban con sus familiares para exigir dinero a cambio de su liberación.
El angustioso episodio tuvo un desenlace favorable gracias a la rápida acción de las autoridades. Un operativo coordinado entre la Infantería de Marina y el Gaula Militar logró ubicar el lugar de cautiverio y rescatar a las dos víctimas con vida, aunque los captores lograron huir inicialmente.
La investigación no se detuvo con el rescate. Los investigadores adelantaron un proceso de reconocimiento fotográfico con testigos y personas cercanas al caso, lo que permitió establecer la identidad de José Manuel Mina como uno de los presuntos responsables del plagio.
Con la orden de captura en firme, unidades del CTI y el Gaula Militar desplegaron un operativo de vigilancia y seguimiento que culminó con la detención del señalado delincuente en el parque Cisneros, en pleno corazón de Buenaventura.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Mina el delito de secuestro extorsivo, cargo que el procesado rechazó. Pese a su negativa, un juez con funciones de control de garantías consideró que existían elementos suficientes para dictar medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que deberá permanecer recluido mientras se define su situación jurídica.
El caso de José Manuel Mina es apenas un eslabón en la compleja cadena de violencia que afecta a Buenaventura, principal puerto de Colombia sobre el Pacífico y territorio históricamente disputado por grupos armados organizados y bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el secuestro.
Las autoridades han intensificado los operativos en la zona, especialmente en corredores viales como el que conecta a Buenaventura con Cali, donde confluyen el comercio legal, el contrabando y las economías ilegales. La captura de Mina representa un golpe contra las estructuras dedicadas al secuestro, aunque persiste el desafío de garantizar la seguridad de los viajeros y habitantes de esta estratégica región del país.
Advertencia de última hora: Procuraduría alerta sobre 16 candidatos al Congreso que estarían inhabilitados para las elecciones
A menos de 24 horas de la jornada electoral, el Ministerio Público entregó un listado con nombres de aspirantes a Cámara y Senado que tendrían sanciones disciplinarias en firme; la decisión final está en manos del CNE.
Bogotá – En una alerta que sacude el cierre de la campaña legislativa, la Procuraduría General de la Nación advirtió que 16 aspirantes al Congreso de la República presentarían inhabilidades para participar en las elecciones de este 8 de marzo. El anuncio, realizado a pocas horas de la apertura de los comicios, enciende las alarmas sobre la legalidad de varias candidaturas que podrían estar en riesgo de ser revocadas.
El organismo de control informó que el listado con los nombres de los candidatos cuestionados fue remitido desde diciembre de 2025 al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional del Estado Civil. La advertencia surge tras una exhaustiva revisión de más de 3.000 candidaturas a cargos de elección popular, en la que se cruzó información con el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), con corte al 17 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el informe de la Procuraduría, once de los aspirantes señalados corresponden a candidaturas a la Cámara de Representantes y cinco al Senado de la República. La entidad precisó que el listado se basa en sanciones disciplinarias que ya se encuentran en firme, lo que constituye una causal objetiva de inhabilidad para ocupar cargos de elección popular.
Entre los nombres revelados por el Ministerio Público para la Cámara de Representantes figuran:
- Gloria Patricia Fernández Escobar
- Alcíber Atuesta Pinillos
- Fabián Leonardo Arenas
- Juan Miguel Valdez Mendoza
- Harbey Adolfo Montoya Rodríguez
- Kelly Rojas Betancourt
- Danilo Alberto Castillo Mejía
- Abel Antonio Suárez Iglesia
- Yamit Quiacha Monroy
- Jhon Pahuer Toledo Vásquez
- Víctor Hugo Vidal Piedrahíta, exalcalde de Buenaventura
En el caso del Senado de la República, el reporte incluye a:
- Nilson Antonio Liz Marín
- Jonathan Alexander Osorio Chacón
- Andrés Felipe Ríos Giraldo
- Ricardo Monroy Benítez
- Fabián José Arrieta Aldana
La Procuraduría fue clara en señalar que su función se limita a la advertencia y a poner a disposición de las autoridades electorales la información disponible. Será el Consejo Nacional Electoral, como máximo tribunal en materia electoral, el encargado de evaluar cada caso de manera individual y definir si las candidaturas pueden continuar o si, por el contrario, deben ser revocadas antes de que los ciudadanos depositen su voto, o incluso después, mediante una impugnación de los resultados.
