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Gobierno revela reuniones con el ELN mediadas por la ONU y la iglesia | Gobierno | Economía

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Gobierno revela reuniones con el ELN mediadas por la ONU y la iglesia | Gobierno | Economía

Miguel Ceballos, alto comisionado de Paz, asegura que los 6 puntos sobre lo fundamental, planteados por el Gobierno, coinciden con las solicitudes de miembros del Comité del paro nacional y con otros sectores.

Además, les responde a quienes piden su renuncia y revela acercamientos confidenciales con el Eln.

¿Cómo va el inicio del diálogo nacional convocado por el Gobierno?

Desde cuando el presidente de la República anunció la agenda de encuentros para avanzar en lo fundamental, no ha dejado de tener interlocución con todos los sectores. Los encuentros se iniciaron con una interlocución directa del ministro de Trabajo y del Comisionado de Paz con representantes del Comité Nacional del paro, el martes, con una reunión confidencial con varios de los representantes. Fue amable, respetuosa.

Ellos manifestaron que consultarían la fecha de la reunión propuesta por el Gobierno y propusieron que fuese el 10 de mayo. Fuimos respetuosos con esa solicitud. Luego, al considerar fundamental reunirse primero con quienes hacen parte de la organización del el paro, se iniciaron una serie de contactos con los sectores más representativos de la sociedad. La primera reunión fue con las instituciones, con los organismos de control, con la Procuraduría, con la Contraloría, Defensoría, el Fiscal y representantes de los empresarios, incluidos pequeños comerciantes. Además, con presidentes de las cortes, quienes expresaron al país su respaldo pleno a las instituciones y su rechazo a la violencia; y por supuesto es exigencia para que se respete el marco de los derechos humanos, tanto de los marchantes como por parte de la Fuerza Pública.

¿Las primeras reuniones buscaban blindar la institucionalidad?

En este momento en que el país necesita ver a su Estado trabajando unido resulta fundamental que las instituciones apoyen con energía, con compromiso, el Estado de derecho y ese era el mensaje no solamente del Presidente sino de las propias instituciones y en eso hay claridad. Hay una tradición de respeto al Estado de derecho en un país que ha enfrentado difíciles momentos históricos, habiéndolos superado por su compromiso con el respeto de la Constitución y la ley. Por eso son tan importantes estas reuniones que también han contado con los alcaldes y gobernadores y el Congreso.

El paro empezó por la reforma tributaria, pero queda claro que no solo eso…

El paro había sido anunciado desde febrero y la reforma es uno de los puntos a los que los organizadores se han venido refiriendo. Consideramos que así no se hubiese presentado, ya estaban organizadas manifestaciones alrededor de ciertos temas de agenda que los organizadores del paro han venido presentando.

Las peticiones que se conocen requieren de plata. ¿Cómo dialogar así si no hay recursos?

Todas implican encontrar fuentes para financiarlas y el involucramiento del Congreso. Tarde o temprano tendrán que pasar por el Congreso. Este diálogo y construcción de consensos rebasará el espacio de una conversación entre el Gobierno y Comité del paro. Las decisiones que se vayan a tomar frente a las peticiones no solamente involucran al Gobierno, sino al Congreso y a todo el Estado.

¿El Gobierno está dispuesto a negociar el pliego de emergencia?

Si los colombianos comparan los seis puntos planteados por el Presidente con los del llamado pliego de emergencia, hay una alta coincidencia. Está el tema de la salud, de la vacunación, de la matrícula cero, de la estabilización económica, de la superación de la pobreza y todos ellos están también en el pliego de emergencia, con solicitudes de los sectores empresariales, de los pequeños y medianos comerciantes de los tenderos y también de las instituciones (alcaldes y gobernadores). Estos seis puntos son los que necesita Colombia reconocer y superar como fundamentales.

Ustedes hablan de diálogo, y el Comité de paro, de negociación. ¿Van a exigir que cesen los disturbios para dialogar?

Como lo ha dicho el propio ministro del Trabajo, a una negociación no se llega sin diálogo, entonces vamos por partes. Hay que entender que los bloqueos y disturbios provienen de muchos actores y por supuesto que valoramos que las marchas organizadas por las centrales obreras son ordenadas, tienen protocolos de bioseguridad y terminan como han comenzado: pacíficamente.

