Redacción BL
La semana que termina volvió a ser crítica para las directivas de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esta vez, por la renuncia intempestiva de los ocho miembros de su junta directiva, hecho que, de inmediato, desató una serie de reacciones tanto en el sector empresarial colombiano como entre los inversionistas, quienes se mostraron preocupados por lo que consideran es el no cumplimiento de las reglas del gobierno corporativo por parte de las directivas de la compañía, una de las principales garantías para estos y los mercados en general.
“Sin el respeto del gobierno corporativo y de las reglas de transparencia y deliberación, la adopción de decisiones de manera intempestiva o unilateral son acciones inadecuadas para proteger a la empresa y a sus inversionistas”, comentó Santiago Montenegro, presidente del gremio de los fondos de pensiones privados (Asofondos), al recordar, además, que las AFP tienen más de 3 billones de pesos de miles de colombianos invertidos en EPM.
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Y si bien Álvaro Guillermo Rendón, gerente general de la compañía, desestimó cualquier efecto negativo de dicha renuncia sobre la reputación, los mercados y los inversionistas –como se lo dijo a EL TIEMPO en una entrevista el miércoles de esta semana–, ese mismo día Fitch Ratings bajó las calificaciones internacionales en moneda local y extranjera a EPM hasta ‘BBB-’ desde ‘BBB’ y la mantuvo en Observación Negativa.
La calificadora consideró que “las acciones recientes tomadas por la compañía aparentemente sin consultar a la junta directiva, así como la renuncia posterior de los ocho miembros independientes de la misma, son una clara evidencia del deterioro del gobierno corporativo”.
También cree que esas acciones son una violación del Acuerdo de Gobernabilidad de larga data, firmado en 2007, entre la ciudad de Medellín y la gerencia de EPM.
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Este hecho reciente de la salida de los miembros de la junta se suma al anuncio del cambio en el objetivo social de EPM, realizado en julio pasado, que abre la posibilidad para que, además de la prestación de servicios públicos, se incluyan servicios turísticos, tecnologías nuevas, infraestructura, puentes y túneles, entre otros.
Pero quizás el hecho que desató esta situación fue la demanda por 9,9 billones de pesos que EPM inició esta semana contra los contratistas, supervisores y firmas de seguros de los contratistas del proyecto Ituango de 2,4 gigavatios.
Y si bien en los mercados de capitales no se han sentido con fuerza los efectos de esta situación, algunos analistas consideran que, sin duda, esto puede elevar el costo de la deuda para la compañía en el futuro.
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La deuda externa de EPM superaba los 5.000 millones de dólares al cierre del 2019, de los cuales 2.642 millones estaban representados en bonos
Se encarece la deuda
Un deterioro en la calificación crediticia, dijo Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, implica un incremento en el costo futuro del endeudamiento que está dispuesto a asumir la compañía en caso de que lo necesite, porque tendrá una prima de riesgo superior.
“Ahora queda al borde de perder el grado de inversión”, precisó el analista.
La deuda externa de EPM superaba los 5.000 millones de dólares al cierre del 2019, de los cuales 2.642 millones estaban representados en bonos (internacionales y globales).
En el mercado de capitales colombiano, la deuda en bonos era de 625 millones de dólares. “Creo que la señal hasta el jueves es que los bonos en dólares (de EPM) se estaban desvalorizando moderadamente”, dijo Felipe Campos, gerente de investigaciones económicas de Alianza Valores.
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Esa reacción moderada de los inversionistas, en su opinión, se debe a que este es un periodo de ventas de bonos en el mundo por los buenos datos económicos en Estados Unidos. “Pareciera que el mercado les está dando tiempo a los nombramientos (de los nuevos miembros de la junta) que vienen y posiblemente el anuncio de revisar el gobierno corporativo. Pero también la compañía continúa en el rango de grado de inversión”, precisa Campos.
Demanda de energía
Otra de las grandes preocupaciones e interrogantes surgidos a raíz de la renuncia de los miembros independientes de la junta directiva de EPM apuntan hacia si esta compleja situación en la que se encuentra la compañía repercutirá en los compromisos y metas establecidas en torno a su megaproyecto, Hidroituango.
La razón es que si se sigue posponiendo la entrada en operación de la hidroeléctrica –la fecha de inicio se ha corrido en dos oportunidades por diversas contingencias–, esto tendrá graves efectos en la oferta de energía, pues se espera que este proyecto genere alrededor del 10 por ciento de la demanda nacional, algo que el país viene esperando desde diciembre del 2018, pero que no se pudo cumplir por los problemas del túnel de desviación surgidos en abril de ese mismo año.
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Pero el 2022 parece ser el vencido y así lo ratificó el gerente de EPM esta semana en EL TIEMPO. Para ese año se estima que la hidroeléctrica aporte 300 megavatios a la demanda de energía nacional.
“El proyecto de Hidroituango no está en juego; nos hemos comprometido, y así se lo hemos dicho al mercado, a generar energía a partir del 2022 con cuatro unidades”, precisó el gerente.
Sin embargo, los atrasos en la entrada en operación del proyecto han ocasionado un sobrecosto de más de 4,6 billones de pesos, lo que ha elevado el presupuesto a más de 16,2 billones.
Rendón dijo que esta nueva coyuntura por la que pasa EPM no representa parálisis ni tampoco inacción de la organización: “Seguimos trabajando en la misma dirección y con el mismo entusiasmo”.
Así, dentro del nuevo cronograma establecido, el proyecto Ituango entrará en operación gradualmente con 300 megavatios a comienzos de 2022, 600 más a finales de 2022 y 1.200 en 2026.
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