La situación genera un ambiente de incertidumbre a menos de un día de que los colombianos acudan a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso. La pregunta que queda en el aire es si el CNE alcanzará a pronunciarse sobre todos los casos antes del cierre de la jornada electoral o si algunos de estos aspirantes llegarán a los comicios con su situación jurídica en un limbo, dejando en vilo el futuro de sus curules y los votos que puedan recibir.
Las autoridades electorales enfrentan ahora una carrera contrarreloj para revisar cada situación antes de la apertura de las mesas de votación, en un proceso que pone a prueba los mecanismos de control y transparencia del sistema electoral colombiano.
Reorganización de EPS en Colombia: Gobierno redefine cobertura territorial en medio de advertencias del gremio hospitalario
El Ministerio de Salud expidió el Decreto 0182 de 2026, una norma que reorganiza la operación de 20 Entidades Promotoras de Salud en los 1.102 municipios del país, estableciendo en qué territorios podrán seguir operando las aseguradoras y generando el traslado de afiliados hacia las EPS autorizadas en cada zona.
Bogotá – En una movida que busca reordenar el mapa del aseguramiento en salud, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0182 de 2026, una norma que redefine la presencia territorial de las EPS en todo el país. La medida, emitida por el Ministerio de Salud, establece un nuevo esquema de operación para 20 aseguradoras en los 1.102 municipios de Colombia, lo que implica el traslado obligatorio de afiliados hacia las entidades autorizadas para operar en cada jurisdicción.
La decisión gubernamental, que busca optimizar la cobertura y la calidad del servicio, no tardó en generar reacciones. A través de una carta fechada el 2 de marzo de 2026 y dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) expresó su profunda preocupación por los posibles efectos de esta reorganización en el ya frágil funcionamiento del sistema de salud.
En el documento, el gremio que agrupa a hospitales y clínicas del país reconoce que “una reorganización territorial del aseguramiento podría ayudar a mejorar el acceso de los usuarios y equilibrar el sistema en condiciones normales”. Sin embargo, la misiva enfatiza que el contexto actual del sector salud dista mucho de ser normal y presenta múltiples complejidades.
La ACHC sustentó sus aprensiones con datos concretos sobre el estado del aseguramiento en Colombia. Según la carta, actualmente existen 28 EPS habilitadas en el país. De estas:
- Ocho se encuentran bajo medida de intervención.
- Dos están en vigilancia especial.
- Dieciocho operan sin medidas especiales (con corte a junio de 2025).
A pesar de este número de entidades, la situación financiera y operativa es crítica. El gremio advierte que solo dos EPS cumplen con los indicadores de permanencia establecidos, y juntas representan menos del 1% de la población afiliada. Este dato enciende las alarmas sobre la capacidad real del sistema para absorber y gestionar el flujo de usuarios que implicará la reasignación territorial.
El panorama se agrava al considerar la situación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). La asociación indicó que muchas de ellas enfrentan serias dificultades financieras debido a los persistentes retrasos en los pagos por los servicios prestados por parte de las aseguradoras. Esta situación, según el gremio, “en algunos casos ha obligado a limitar la atención o reducir capacidad por falta de insumos”, lo que compromete directamente la calidad y oportunidad de la atención a los pacientes.
Ante este escenario de fragilidad, la ACHC lanza una advertencia crucial: algunas entidades podrían tener serias dificultades para asumir el traslado masivo de afiliados que ordena el nuevo decreto y, por ende, para garantizar la estabilidad de la red de atención.
De manera particular, el gremio señaló su preocupación sobre Nueva EPS, cuestionando su capacidad para responder a las obligaciones actuales y, más aún, para hacer frente a una eventual ampliación significativa de usuarios como consecuencia de la reorganización territorial.
El Decreto 0182 de 2026 se implementa en un momento de alta tensión para el sistema de salud colombiano, marcado por debates sobre su sostenibilidad financiera, la calidad del servicio y las repetidas crisis de liquidez que afectan tanto a EPS como a IPS. Mientras el Gobierno busca, con esta reordenación, poner orden en el mapa del aseguramiento, el gremio hospitalario pide cautela y advierte que, sin un análisis profundo de la capacidad real de las entidades receptoras, la medida podría terminar por agravar los problemas de acceso y atención para millones de colombianos.
La carta de la ACHC se convierte así en un llamado de atención al ministro Jaramillo para que, en la implementación del decreto, se consideren las graves vulnerabilidades del sistema y se tomen medidas que protejan tanto a los pacientes como a la red hospitalaria que los atiende. La respuesta del Ministerio y los pasos a seguir en este proceso de reasignación masiva de afiliados serán determinantes para el futuro inmediato de la salud en Colombia.