¿Eso significa que los actos de vandalismo no tienen nada que ver con el Comité del paro?

El Comité del paro ha buscado y exigido a los marchantes s un comportamiento seguro y respetuoso de las autoridades. El problema que tenemos es que terminar las marchas en la noche, aparecen otros actores que están impidiendo que se pueda avanzar en un entendimiento mutuo. Muchas de las organizaciones del crimen organizado están detrás de esto, con intereses económicos. El Gobierno solo puede sentarse a dialogar con quienes cumplen la ley y la Constitución.

¿Qué está pasando con la Fuerza Pública?

El Presidente ha sido muy claro en que la Fuerza Pública tiene un marco de respeto a los derechos humanos y que no se tolerará el exceso en el uso de la fuerza. Pero no olvidemos también que los miembros de nuestra Fuerza Pública son ciudadanos y tienen derechos, por tanto debemos encontrarnos en el respeto de los derechos de todos, incluidos aquellos que trabajan por nuestra seguridad y la seguridad de nuestros hijos y por supuesto de aquellos que legítimamente expresar sus ideas en la calle.

¿Qué saben del supuesto apoyo desde Venezuela a las manifestaciones?

Prefiero dejar esa respuesta a organismos de inteligencia. Pero el régimen de Maduro ha tenido permisividad con grupos armados que han querido pescar en río revuelto en los ambientes que se han generado alrededor de los desórdenes y el vandalismo. Dejar esa permisividad sería la única manera de que la dictadura demostraría que no está apoyando este tipo de amenazas contra nuestra nación.

¿Se van a reunir con el senador Gustavo Petro?

El senador Petro representa un sector de la oposición y como tal, por supuesto, que es un interlocutor con el cual el Gobierno siempre ha estado en la actitud de conversar. Esperamos que también esté en esa actitud, pues algunas de las manifestaciones de la última semana parecerían indicar qué no quiere, pero este es el momento de la grandeza.

El Eln es señalado como dinamizador de la violencia en estas jornadas. ¿Qué está haciendo su oficina?

Los organismos de inteligencia han venido siempre relacionando al Eln con los desmanes en las distintas ciudades. El propio alias Uriel reconoció estar detrás a los ataques a los CAI el año pasado en Bogotá. El Gobierno no entiende por qué el Eln no ha querido avanzar en construir caminos de paz a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho con la facilitación de las más altas instancias morales y políticas.

¿A qué se refiere? De diferentes orillas lo han catalogado como un comisionado de la guerra y no de la paz…

La respuesta la puede corroborar la Santa Sede y las Naciones Unidas. Ha sido la generosidad del santo padre, expresada en una labor invaluable del Nuncio Apostólico en Colombia, Luis mariano Montemayor, y del representante del secretario general de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, quienes pueden dar fe del gran esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno por avanzar en un espacio de diálogo con el Eln.

¿Quiere decir que se están adelantando acercamientos con el Eln con el beneplácito del Gobierno y a través del Vaticano y de la ONU?

Le quiero contar a usted y al país que desde hace 17 meses, por iniciativa del Alto Comisionado para la Paz, con el apoyo y liderazgo del Presidente, se adelantan reuniones con el Nuncio Apostólico para empezar a buscar caminos que ayuden al Gobierno a cumplir su obligación constitucional y legal de verificar la voluntad real de paz del Eln. Esa es la obligación principal del Alto Comisionado de Paz, buscar la voluntad de paz de los grupos armados. Esos contactos con el Nuncio, desde diciembre de 2019, fueron avanzado y madurando en distintas ideas que nos llevaron a pensar que era también importante contar con el apoyo de Naciones Unidos. Se produjeron 6 reuniones entre el representante del Vaticano, el representante de Naciones Unidas, el presidente Duque y yo. Luego se complementaron con otras 22 reuniones en las cuales se reflexionó y avanzó en la idea y necesidad de que autores con la prestancia y autoridad moral nos ayudaran con sus buenos oficios a tener contactos con la delegación del Eln en La Habana.

¿Qué ha pasado 17 meses después?

