El juez 53 de control de garantías de Bogotá envió a prisión a los primeros tres capturados por las irregularidades en el cuestionado contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados.
El despacho dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros y el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana.
Aunque el abogado de este último había pedido que si era privado de la libertad fuera enviado a una unidad militar de Malambo (Atlántico), el juez negó esa solicitud y señaló que debe permanecer detenido en medio de las máximas condiciones de seguridad.
(Vea: Karen Abudinen se declararía víctima en caso contra Centros Poblados).
El despachó libró la orden de detención contra Tapia Aldana y lo envió a la cárcel Modelo de Bogotá.
El juez cuestionó que de la noche a la mañana y casi por arte de magia los vinculados al proceso contractual consiguieron las garantías que necesitaban para avanzar en la firma del contrato.
“Como es que no se dan cuenta que mágicamente aparecieron de un momento a otro unas garantías para lograr la firma del contrato y la entrega del anticipo”, dijo el funcionario judicial.
El juez acogió la petición de la Fiscalía, que fue apoyada por la Procuraduría, para que los tres detenidos fueran privados de la libertad con el fin de impedir que pudieran obstruir la investigación.
(Vea: Se hundió la moción de censura contra Karen Abudinen).
El funcionario judicial dio crédito a las evidencias de la Fiscalía y a las declaraciones de los testigos que han declarado ante el ente acusador.
A lo largo de su decisión el juez hizo cuestionamientos al procedimiento que se registró en el Mintic y al hecho de que no se hubieran verificado antes las garantías y su legalidad.
El juez compulsó copias para que se investigue disciplinariamente a Adriana Meza, exsecretaria general de Mintic y Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual, por las presuntas irregularidades en la revisión de los documentos y el control que tenían que tener sobre ese proceso contractual.
(Vea: No es el momento).
El miércoles la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra cinco personas vinculadas a la investigación disciplinaria entre ellas esas dos exfuncionarias.
El abogado Iván Cancino, representante del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), apoyó la investigación de la Fiscalía y pidió que se ordene el embargo de los bienes de los capturados por las irregularidades en el millonario contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.
Cancino se presentó a la audiencia como abogado de víctima y se refirió a la investigación de la Fiscalía.
Indicó que hay evidencias de que los capturados pudieron cometer los delitos imputados y que quedó claro que Tapia era «el hombre de atrás» de los contratos y así lo demuestran las reuniones que sostuvo en Bogotá y Medellín para la estructuración del proceso.
Igualmente, señaló que el interés de la víctima es recuperar el dinero que fue entregado como anticipo (70.000 millones de pesos que había alcanzado a desembolsar el Mintic), por lo que insistió en las medidas cautelares sobre los bienes de los capturados para evitar que los vendan.
El representante de la Procuraduría General señaló que Centros Poblados no consiguió las pólizas que necesitaba para poder firmar el contrato y que presentó documentos falsos para intentar subsanar esa situación.
Por eso, dijo el funcionario, la Fiscalía acertó en la imputación de cargos realizada.
Coincidió en que quien estaba atrás de las empresas que conformaron la unión temporal era Emilio Tapia, y que frente a la situación de no conseguir las pólizas acudieron a personas «probablemente expertas» en la falsificación de documentos.
(Vea: Las presidenciales).
Dijo que al observar que en una primera ocasión el documento falso no fue detectado, acudieron al mismo mecanismo en otras dos oportunidades, con el fin de inducir en error a los funcionarios encargados de la adjudicación y suscripción del contrato.
El procurador agregó que en el caso de Tapia, quien tiene tres condenas en su contra por hechos de corrupción, se requiere de la medida de aseguramiento en centro carcelario para evitar que persista la conducta delictiva.
Culminó señalando también que para evitar que se intente obstruir el proceso los tres capturados deben ir a la cárcel.
JUSTICIA – EL TIEMPO