Tensión en la Ruta al Pacífico: Hallan cilindros abandonados en carretera a Buenaventura
Dagua, Valle del Cauca. Un ambiente de tensión se vive en la principal arteria vial que conecta el suroccidente colombiano con el mar. Conductores y viajeros que se movilizaban por la vía que comunica a Cali con el puerto de Buenaventura alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de varios cilindros abandonados en medio de la carretera, específicamente en un tramo rural ubicado después del casco urbano del municipio de Dagua.
El descubrimiento, que tuvo lugar en las últimas horas, ha encendido las alarmas entre los transportadores de carga y pasajeros que a diario recorren esta corredor, vital para el comercio exterior y la movilidad de la región. Según los primeros reportes de los testigos, los elementos, que por sus características podrían ser artefactos explosivos improvisados, yacían a un costado de la vía, generando un inmediato operativo de prevención.
UBICADO UN DEPÓSITO ILEGAL DE EXPLOSIVOS AL PARECER PERTENECIENTE AL GAO-R “IVAN RÍOS”
En desarrollo de operaciones ofensivas en contra de los grupos armados ilegales que delinquen en el Pacífico sur colombiano, la Armada de Colombia en coordinación con la SIJIN de la Policía Nacional y con el apoyo de HSI – Homeland Security Investigations, agencia investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ubicaron un depósito ilegal con material explosivo en zona rural del municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño.
La operación inició cuando tropas del Gaula Militar de Tumaco durante labores de registro y control militar de área en la vereda La Espriella, zona rural del municipio de San Andrés de Tumaco, lograron la ubicación de un depósito ilegal de explosivos, hallando en su interior 16 costales que contenían aproximadamente 970 kilogramos de material explosivo de fabricación artesanal, al parecer perteneciente al Grupo Armado Organizado residual – GAO-r, Estructura “Iván Ríos”.

Posteriormente, peritos especializados de la SIJIN de la Policía Nacional en Tumaco realizaron las respectivas pruebas de detonabilidad en el lugar, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de explosivos, determinando que se trataba de una sustancia explosiva que presuntamente sería empleada para la elaboración de Artefactos Explosivos Improvisados – AEI, los cuales, al parecer iban a ser utilizados en contra de la Fuerza Pública y la población civil.
Una vez adelantados los procedimientos técnicos correspondientes, el material fue destruido de manera controlada en el sitio mediante el procedimiento de decantación, evitando así su utilización para acciones terroristas y mitigando el riesgo para la población civil y las tropas que operan en la zona.
La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la protección de las comunidades, mediante el despliegue permanente de tropas que permitan afectar contundentemente a los grupos armados ilegales y velar por la seguridad de los habitantes del Pacífico colombiano.
Soldados son judicializados por vil asesinato de un perro en base militar de Buenaventura”
En un hecho que ha repudiado a la opinión pública y reafirma el compromiso de las autoridades con la protección de los animales, la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), logró la judicialización de tres soldados acusados de asesinar brutalmente a un perro recién nacido en una instalación militar.
Los procesados fueron identificados como Abel José Meza Gómez, Jorge Luis Benavides Alvear y John Sebastián Fajardo Padilla, quienes hacen parte de la Infantería de Marina. Según el ente acusador, los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero en un Puesto Avanzado ubicado en inmediaciones del aeropuerto de Buenaventura, Valle del Cauca.
De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Fiscalía, los uniformados habrían encontrado al canino, un cachorro recién nacido, en medio de la vegetación del sector. Lejos de brindarle auxilio o protección, la vida del animal terminó en cuestión de minutos a manos de quienes, por su investidura, deberían velar por la vida y la convivencia.
Las investigaciones detallan que el soldado Abel José Meza Gómez habría sujetado al perro a la fuerza para someterlo, mientras que John Sebastiaj Fajardo Padilla, presuntamente, lo atacó con un machete, causándole la muerte de forma inmediata. Paralelamente, Jorge Luis Benavides Alvear es señalado de haber grabado con su teléfono móvil toda la secuencia de la agresión y, posteriormente, de compartir el video a través de chats de mensajería instantánea con sus contactos, convirtiendo el crimen en un macabro objeto de entretenimiento.
Gracias a un operativo coordinado entre la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional, los tres soldados fueron capturados y puestos a disposición de un juez penal de control de garantías. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó el delito de muerte animal agravada, un tipo penal que cobra mayor fuerza con la creación de unidades como GELMA, dedicadas exclusivamente a perseguir este tipo de conductas.