Se produjeron 4 reuniones en La Habana en las cuales participaron Carlos Ruiz Massieu y, en representación del Vaticano, el padre Darío Echeverri, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse tres veces (en 2020) y la última ocasión en marzo de este año con la delegación del Eln. En esas reuniones, tanto la ONU como el Vaticano trataron siempre de tender puentes, con mi conocimiento y articulación, para poder verificar si el Eln estaría en la voluntad de cumplir con las condiciones de liberar a todos los secuestrados y de cesar las acciones criminales.

Tras esos esfuerzos y la muestra de buena voluntad de los facilitadores como de esta Oficina, desafortunadamente el Eln nunca avanzó en una respuesta concreta sobre si está en la voluntad de cumplir con esas condiciones. Y me atrevo a decir eso porque también hemos contado con el esfuerzo de muchos obispos en este país que nos han venido ayudando a verificar si el Eln está en la voluntad de liberar a los secuestrados y tristemente alias Fabián, el cabecilla de en el Chocó, ha dicho que jamás dejará libre al exalcalde del Alto Baudó, Tulio Mosquera, hasta que le paguen 3.000 millones de pesos.

¿Significa que esa puerta se cerró?

La puerta siempre seguirá abierta si se cumplen las condiciones. El Eln ha venido liberando muchos secuestrados. Aún, desafortunadamente, varios siguen en cautiverio. Pero, como lo ha dicho el Presidente, si el Eln realmente quiere la paz, debe liberarlos a todos y cesar las acciones criminales. Como usted lo preguntó, es claro que están tratando de desestabilizar varias ciudades en ejercicio de una estrategia que busca generar los actos criminales para afectar la estabilidad de gobiernos locales y del nacional.

Si el Eln tiene voluntad de paz, que la muestre, dejando de organizar los desmanes que buscan afectar el orden público. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo con instancias con las que jamás se había recurrido a ese nivel y la conducta del Eln no corresponde a la buena voluntad expresada por el señor Presidente y por la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Le puedo entregar fechas y reuniones que se han hecho en este gran esfuerzo por la paz.

Todo se ha hecho en La Habana. Por tanto contaron no solo con el conocimiento de el Gobierno cubano sino que facilitaron los viajes de los representantes del Vaticano y de la ONU.

Hay gente que pide su renuncia porque dice que no ha hecho nada por la paz. ¿Qué les dice?

Quienes piden mi renuncia al argumentar algo que es falso, no es solo injusto conmigo sino con las Naciones Unidas y con el Vaticano. No se dan cuenta que deslegitimar al Comisionado de Paz es deslegitimar la institucionalidad del Estado. La ley me obliga a verificar la voluntad de paz y en esa verificación no solo he empeñado estos años sino toda mi vida. Siempre me he esforzado por buscar caminos de entendimiento y paz.

UNIDAD INVESTIGATIVA Y POLÍTICA | EL TIEMPO

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El giro urgente que debería dar la política exterior de Colombia

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Reunión del Gobierno con delegados de la Cidh

Además de los esfuerzos que deberá hacer el Estado para recuperar el empleo y restaurar una economía maltrecha, producto de las manifestaciones y bloqueos de las últimas semanas, el Gobierno Nacional tiene el reto fundamental de recomponer su imagen ante la comunidad internacional en lo que respecta al respeto por los Derechos Humanos.

Esta es quizás la situación más compleja en la imagen de un Gobierno en los últimos 30 o 40 años, según el politólogo Fernando Giraldo, porque hay una proyección negativa de que el país no respeta los Derechos Humanos y que incumple el derecho internacional y el propio ordenamiento jurídico y constitucional interno.

“Es un momento complejo y en ese sentido la política de Derechos Humanos del Gobierno Nacional va a requerir de un trabajo de largo aliento que le permita rescatar el prestigio que Colombia tenía formalmente en el sistema internacional”, asegura Giraldo.

Y es que desde mucho antes de la situación interna generada por las manifestaciones, los bloqueos y los actos de vandalismo, las relaciones diplomáticas colombianas no se encontraban en su mejor momento, de acuerdo con los expertos en política internacional.

“El video del Presidente de Fecode reconociendo que el paro tiene como fin ganar la Presidencia en el 2022 debe ser entregado a la CIDH y que vean cómo quieren debilitar
las raíces democráticas en el país”.

Vicente Torrijos,

politólogo.

