Redacción BL
Por medio de un comunicado, los rectores de la Universidad Nacional (Dolly Montoya), la Universidad de Antioquia (John Jairo Arboleda), la Universidad del Valle (Edgar Varela) y la Universidad Industrial de Santander – UIS (Hernán Porras Díaz), se pronunciaron a favor del recién radicado proyecto de ley estatutaria que busca reglamentar a la educación superior en Colombia como un derecho fundamental.
Aunque consideran que la iniciativa, presentada por el Gobierno, en cabeza de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, puede mejorar y merece de un trámite riguroso, los rectores de estas cuatro universidades respaldaron el proyecto.
“Pese a la rigurosidad y las exigencias que reclama el trámite de una ley estatutaria, creemos firmemente que ella es necesaria y oportuna, en tanto reconoce principios constitucionales como la diversidad cultural, étnica, lingüística y de saberes en Colombia”, se lee en el documento.
Y agrega: “Respaldamos la apuesta del Gobierno Nacional de garantizar el derecho a la educación desde la ampliación de la cobertura, el cierre a las brechas de acceso y el fomento de la calidad y la pertinencia, reconociendo que nuestro sistema educativo es mixto”.
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Pese a ello, las instituciones destacaron que es necesario seguir trabajando para que se hagan los ajustes correspondientes en el contenido del proyecto y que el sistema educativo logre las transformaciones que requiere.
Así lo expresan las instituciones: “El articulado propuesto debe iniciar su discusión en el Congreso de la República. En este escenario, las universidades y demás actores del sistema realizaremos más aportes que contribuyan a la garantía de una educación de calidad, con acceso, cobertura, progresividad, universalidad, financiamiento adecuado, enfoque territorial, equidad; promoviendo que, además, estos elementos se articulen con otras iniciativas gubernamentales como el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, en donde estamos construyendo importantes insumos desde nuestras comunidades”.
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Cabe recordar que la mencionada reforma a la Ley 30 es otra de las prioridades legislativas del Ejecutivo en materia educativa, la cual busca cambiar mucho de lo que hoy rige para las instituciones de educación superior del país, siendo de los puntos más importantes (pero no el único) la financiación de las instituciones estatales, las cuales arrastran actualmente un déficit presupuestal que, según cálculos del Sistema de Universidades Estatales, supera los 15 billones de pesos.
La postura de las privadas
No deja de llamar la atención la postura de estas cuatro universidades públicas, en contraste con un pronunciamiento similar realizado recientemente por cuatro universidades privadas (Los Andes, La Sabana, Javeriana y Eafit), en el cual se expresan serios reparos al articulado del proyecto.
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Estas últimas instituciones, sostienen que “el proyecto de ley estatutaria que ha presentado el Gobierno Nacional no incorpora con suficiencia elementos determinantes para la consolidación de un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente y sostenible. Tampoco establece los mecanismos para garantizar el derecho a la educación en un entorno cambiante”.
Así las cosas, la principal inquietud por parte de estas cuatro universidades privadas (de las más grandes e importantes del país), tiene que ver con la protección del sistema mixto de educación superior, compuesto tanto por instituciones públicas como privadas.
Con información de Educación de EL TIEMPO