Ante los señalamientos, el soldado John Sebastián Fajardo Padilla decidió aceptar los cargos imputados, por lo que continuará vinculado a la investigación en espera de la sentencia correspondiente. En contraste, Abel José Meza Gómez y Jorge Luis Benavides Alvear no aceptaron su responsabilidad, por lo que el juez, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.
Este caso marca un hito en la lucha contra el maltrato animal en contextos de fuerzas militares, donde se espera una conducta ejemplar por parte de sus miembros. La rápida acción de GELMA demuestra que la violencia contra los seres sintientes no será tolerada y que quienes cometan estos actos, sin importar su investidura, enfrentarán todo el peso de la ley.
El vil asesinato de este cachorro, que apenas comenzaba a vivir, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la necesidad de educar en el respeto por la vida en todas sus formas, mientras los procesados ahora deberán responder ante la justicia por su crueldad.
Atlántico: El llanto de dos niñas que clama por justicia y el fin de la impunidad
Una sombra de luto y una ola de indignación sacuden al departamento del Atlántico y se extienden como un reguero de pólvora por todo Colombia. El asesinato de dos hermanas menores de edad no es solo una estadística más en el doloroso registro de crímenes del país; es una herida profunda que expone la crudeza de la violencia y la vulnerabilidad extrema de nuestra niñez.
Más allá del hecho en sí, que ya es de por sí atroz, hay un elemento que ha calado hondo en la psique colectiva y ha desatado una reacción visceral en la opinión pública. Se trata de una imagen, un registro del horror que circula en redes y medios, en el que se aprecia el miedo palpable y la súplica desesperada de una de las víctimas. En esa imagen, según quienes la han visto, quedó congelado el instante en que una vida imploraba no ser arrebatada. Esa estampa, de una crudeza conmovedora, ha roto la burbuja de indiferencia y ha puesto un rostro, una mirada de terror, al frío concepto de “crimen”.
Ver el miedo hecho imagen es un recordatorio brutal de que detrás de las cifras hay latidos, sueños y, en este caso, una súplica que fue ignorada. Esa postal del dolor se ha vuelto un símbolo de la indefensión y ha encendido la mecha de la ira ciudadana.
Ante la magnitud del horror, la sociedad atlanticense y colombiana ha pasado del estupor a la exigencia. Las voces que claman justicia no se conforman con la mera captura de los responsables; exigen que se aplique todo el peso de la ley en su máxima expresión. La petición es unánime: celeridad en las investigaciones y la imposición de las penas más severas contempladas en el código penal colombiano para crímenes tan atroces.
Sin embargo, el debate ha trascendido la aplicación de las normas existentes. Un sector importante de la ciudadanía ha comenzado a cuestionar si las penas actuales son suficientes para castigar, pero sobre todo para disuadir, a quienes son capaces de masacrar la inocencia. Se abre así un necesario y complejo debate sobre el endurecimiento de las penas, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, un sector de la población que el Estado tiene la obligación prioritaria de proteger.
¿Son las condenas actuales un verdadero factor de disuasión? La recurrencia de estos crímenes parece indicar que no. La sociedad, herida y cansada, pide medidas ejemplares que manden un mensaje claro e inequívoco: atentar contra la vida de un niño o una niña tendrá las consecuencias legales más graves imaginables.
Hoy, el departamento del Atlántico está de luto. Pero no es un luto silencioso y privado; es un duelo público, ruidoso y lleno de rabia contenida. Es el luto de una comunidad que se siente vulnerada y traicionada por la violencia que le arrebata a sus hijos. Es el dolor de un país entero que se ve reflejado en la tragedia de dos hermanas y que se niega a aceptar que la impunidad siga siendo la sombra que acompaña estos crímenes.
La exigencia es clara y potente: que este crimen no quede impune. Que los responsables, quienes arrebataron la vida a estas dos niñas y condenaron a una familia al dolor eterno, paguen no solo con la cárcel, sino con el repudio total de una sociedad que no olvida.
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, la memoria de las pequeñas víctimas, encapsulada en esa dolorosa imagen, se convierte en un faro que debe guiar la acción de la justicia. Que el miedo reflejado en sus ojos sea el motor para que el Estado y la sociedad trabajen incansablemente para garantizar que ninguna otra niña, ningún otro niño, tenga que suplicar por su vida en vano. La paz del Atlántico y la conciencia del país dependen de ello.