En el caso de los Estados Unidos, un aliado clave para Colombia en los últimos años, la relación se vio desmejorada ante el intento de algunos senadores del partido de Gobierno de injerir en el voto de los colombianos residentes en ese país para la campaña presidencial que a la postre llevó a Joe Biden a la Casa Blanca.

Tampoco estaban en su mejor momento las relaciones con las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras los pronunciamientos frente al asesinato de líderes sociales en el país y sorprendió la designación de Alejandro Ordóñez como delegado de Colombia ante la OEA por su posición y críticas, justamente, en materia de Derechos Humanos.

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Situación por demás aprovechada por sectores de la oposición que apostando al desprestigio del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas han buscado en el exterior que se condene el país en esta materia.

Coinciden, además, politólogos y analistas consultados en que se propició de manera tardía la visita de los delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que contribuyó a generar un clima de preocupación internacional sobre lo que estaba ocurriendo en el país.

Un giro necesario

Ante este panorama complejo, explica el internacionalista y politólogo Vicente Torrijos, hay tres cosas que el Gobierno Nacional debe poner en práctica para tratar de revertir esta situación que, como lo ha reconocido el miembro del Comité del Paro y presidente de Fecode, Nelson Alarcón, tiene como único propósito derrotar al Centro Democrático y ganar la Presidencia en el 2022.

“Es necesario que se active todo el servicio exterior para defender de la mejor manera los intereses nacionales con una orientación estratégica. Segundo, se debe articular todo el gabinete ministerial en torno a la promoción de los Derechos Humanos, porque esto no es asunto solo del Ministerio de Defensa y de lo contrario nada de lo que se haga al interior del país tendrá alcance a nivel mundial, y lo tercero, que las Fuerzas Armadas tengan un acompañamiento político para poder mostrarle al mundo lo que en realidad se hace en materia de Derechos Humanos, porque si no es muy difícil que esos esfuerzos sean bien valorados”, señala Torrijos.

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“Es muy grave que se interprete como una actitud injerencista la preocupación de algunos organismos por el tema de Derechos Humanos”.

Mauricio Jaramillo,

politólogo.

En ese sentido es fundamental, agrega el analista, comunicarle al mundo, a través de las comunicaciones estratégicas, que en el fondo de todo esto, como lo ha reconocido abiertamente el Presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), “lo que hay es un proyecto político, una campaña para deslegitimar a las Fuerzas Armadas y mostrar a Colombia como un país autoritario y despótico que está atacando la oposición”.

Entre tanto Mauricio Jaramillo, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, considera que hay dos cosas que el Gobierno Nacional debería realizar para mostrar otra imagen al mundo: no insistir en el discurso de que los únicos que incurrieron en excesos fueron los manifestantes y abandonar la retórica de que lo que hagan los organismos proderechos humanos es una injerencia en la soberanía.

“Debemos entender y mandar una señal de que visibilizar internacionalmente los Derechos Humanos no es una señal de injerencia ni es muestra de debilidad sino de convicción democrática y si eso no pasa va a ser muy difícil recuperar la imagen, pero tengo fe de que eso ocurrirá en las próximas semanas”, indica Jaramillo.

Fortalecer el cuerpo consular

En medio de la situación actual es necesario, advierten también los expertos, apelar a funcionarios de carrera en materia consular, que conozcan el sistema internacional y las herramientas que contribuyan a mejorar la imagen del país en el exterior.

“Ha llegado a la Cancillería la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien también ha tenido declaraciones desafortunadas frente a los Derechos Humanos y, por lo tanto, no creo que sea la persona idónea. No creo que tenga la trayectoria internacional, que conozca los circuitos internacionales ni la diplomacia en general”, enfatiza el analista Jaramillo.

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De acuerdo con Fernando Giraldo, en esta coyuntura se deben promover agentes diplomáticos de carrera y respetados por la comunidad internacional, acercar los organismos internacionales a los que pertenece Colombia, como son la ONU y la OEA, y no alejarse de países y organismos de integración como Estados Unidos, países latinoamericanos y la Unión Europea.

“También trabajar en una política de mayor cooperación y diálogo, desarrollando una campaña de imagen basada en el acatamiento del orden político y jurídico internacional”, concluye el politólogo.

