En Colombia hay 22 millones de trabajadores que se han visto afectados de una o de otra manera con el aislamiento obligatorio que decretó el gobierno el pasado 24 de marzo para combatir el COVID-19. Para analizar el impacto del asilamiento obligatorio del coronavirus es útil tomar en consideración dos aspectos básicos que determinan la estabilidad laboral en esta coyuntura: el sector/ocupación al que pertenece y el tipo de contratación que rige su ocupación.
Con respecto al sector hay que distinguir tres grupos de trabajadores: 1) los trabajadores de áreas prioritarias para enfrentar la emergencia de salud, 2) los trabajadores de áreas no prioritarias con pocas posibilidades de adaptación y 3) los trabajadores de áreas no prioritarias con alguna posibilidad de adaptación.
Es de esperar aumento en la demanda de los trabajadores del grupo 1, menos estabilidad en los trabajadores del grupo 2 y un riesgo mayor en los trabajadores del grupo 3.
Así mismo, la velocidad con la que pueden verse afectados cada uno de estos grupos por el asilamiento depende del carácter de formalidad de la ocupación: la mayor parte de los trabajadores independientes tuvieron que dejar sus actividades casi de manera inmediata; los trabajadores informales, si aún no han perdido su trabajo están en alto riesgo de perderlo y, por último, si el confinamiento se extiende, es de esperar que se afecten los trabajadores con contrato a término fijo y los trabajadores con contrato a término indefinido.
El Cuadro 1 presenta la composición de la población ocupada en el país de acuerdo con los dos criterios de análisis: el sector/ocupación y el carácter de formalidad de la ocupación.
En color verde se encuentran los sectores que pueden presentar aumentos en la demanda, en color amarillo los que tienen menor riesgo o mayor capacidad de adaptación y en color naranja y rojo, los que van a ver más afectados sus ingresos laborales como consecuencia de esta crisis. El Cuadro 2 presenta el número de trabajadores desagregados con una clasificación similar pero más desagregada. La metodología de análisis se presenta en el Anexo 1.
Dentro del grupo de trabajos prioritarios se encuentran los médicos, los enfermeros, los mensajeros, y los trabajadores de la cadena alimenticia, que incluye 3.4 millones de trabajadores agrícolas que en su mayoría trabajadores son independientes. La principal tarea del gobierno con este grupo es garantizar que todas las personas que puedan trabajar en este sector lo hagan en condiciones de salubridad.
En este sentido son adecuadas las medidas que ha tomado el gobierno en términos de los grados adelantados para el sector salud. Así mismo es conveniente, la disposición según la cual las administradoras de riesgos laborales (ARL’s) deben brindar implementos de protección es acertado, a pesar de que solo 31% de los trabajadores de este grupo están afiliados a las ARL’s.
Existe un segundo grupo trabajadores, que realiza actividades no prioritarias pero que puede tener una mayor versatilidad para ajustarse a la crisis, porque pueden realizar sus tareas por internet. Dentro de este grupo se consideran los profesionales, el personal apoyo administrativo y contable y los jefes y directores.
Para este grupo se recomienda garantizar la conectividad y facilitar el cumplimiento de sus actividades, con acciones como la automatización trámites. Una ventaja de este grupo es que casi el 60% de los trabajadores de este grupo son asalariados formales y, por lo tanto, la velocidad del impacto de la crisis tiende a ser más reducida.
En el tercer grupo se incluyen trabajadores se incluyen actividades que no se consideran prioritarias y que tienen pocas posibilidades de adaptación, incluyendo comerciantes y vendedores de productos no alimenticios, conductores, trabajadores de la construcción, trabajadores asociados a hoteles y bares, electricistas, plomeros e instaladores, peluqueros, y pilotos.
Este es el sector más afectado porque en su mayoría se compone de trabajadores independientes. Para estos trabajadores las opciones de política son: moverlos a la categoría 1 incentivando la producción de bienes prioritarios o aumentando el espectro de actividades consideradas como prioritarias; o a la categoría 2, mediante la tecnificación.
Alternativamente, se pueden aplicar programas especializados como exención de pagos de salud y pensiones, pero hay que tener en cuenta que gran parte de los trabajadores de este grupo son informales (78%). Teniendo en cuenta lo anterior, lo más recomendable es implementar programas de ayudas directas, en cuyo caso el mayor reto es la identificación de estos trabajadores. No obstante, hay que aprovechar el hecho de que en este momento estos trabajadores necesitan las ayudas y, por lo tanto, es más factible esta labor de identificación.
El gobierno también ha tomado medidas horizontales a todos los sectores para reducir la velocidad de estos ajustes, como la posibilidad de que los empleadores otorguen vacaciones sin previo aviso. Así mismo, se anunció la capitalización del Fondo Nacional de Garantías para ofrecer $70 billones de pesos en créditos para distintos sectores de la economía y proteger el empleo. De este total, $20 billones serán destinados a la micro, pequeña y mediana empresa. También ha creado figuras para proteger los ingresos de los desempleados como la posibilidad de retirar las cesantías y el mecanismo de protección.
Estas ayudas son muy importantes porque en condiciones de confinamiento, los trabajadores que pierden su empleo no pueden recurrir al mecanismo tradicional de realizar trabajos informales para generar ingresos temporales. Además, en Colombia la cobertura de los seguros de desempleo es muy limitada. Sin embargo, los anteriores mecanismos no favorecen a los trabajadores informales, que son los más afectados por la crisis actual.
Adicionalmente, estos trabajadores tienen una probabilidad mayor de haber incumplido la política de asilamiento y haber sido contagiados.
En estas circunstancias, son fundamentales los apoyos de carácter generalizado que también ha formulado el gobierno como el fortalecimiento de programas jóvenes en acción, familias en acción, ICBF, y adultos mayores; la devolución del IVA; el diferimiento del pago de los servicios de energía, y el ingreso solidario de 160.000 pesos para más de 3 millones de familias que no están en programas sociales.
Todo lo anterior indica la importancia de hacer el aislamiento más estratégico en el sentido de aumentar los trabajos que se consideran prioritarios y facilitar el funcionamiento de aquellos que es posible realizar a distancia, lo que a su vez puede incrementar la tecnificación y la producción laboral.
A más largo plazo, la sociedad como un todo va a valorar más al sistema de protección social, lo que puede derivar en un consenso para reducir la informalidad. En efecto, es de esperar que se incrementen las preferencias por trabajo asalariado y se concienticen los trabajadores de la necesidad de ahorrar para el futuro.
Al mismo tiempo, se está desarrollando un mercado formal de teletrabajos y trabajos con horario flexible; y se va a hacer más eficiente el control de la informalidad por el aumento de la bancarización, la digitalización y el registro. Pero, de otra parte, las políticas de confinamiento pueden reducir la demanda de trabajo formal de manera permanente. En efecto, si el Estado es muy inflexible con la situación financiera actual de los empleadores, éstos van a preferir en el largo plazo automatizar la producción y buscar formas más flexibles de contratación.
Cristina Fernández
Fedesarrollo