BALACERA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO: DOS MUERTOS Y VARIOS HERIDOS DEJA ATAQUE EN BUENAVENTURA
Buenaventura, Valle del Cauca. Una nueva noche de violencia sacudió al distrito de Buenaventura tras registrarse una grave alteración del orden público en el barrio San Francisco. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, un ataque a bala ocurrido durante el día anterior dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas y varios heridos, además de la captura de algunos involucrados.
La comunidad del sector reportó a las líneas de emergencia la detonación de múltiples disparos, lo que generó pánico entre los residentes y obligó a un despliegue inmediato de unidades de la Policía Nacional para restablecer el control en la zona.
Las autoridades confirmaron la identidad de las dos víctimas mortales:
- Cristian Brayan Castro Potes, quien falleció en el lugar de los hechos tras recibir varios impactos de bala durante el ataque inicial.
- Daniel Rentería, de 20 años, quien fue auxiliado por la comunidad y trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció minutos después de ingresar al hospital.
Además de las víctimas fatales, el ataque dejó un número aún no precisado de personas heridas, algunas de las cuales permanecen bajo observación médica. Las autoridades no han revelado sus identidades ni el estado de salud actual mientras continúan las investigaciones.
Tras conocerse los hechos, unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en el barrio San Francisco para acordonar la zona, iniciar las primeras indagaciones y capturar a algunos de los presuntos responsables que intentaban huir del lugar.
Fuentes oficiales indicaron que los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su proceso de judicialización. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los detenidos ni su posible participación en los hechos.
Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales que operan en la comuna, aunque las autoridades no descartan otras líneas de investigación. El barrio San Francisco ha sido escenario en el pasado de disputas territoriales por el control de economías ilegales.
Con este nuevo hecho de sangre, Buenaventura continúa enfrentando los embates de la violencia urbana. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables que lograron huir.
BUENAVENTURA BLINDARÁ SUS ELECCIONES: FUERZA PÚBLICA CUBRIRÁ TOTALIDAD DE PUESTOS DE VOTACIÓN EL 8 DE MARZO DE 2026
Buenaventura, Valle del Cauca. El Distrito de Buenaventura ya se prepara para garantizar una jornada democrática en paz y sin contratiempos. En un consejo de seguridad ordinario liderado por la Alcaldía Distrital, las autoridades locales y la fuerza pública afinaron los últimos detalles del Plan Democracia, el dispositivo institucional que regirá el próximo 8 de marzo de 2026.
El principal objetivo del encuentro fue revisar la capacidad operativa y logística para asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad, tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales de este estratégico puerto sobre el Pacífico colombiano.
Durante la sesión, se verificó el esquema de coordinación entre las diferentes fuerzas del Estado. La Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ejército Nacional trabajarán de manera conjunta para cubrir la totalidad de los puestos de votación habilitados en el Distrito.
La secretaria de Gobierno (e) y asesora del Despacho, Dayana Conrado, confirmó el alcance del operativo y envió un mensaje de confianza a la ciudadanía:
“Nuestra fuerza pública estará en todos los puntos de votación garantizando el orden público y la seguridad de las personas”.
Conrado destacó que el despliegue incluye especial atención en los corregimientos y veredas de difícil acceso, donde la presencia de la Armada y el Ejército será clave para contrarrestar cualquier intento de perturbación del certamen electoral por parte de grupos armados que históricamente han hecho presencia en la región.
Una de las decisiones más importantes que surgió del consejo de seguridad es que, hasta el momento, se descarta cualquier reubicación de puestos de votación. Esto significa que los ciudadanos podrán acudir a los lugares asignados inicialmente, lo que brinda certeza y evita confusiones el día de los comicios.
El proceso electoral contará además con el acompañamiento del Ministerio Público (Personería y Procuraduría) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidades que realizarán seguimiento en tiempo real y estarán atentas a cualquier novedad durante la jornada para garantizar la transparencia del proceso.
En cuanto a la logística del día de votación, la Registraduría recordó a los ciudadanos las reglas básicas para sufragar sin inconvenientes:
- Horario de votación: Los puestos estarán habilitados desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., sin interrupción.
- Cierre de la jornada: Es importante tener en cuenta que solo podrán votar las personas que hayan entregado su cédula al jurado de votación antes de las 4:00 p.m., independientemente de si se encuentran en la fila al llegar esa hora.
- Anticipación: Se recomienda a los votantes acudir con tiempo suficiente para evitar contratiempos y aglomeraciones de última hora.
Con este consejo de seguridad, Buenaventura reitera su compromiso con la democracia y se alista para vivir una jornada electoral ejemplar, donde la seguridad y la participación ciudadana sean las protagonistas.