En su segundo informe, la alianza “Ciudadanía Activa con los ojos puestos en los recursos covid-19”, dirigida por Transparencia por Colombia y otras siete ONG, evaluó 11.676 contratos relacionados con la emergencia sanitaria, registrados en el Secop.
Estos contratos, dice la alianza, suman 1.9 billones de pesos, cifra que es muy importante ya que equivale a todo el presupuesto del programa de Familias en Acción para este año.
Un dato importante de este informe es que estas organizaciones encontraron que por lo menos 117 financiadores de campañas para alcaldías y gobernaciones del año pasado, obtuvieron contratos en medio de esta pandemia.
Esta práctica, dice el informe, no está prohibida, aunque podría “afectar la idoneidad y objetividad en la selección de los contratistas”. Sin embargo, aseguran las ONG, se debe establecer si hay una relación entre aportantes y contratos de covid-19, ya que en algunos casos el incentivo para contratar podría viciarse con el hecho de que hayan apoyado con recursos a determinado campaña, y no necesariamente con valoraciones objetivas.
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Según la investigación, en las campañas locales estos 117 financiadores aportaron 4.769 millones de pesos y, ahora, el valor de los contratos que están recibiendo es tres veces mayor, pues han recibido en el marco de la pandemia negocios por 12.553 millones de pesos.
En el Valle, por ejemplo, el reporte expone que siete contratistas fueron financiadores de campaña el año pasado y se les asignaron 14 contratos por 741 millones.
Radiografía de contratos
De los más de 11.676 contratos vigilados por esta iniciativa ciudadana, 5.386 (el 46 por ciento) se han firmado bajo la figura de urgencia manifiesta, que permite la contratación directa. Esos contratos suman 1,2 billones de pesos, y equivalen al 65,1 por ciento del monto total de la contratación.
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La mayoría de estos contratos se hicieron en las primeras cuatro semanas de que se declarara la emergencia, y conforme pasa el tiempo, han ido disminuyendo.
¿En qué se han usado más recursos? El informe asegura que la mayoría de contratos, según su categorización en Secop, por un valor de 155.279 millones de pesos, se han destinado para alimentos y bebidas.
Y el segundo monto, por 109.170 millones es para servicios políticos y de asuntos cívicos. Le sigue en tercer lugar el gasto en servicios de gestión, servicios profesionales y administrativos (103.609 millones de pesos), y en cuarto lugar, el gasto en terrenos, edificios, estructuras y vías, por 97.515 millones de pesos. Los servicios de salud están en el quinto lugar, con un gasto de 91.448 millones de pesos.
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El segundo departamento con contratos más costosos por persona es Amazonas, con un costo de 77.620 pesos.
El segundo departamento con contratos más costosos por persona es Amazonas, con un costo de 77.620 pesos. En esta región, dice el informe, esto también se puede explicar no solo por la caída del turismo sino también por ser una región fronteriza con Brasil, que ha aumentado los contagios.
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Contratos nacionales
Las ONG analizaron 470 contratos de entidades nacionales, relacionados con el manejo de la emergencia, por un valor de 489.047 millones. El 98 por ciento de esta contratación se ha hecho por modalidad directa.
Los mayores valores contratados están en el Ministerio de Salud, que registra el 78 por ciento del total de contratos a nivel nacional.
Ese ministerio contrató de forma directa a Allianz Group International, por 153.141 millones de pesos, para adquirir dotación biomédica. Le sigue otro contrato de esa cartera, por 77.626 millones de pesos, que tuvo el mismo objetivo, y que se cerró con Quirurgil S.A.
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El tercer contrato nacional más costoso, también en el Ministerio de Salud, por 69.615 millones de pesos, se firmó con Instrumentación S.A.. Y el cuarto es un contrato por 25.227 millones de pesos para poner a disposición de los suscriptores de líneas móviles, en la modalidad de prepago, servicios tic. Ese contrato fue firmado por el Fondo Único de Tic con Comcel S.A..
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