Redacción BL
Iván Mordisco es un guerrillero colombiano al frente de un imperio de cocaína y sobre quien pende una recompensa por su captura. También hace más por la protección de la selva amazónica que casi nadie en la Tierra.
La deforestación se ha desplomado en la región ganadera y cocalera controlada por la guerrilla de Mordisco luego de que este tomara la impopular decisión de ordenar a los agricultores locales que dejaran de talar árboles.
Esto sucedió luego de una petición del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que logro convencer a un grupo que rutinariamente acribilla a soldados y policías para que asumiera la labor de guardaparques.
La destrucción de la Amazonia colombiana descendió un 76 % en el primer trimestre con respecto al año anterior, pero los ecologistas temen que poner la protección de la selva tropical en manos de forajidos violentos no produzca resultados duraderos.
«No es sostenible porque está dependiendo de la voluntariedad, a favor o en contra, de un actor armado, no de la gente, no del Gobierno, no de quienes ejercen otros mecanismos que no sea la fuerza en ese territorio», dijo Angélica Rojas, una ecologista que trabaja en la región para la ONG Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible.
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La motivación exacta de Mordisco para salvar los árboles no está clara. Demuestra al Gobierno que controla gran parte del territorio más sensible desde el punto de vista medioambiental de Colombia y que puede iniciar o detener la deforestación a voluntad, lo que podría darle una ventaja en las negociaciones.
También es posible que quiera preservar las copas de los árboles que cubren los movimientos de sus tropas y frenar el desarrollo de grandes explotaciones ganaderas que podrían amenazar su control.
Llegar al feudo rural de Mordisco es un viaje de 10 horas al sur de Bogotá, que termina en la terracería del departamento del Guaviare.
Cerca del pueblo de La Paz, en el límite de la reserva forestal de Nukak, hay carteles que advierten a los viajeros que mantengan las ventanas del auto abajo y que no porten cascos de moto, medidas para evitar la infiltración de facciones armadas rivales.
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Mordisco, cuyo verdadero nombre es Nestor Vera, cobra un impuesto a toda la actividad económica de la zona, desde granjas hasta gasolineras y restaurantes. También es la figura más poderosa de la vasta industria de la cocaína de la región, ya que lo controla todo, desde los cultivos de coca hasta los laboratorios de procesamiento y las rutas de tráfico.
Cualquiera que venda cocaina a un comprador no autorizado por el grupo de Mordisco es declarado «objetivo militar», su eufemismo para una sentencia de muerte.
A la entrada del pueblo, un cartel advierte al ejército que no avance más. El Estado colombiano apenas tiene presencia aquí, aparte de una escuela, cuyos alumnos llevan más de un mes sin recibir las comidas gratuitas a las que tienen derecho, y una clínica que, según los lugareños, apenas tiene medicinas. Así que son las tropas de Mordisco las que establecen las normas y las hacen cumplir.
El año pasado empezaron a circular panfletos y mensajes de WhatsApp donde se advertía a los agricultores que enfrentarían a la «justicia revolucionaria» si talaban árboles para ampliar sus campos sin permiso.
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Mordisco es un antiguo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o Farc, y sus secuaces aún utilizan el lenguaje de la insurgencia marxista.
«Ellos no quieren que la gente siga deforestando», dijo Edgar Ariza, un líder comunitario en La Paz. «Y son los únicos que son capaces de parar la deforestación».
Alrededor del 10 % de la Amazonia está en Colombia, donde ha sufrido mucho menos daño que los bosques brasileños en lo que va del siglo.
El Gobierno de Petro ha declarado que acabar con la deforestación es una prioridad absoluta, y Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y Alemania figuran entre los principales donantes extranjeros para proyectos de conservación.
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La Amazonia almacena decenas de miles de millones de toneladas de carbono, cruciales para limitar el calentamiento global, y sirve de hábitat a jaguares, miles de especies de aves e incluso delfines de agua dulce.
En el territorio de Mordisco, cualquiera que tale árboles sin permiso es multado con entre 10 y 20 millones de pesos (entre US$2.400 y US$4.800) por hectárea, según un líder local de Calamar, otra región del departamento del Guaviare, que pidió no ser identificado porque dijo que el grupo se ha vuelto más violento últimamente.
Al restringir severamente la deforestación, Mordisco ha reintroducido una vieja política de las FARC.
Los guerrilleros necesitaban las copas de los árboles para ocultarse del ejército, y también utilizaban la selva para pescar y cazar animales salvajes con los que alimentarse cuando estaban sitiados.
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«No era solo la logica de la defensa en la guerra, de poder disponer de un territorio para sus desplazamientos dentro de la clandestinidad», afirma un antiguo miembro del consejo de mando de las FARC conocido por su alias de Pastor Alape. «Era una concepción política en el sentido de poder contener el avance del latifundio».
Alape y otros miles de miembros de las Farc dejaron las armas tras firmar un acuerdo de paz con el Gobierno en 2016. Los que, como Alape, se quedaron en el proceso de paz, y los que, como Mordisco, volvieron a empuñar las armas, se consideran a sí mismos como las verdaderas FARC, y a los demás, traidores.
La facción de Mordisco, conocida como Estado Mayor Central, o EMC, cuenta actualmente con unos 2.200 combatientes en armas y una red de apoyo de unas 1.400 personas, según estimaciones de inteligencia del ejército.
Esto lo convierte probablemente en el tercer grupo armado ilegal de Colombia, por detrás del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una fuerza guerrillera, y del Clan del Golfo, un cartel de tráfico de cocaína.
El acuerdo de paz con las FARC no logro sus objetivos. En el caos que le siguió, los acaparadores de tierras y los ganaderos aprovecharon el vacío de poder para lanzarse a la Amazonia y empezar a destruir la selva a un ritmo récord.
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Al principio, Mordisco permitió la llegada de la ganadería a gran escala a la Amazonia, quizá porque aumentaba sus ingresos procedentes de la extorsión.
Sus hombres llegaron a amenazar de muerte a activistas medioambientales y empleados del servicio de Parques Nacionales de Colombia. Luego, en 2022, cambio su política 180 grados. Ese fue también el año en que Petro fue elegido primer presidente de izquierda de Colombia, comprometiéndose a entablar conversaciones de paz con los grupos armados ilegales del país, incluido el de Mordisco.
Refiriéndose al decremento en la perdida de árboles en un discurso el mes pasado, Petro dijo: «Para lograrla hubo que hablar con grupos armados. Y una de las conversaciones centrales era no deforestar».
En respuesta escrita a unas preguntas, el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia dijo que la búsqueda de la paz por parte del Gobierno a través del «diálogo con grupos ilegales» ha creado condiciones que permiten la conservación y restauración de los ecosistemas.
El trabajo del Gobierno con las comunidades locales y las investigaciones penales sobre el financiamiento detrás de la deforestación a gran escala también ayudaron a salvar árboles, afirmo el ministerio. Al menos un panfleto que supuestamente pertenecía a la facción de Mordisco citaba explícitamente la elección de Petro como motivo para detener el «desastre ecológico».
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