Redacción BL
El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, reiteró que el Gobierno realiza una ejecución ordenada y visible en la implementación del Acuerdo y que, pese a la pandemia, no se ha detenido la atención a las víctimas, a los excombatientes, a los campesinos que sustituyen sus cultivos ni a otras poblaciones vulnerables.
Archila habló de las consideraciones presentadas en el informe trimestral que entregó Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, y resaltó los aspectos positivos que se han alcanzado en la actual administración.
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“El informe destaca la alta capacidad que ha tendido el gobierno Duque para enfrentar la pandemia en cuanto al manejo gradual de regreso a la normalidad. No es cierto que los programas se hayan visto afectados; de hecho, hemos continuado trabajando pese a las dificultades, con convicción y compromiso, para sacar adelante nuestra política de Paz con Legalidad, que es la manera en la que este Gobierno implementa el Acuerdo”, resaltó el consejero.
Agregó que con la política de Paz con Legalidad se han generado buenos resultados; especialmente hacia la protección a las víctimas durante la pandemia, la atención a cerca de 13 mil excombatientes que dejaron las armas, los pagos y suministros de insumos para cerca de 100 mil familias que abandonaron los cultivos de la coca, y el fortalecimiento de la planeación de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza.
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En síntesis, explicó que “estamos dando un impulso significativo para reactivar las zonas más vulnerables, para llegar con el desarrollo rural integral de manera oportuna y eficaz, tema que debían darse con o sin el Acuerdo de Paz, como lo ha señalado el presidente Duque”.
De la misma manera, indicó que la administración actual acoge el informe del secretario general como el apoyo a una gestión “seria, visible y transparente” y mencionó que el Instituto Kroc, un organismo de seguimiento de la implementación, ha resaltado el esfuerzo colombiano como un trabajo “comparable con los procesos de paz más exitosos del mundo”.
Ninguno de los homicidios contra antiguos militantes de las Farc ha sido cometido por su condición de excombatiente; hay un compromiso real del Estado para su protección
Trabajo durante la pandemia
Archila señaló que han identificado a las poblaciones más vulnerables para atenderlas durante la crisis: “pusimos en marcha protocolos para agilizar los pagos, entregar apoyos como mercados y provisiones y garantizar la atención médica”. Además, la Unidad de Víctimas fortaleció los mecanismos de atención a desplazamientos y entrega de ayudas humanitarias.
También se refirió al apoyo a los excombatientes de las Farc; para el 30 de junio, el 95 % de los excombatientes estaban afiliados al sistema de salud y recibieron kits de protección para 3 mil de ellos que están en las ciudades y para otros 3 mil que están en los Antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (AETCR)”, subrayó.
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Según la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, se valora que el Gobierno fortalezca las medidas de prevención y protección para garantizar la seguridad de los excombatientes en proceso de reincorporación, así como el trabajo en la investigación y judicialización de los autores materiales e intelectuales en los casos de desaparición, homicidio y tentativa de homicidio de los reincorporados.
También se mencionó el incremento de la actividad criminal de grupos armados ilegales durante la pandemia para atacar a los excombatientes. Al respecto, Archila destacó que se han aumentado las medidas de seguridad en las áreas donde están ubicados los AETCR con el Ejército y la Policía Nacional.
Además, resaltó que las acciones contra los reincorporados han sido generadas por el narcotráfico: “Según la fiscalía, el 75 % de excombatientes ha sido víctima de las disidencias, el Eln, el clan del golfo y otras organizaciones criminales ligadas al narcotráfico”, sostuvo y aclaró que “ninguno de los homicidios contra antiguos militantes de las Farc ha sido cometido por su condición de excombatiente; hay un compromiso real del Estado para su protección”.
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En Colombia, hay un agente de policía por cada 500 habitantes y un agente de policía por cada 10 excombatientes. De 195 casos de homicidio, hay 105 procesos avanzados y condenas efectivas.
Reincorporación económica
Según lo informó la Consejería, la implementación de la Paz con Legalidad avanza sin interrupciones ni inconvenientes. El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) ha aprobado 57 proyectos que vinculan a 2.712 personas (1.935 Hombres y 777 Mujeres) en proceso de reincorporación por valor de $ 30.570 millones.
Por otra parte, en cuanto a la atención que han recibido las personas que están fuera de los antiguos ETCR en el marco de la pandemia, se enfatizó en que el acceso y reconocimiento de los beneficios socio económicos dirigidos a los exintegrantes de las Farc se han reconocido independientemente de su ubicación. Así mismo, se resaltó el avance de los PDET; los recursos del OCAD Paz (recursos de regalías) ascienden a $ 2,3 billones para adelantar 376 proyectos.
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No hay razón alguna para creer que la pandemia pueda comprometer los recursos previstos para este fin
Recursos en la implementación
Respecto del informe, el consejero dio un mensaje de tranquilidad sobre la disponibilidad y el manejo de los recursos para mantener el ritmo de la política de Paz con Legalidad y la implementación del Acuerdo.
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“El presidente Duque ha sido claro y categórico respecto del manejo de los recursos destinados a la estabilización de los territorios más golpeados por la violencia y la pobreza y a la implementación del Acuerdo. No hay razón alguna para creer que la pandemia pueda comprometer los recursos previstos para este fin .Las órdenes del presidente se han cumplido en el propósito de privilegiar la vida, aplicar rigurosamente todos los protocolos de bioseguridad y garantizar la ejecución de las inversiones previstas”, finalizó el consejero.
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