Redacción BL
Con el argumento de retener el empleo, el gremio de micro, pequeñas y medianas empresas (Acopi) viene barajando la idea de bajar el salario hasta en un 30 % a los trabajadores, exceptuando a los que ganan un salario mínimo y aplicando una proporcionalidad, según los ingresos.
La propuesta está causando preocupación, tanto en los ciudadanos, que en este caso sería el universo de personas que trabaja en empresas mipymes, las cuales, según el gremio, aportan el 80 % del empleo en el país. Así se aplicaría la estrategia, según la propuesta de Acopi, y esto opinan los expertos.
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Dentro de la estrategia planteada por Acopi, solo se aplicaría cuando las empresas puedan evidenciar que sus ingresos registran una caída del 30 % o más respecto al mismo periodo de años anteriores. Esto tendría que ser debidamente demostrado por profesionales contables y sujeto a auditorías.
Durante la emergencia, la medida se aplicaría por tres meses, la condición es que las empresas no despidan personal y, por supuesto, cobija a las compañías formales.
Desde el lado de los trabajadores la preocupación asalta, toda vez que, si bien hay una emergencia que demanda la solidaridad de todos para salvar empresas que generan empleos, los empleados en mipymes, por lo general, son asalariados con ingresos promedios que, confiados en su estabilidad laboral, han adquirido compromisos que no dan tregua y no tienen espacio para una reducción en los recursos que se reciben.
En representación de los sindicatos, Diógenes Orjuela, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) señala: «La idea la rechazamos de plano. Nosotros estamos pidiendo que el gobierno asuma la nómina de las pequeñas y medianas empresas sin intermediación de créditos con el sistema financiero. Así se mantiene la capacidad de compra de la gente y la permanencia en los empleos».
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Los argumentos legales sobre la viabilidad de la propuesta también están en la mesa. Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, sostiene: «Lo primero es que resulta inviable la reducción general vía decreto de emergencia económica social y ecológica, dada la imposibilidad constitucional de incluir medidas que desmejoren los derechos de los trabajadores en la legislación del estado de emergencia».
Para el experto en el tema laboral, «las modificaciones en ese sentido están reguladas en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo la figura de la revisión del contrato que supone acuerdo de las partes sin el cual se debe acudir al juez laboral».
Adicionalmente, agrega Jaramillo, «es deseable que los acuerdos propuestos estén mediados por el diálogo social y la inclusión de un principio de ‘reserva sindical’ por el cual los acuerdos para afrontar la crisis no sean suscritos por los trabajadores individualmente considerados dada la asimetría (diferencias de poder negocial) entre trabajadores y empleadores. Es decir que se debe procurar que no negocie cada trabajador por ser la parte débil de la relación».
Resulta inviable la reducción general vía decreto de emergencia económica social y ecológica, dada la imposibilidad constitucional de incluir medidas que desmejoren los derechos de los trabajadores
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Descuento si, pero que lo devuelvan
En contraste, Stéfano Farné, director del Observatorio laboral de la Universidad Externado, señala su argumento y pone de presente el contexto de la crisis como sustentación de la medida. «Dadas las circunstancias, me parece que es una opción mejor que el despido, y hasta mejor que la licencia no remunerada o la suspensión del contrato».
Eso si, subraya Farné, «sería bueno que los empresarios se comprometieran a devolver (a plazos, si quieren) este 30 % del salario a los trabajadores una vez que la situación mejore».
Farné también destaca que hay que revisar con lupa si el Gobierno puede decretar una disminucion generalizada de los sueldos en el sector de mipymes, que aporta el grueso de los puestos de trabajo en el país.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