Delegados del Gobierno se reunieron esta semana con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Colprensa / El País

Un giro en el relacionamiento con EE.UU.

En un momento en el que las relaciones con Estados Unidos no pasan por su mejor periodo, la renuncia del embajador en Washington Francisco Santos es una oportunidad, aseguran los analistas, de enviar un mensaje de acercamiento al gobierno del presidente Joe Biden nombrando a una persona que genere confianza en el sistema internacional.

Entre otras cosas porque el Gobierno de los Estados Unidos dio parte de tranquilidad a su similar en Colombia con el anuncio de consolidar la ayuda económica para el 2022 con la propuesta de incluir en el presupuesto una partida para Colombia superior a los US$453 millones de dólares.

El primer nombre en el sonajero para dirigir la misión diplomática en Washington es el del expresidente Andrés Pastrana, quien en primera instancia agradeció al presidente Iván Duque el ofrecimiento y lo desestimó por el momento.

Esta semana se incluyó en la lista la posibilidad el nombre de la exministra y excanciller conservadora Noemí Sanín.

El llevar a ese cargo diplomático a una persona con experiencia y con conocimiento del sistema internacional, según el analista Diego Luis Sánchez, será un indicativo de la importancia que le otorga el gobierno del presidente Iván Duque a las relaciones con EE. UU.

“No es el momento de enviar a Washington a un embajador que responda únicamente a dinámicas de favorecimientos o cuotas políticas. Se necesita a una persona de peso y experiencia en el servicio exterior”, señala.



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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los ‘falsos positivos’

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Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los 'falsos positivos'

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, contó ante la Comisión de la Verdad cómo se enteró sobre la existencia de falsos positivos dentro del Ejército, pidió perdón por ellos y analizó las razones por las que se produjeron estas conductas criminales en la época que fue Ministro de Defensa.

“Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma, que esto nunca nunca vuelva a pasar”.

El expresidente contó, en una declaración que duró cerca de una hora, que los falsos positivos se produjeron por la alta presión por resultados que había en las Fuerzas Militares y que reconocer este hecho y responder moralmente por él es la mejor forma de recuperar el honor de la institución.

Explicó que cuando llegó al Ministerio de Defensa, el 20 de julio de 2006, compartía con el presidente Álvaro Uribe, su objetivo de derrotar a las Farc, pero que la diferencia estaba en el cómo. También reconoció que en ese momento escuchó sobre los falsos positivos pero no les creyó.

“Si bien el documento de la política de defensa y seguridad democrática del 2003 dejaba una puerta abierta a la negociación, Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las Farc, quería una derrota total, nunca quiso ni siquiera reconocer la existencia de un conflicto armado, los guerrilleros para él eran unos simples narcotraficantes y terroristas”, agregó.

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Añadió que él tenía una postura diferente, por la experiencia acumulada y su forma de ver las cosas, porque era más: “viable y conveniente, más rápido y menos costoso una derrota estratégica. Es decir debilitarlos psicológica y mentalmente y llevarlos a una mesa de negociación”, dijo el expresidente.

Con respecto al no reconocimiento por parte del ex presidente de un conflicto armado, dijo que esto generó una cierta confusión en las Fuerzas Armadas: “porque aplicaban el Derecho Internacional Humanitario de acuerdo a su entrenamiento y a los manuales de derecho operacional, pero su comandante supremo y jefe de Estado no reconocía la existencia de un conflicto armado en el país” agregó el expresidente.

Falsos positivos

Frente a los falsos positivos, que según la Jurisdicción Especial para la Paz, ocurrieron entre 2002 y 2008 en más de 6.400 casos, dijo que “entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentaran. No les di credibilidad no me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo, yo también me arropé en la bandera tricolor y en repetidas ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial, consideraban malvadas acusaciones”.

Agregó que se comenzó a quitar la venda de los ojos cuando se dio cuenta en primer lugar de la presión que existía en las Fuerzas Armadas para producir bajas. Esto con base en los resultados que les entregaban en las visitas a batallones, donde el número de muertes estaba de primero.

“No les di credibilidad a los rumores sobre ‘falsos positivos’. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo”.

Juan Manuel Santos,

expresidente

Dijo también que esta nueva percepción de la realidad, se dio cuando en 2007, funcionarios internacionales como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, junto con Christian Salazar, quien luego asumió como representante en propiedad de esa Oficina, y la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hintermann, comenzaron a contarle de manera confidencial y en detalle lo que estaba sucediendo con casos específicos.

Añadió que el viceministro Sergio Jaramillo, fue quien le corroboró que esa historia si podía ser cierta, luego de obtener mucha información por su lado.

Acciones

En ese momento y viendo lo que estaba pasando Santos agregó que comenzó a actuar contra este delito. Esto a partir de directivas ministeriales y luego bajo esta misma línea el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, fue removido del cargo por hechos relacionados con falsos positivos, siendo la primera vez que se reconocía el problema.

Pero esto no se quedó ahí, dijo, pues las denuncias sobre este tema empezaron a crecer. “Venían de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que también variaba mucho”, agregó el expresidente.

Frente a esta situación aseguró que decidió investigar a fondo lo que estaba sucediendo y cuál era su verdadera dimensión, lo que lo llevó a trabajar con varias organizaciones, entre ellas la Oficina de la Alta Comisionada quien le entregó dos informes de casos específicos, uno del 11 de abril y otro del 4 de mayo de 2007.

Esto hizo, de acuerdo con Santos, que le pidiera “al general Mario Montoya, comandante del Ejército, que respondiera a todos. El 6 de junio dio respuesta a los 99 casos que había presentado la Oficina y la invitó a visitar las diferentes brigadas”. Lo que llevó a entender a los militares la gravedad de la situación.

Luego explicó, el expresidente, que creó varias directivas para enfrentar lo que estaba pasando, entre ellas la directiva 10 que creó un Comité Interinstitucional de Seguimiento, que se reunió mensualmente para estudiar casos concretos.

Este comité de acuerdo con Santos: “fue un hito en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales. Nos permitió comenzar a entender el fenómeno en toda su complejidad”.

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En esta contribución el expresidente también se refirió a lo acontecido en el año 2008, donde se conocieron los casos de los jóvenes de Soacha, población vecina a Bogotá, que habían sido reportados como desaparecidos y cuyos cadáveres fueron encontrados en municipios de Norte de Santander. Habían sido asesinados y reportados por batallones como guerrilleros dados de baja en combate.

Frente a este caso el ministro dijo que lo llamó directamente el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos por el conmutador de la Presidencia y le dijo: “Imagínese, ministro, que tengo un tema muy grave. Nueve personas que estaban desaparecidas en Soacha aparecen en Ocaña y Cimitarra como “NN”, ¡muertas en combate!”.

“En ese momento sentí que se rebosó la copa y me dije a mí mismo, hay que coger el toro por los cachos haciendo esto público”. Fue la primera vez que de manera oficial el país conoció estos hechos, añadió el expresidente.

Luego explicó otra serie de decisiones que adoptó y finalizó diciendo que no le cabe la menor duda que el: “pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado ‘la doctrina Vietnam’”.

Finalizó diciendo a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo” las ejecuciones extrajudiciales, pero “el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró”.



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¿Qué viene después de la visita de la Comisión de la CIDH?

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¿Qué viene después de la visita de la Comisión de la CIDH?

“No creo que la visita de la CIDH fuera acaparada por el Gobierno, más bien el organismo internacional hizo un ejercicio de revisión institucional de lo que tiene el Estado Colombiano. La Comisión necesitaba una visión institucional para que, si hay un pronunciamiento, las medidas que sugiera sean acordes al Estado”.

Así analiza Carlos Arias, profesor de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado, la labor que desarrollaron los seis miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvieron esta semana en el país para recibir información sobre la violencia y los actos de vandalismo registrados en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril.

Lo cierto es que entre el lunes y el jueves los comisionados tuvieron varios encuentros en Bogotá con funcionarios del Gobierno Nacional y de los organismos de control, así como con los líderes del Comité de Paro, empresarios y organizaciones sociales.

Pero también se desplazaron a Popayán, Tuluá, Buga y Cali, donde igualmente se entrevistaron con el alcalde Jorge Iván Ospina, algunos concejales y representantes de la sociedad civil, según se informó.

Es por ello que el académico agrega que “si la CIDH hubiera planteado sus reuniones de otra forma, cualquier fallo hubiera marcado una serie de sesgos y reinterpretaciones de la realidad. Además, el futuro pronunciamiento no hubiera sido tan respaldado por el Gobierno. Al tener una presencia fuerte en la institucionalidad, no puede tener ningún marco de duda, porque se reunió más tiempo con el Gobierno y escuchó la visión institucional”.

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Sin embargo, para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, “lo ideal hubiera sido que se le hubiera dado mayores libertades al grupo de la Comisión, pero había una predisposición muy grande”, aludiendo a las primeras declaraciones de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en las que dijo que el Gobierno no iba a aceptar la visita.

Ahora bien, los analistas coinciden en que los comisionados se llevaron un panorama muy completo de lo que ha pasado durante las movilizaciones.

“La entrega de los informes de la Fuerza Pública, el informe de Claudia López (alcaldesa de Bogotá) y la entrega de informes por parte de organizaciones defensoras de Derechos Humanos es, a mi juicio, lo más emblemático de la visita”, dice Jaramillo.

A su vez, Juan Carlos Ruiz, también profesor en la Universidad del Rosario, sostiene: “Todo el mundo tuvo la oportunidad de hablar con la CIDH, desde el exportador, los padres de las víctimas de las protestas, el Gobierno, las centrales sindicales, entonces lo interesante es que todo el mundo quiso hablar con la Comisión y esa posibilidad me parece muy importante en estos momentos que vive el país”.

En ese sentido, Carlos Arias anota que la CIDH pudo cruzar las bases de datos de distintas entidades: “Tuvo la posibilidad de ponderar el grado de velocidad y verosimilitud de las investigaciones de entidades como la Fiscalía, la Produraduría y la Defensoría. Haberse reunido con organizaciones de Derechos Humanos le da una perspectiva del grado de incidencia del Gobierno en las entidades de control”.

Entre tanto, Ruiz destaca que todos los actores involucrados en la crisis política, económica y social tuvieron el anhelo de demostrar que tenían la razón. “Una expectativa jamás vista en el país para una visita de este tipo, la gente quiere un árbitro neutral que diga qué pasó y qué está pasando. Ojalá la CIDH esté a la altura de ese compromiso”, añade.

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Juliana Bustamante, directora del Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social, asegura que el informe de la Comisión, anunciado para la semana entrante, no va a contener un análisis de la situación a profundidad.

“Cuando se habla de visita de trabajo, luego de esta se conoce solo un comunicado de prensa. Sin embargo, en la norma no existe distinción sobre lo que produce una visita in loco y una de trabajo. Por eso las organizaciones solicitamos que, a pesar de que esa sea la práctica, en la medida de lo posible se haga un informe detallado de la visita de trabajo, porque el esfuerzo ha sido mucho y la Comisión ha recogido mucha información con qué hacerlo”, explica Bustamante.

Según ella, “la Comisión Interamericana realizó una visita de trabajo conforme al artículo 53 de su reglamento, que da la posibilidad de diseñar la que la comisión estime más pertinente. En este caso no se hizo una visita con el pleno de la comisión sino solo con tres de sus siete comisionados y un equipo muy grande de la secretaría ejecutiva para la toma de testimonios y el tema logístico”.

“Entonces será un comunicado de prensa con observaciones a las que se les hará seguimiento y en donde las organizaciones más adelante tendrán la oportunidad de pedir audiencias temáticas para el seguimiento de esas observaciones”, puntualiza.

El informe del Mindefensa a la CIDH dio cuenta de 19 fallecidos, 2 uniformados muertos, 1106 personas heridas, 1253 lesionados y 178 investigaciones disciplinarias.

Detalles

La visita de trabajo de las Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estuvo liderada por la presidenta del organismo, Antonia Urrejola, quien vino acompañada por los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón.

Además contó con el apoyo de la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, y de la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido, además del relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.

Según información proporcionada por la CIDH, se recibieron más de dos mil registros de personas o entidades que querían entrevistarse con la delegación del organismo adjunto a la OEA, que fue recibido oficialmente el martes en la mañana por el presidente Iván Duque, luego de que llegaran el lunes al país.

La última reunión de los comisionados con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se realizó el jueves en la tarde en la sede de la Cancillería colombiana.



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