El senador Roosvelt Rodríguez ha sido, dentro del Partido de la U, uno de los más férreos defensores de los Acuerdos de Paz y crítico del Gobierno Nacional.
Afirma que al interior de su colectividad permanecen las divisiones y que aunque esta fuerza política hace parte de la coalición del Ejecutivo, “las relaciones del partido con el Presidente siguen en el mismo tono que como empezaron, marcadas por las dos posiciones claras existentes en su interior”.
El congresista vallecaucano cree que, de aprobarse la ley de transfuguismo y, si el partido sigue por ese rumbo, varios de sus integrantes podrían irse, incluso él mismo.
¿Quedó satisfecho con la elección de la nueva Procuradora?
Sí. Ninguna elección está exenta de críticas, y la de la doctora Margarita Cabello no fue la excepción. La principal crítica, a mi modo de ver, es que su elección pone en entredicho el equilibrio de poderes como principio constitucional insoslayable, por haber pertenecido al actual Gobierno como ministra de Justicia y sobre el cual deberá ejercer la función de vigilancia, pero no puede asumirse como un prejuicio categórico. Que sea así o no dependerá de la gestión de la nueva Procuradora, de la necesaria independencia y distancia que deberá guardar frente al Gobierno y los partidos políticos que coincidieron en su elección, y del estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Sin duda alguna sus actuaciones estarán sujetas al escrutinio político por el Congreso de la República y por la opinión pública.
¿Cómo se ve el Partido de la U para las próximas elecciones, están trabajando para llegar unidos o las fracturas van a seguir?
La intención del partido es ser una opción de poder en las próximas elecciones presidenciales y del Congreso, presentando un candidato propio y aumentando el número de curules en el Senado y en la Cámara de Representantes, uniéndonos a partir de unos propósitos esenciales: la defensa de la consolidación de la paz, la justicia social y la recuperación y transformación productiva para enfrentar las nefastas consecuencias de la pandemia y dirigir el país hacia un progreso sostenido.
¿Qué tan dividido está el partido en este momento?
Muy dividido, lo que hace urgente un diálogo para saber qué tan irreconciliables son las posiciones al interior del partido y siendo estas superables, para precisar claramente las bases sobre las cuales se trabajará por la unidad de la colectividad.
¿A qué se debe el mejoramiento de las relaciones del Partido de la U con el Ejecutivo?
El Partido de la U es un partido que se declaró de Gobierno por la mayoría de los congresistas, derrotando la posición de quienes invocábamos una declaración de independencia crítica, muy particularmente por la posición ambigua o abiertamente contraria del Ejecutivo al cumplimiento e implementación de los Acuerdos de Paz.
Como partido, hemos acompañado al Gobierno en algunos de sus proyectos, pero, en lo que a mí me corresponde, me he opuesto a otros encaminados explícitamente a torpedear los Acuerdos de Paz o a los que son inconvenientes para la financiación del gasto público social y la redistribución justa del ingreso nacional, como la última reforma tributaria.
Así, las relaciones del partido con el Presidente siguen en el mismo tono que como empezaron, marcadas por las dos posiciones claras existentes en su interior.
Dicen que la U terminó cediendo a la ‘mermelada’ del Gobierno, ¿qué opina usted?
Una buena parte de los congresistas del partido son cercanos al Gobierno. Las razones de cada uno de ellos para esta cercanía, las desconozco.
También se afirma que algunos miembros la colectividad están esperando que se apruebe la ley de transfuguismo para cambiarse de partido, ¿es cierto?
De la U y de otras colectividades políticas. Si finalmente se logra una mayor coherencia ideológica en los partidos, la reforma habrá cumplido un objetivo deseable.
De aprobarse esta ley, ¿cree que podría haber una salida importante de miembros de su partido?, ¿usted se iría?
Probablemente del partido se iría un número importante de congresistas y, probablemente también, si no existe una acuerdo interno serio sobre la necesidad de continuar defendiendo los Acuerdos de Paz, su decidida implementación y los planes y programas que se requieren con urgencia para atender la crisis social por la pérdida significativa de ingresos y el aumento extremo de la pobreza en Colombia y los propios para la recuperación de la economía por la pandemia, en mi caso, yo renunciaría a la colectividad.
¿A pesar de los desacuerdos que hay al interior del partido, en que se mantienen firmes?
En la defensa de los Acuerdos de Paz y en la necesidad inaplazable de implementarlos y en atenuar los efectos sociales y económicos de la pandemia creando el Ingreso Básico Universal, esperando que lleguemos a un consenso sobre el cómo hacer para reactivar la economía en el corto y mediano plazos.
¿Cómo ha visto la respuesta del Gobierno Nacional ante los últimos hechos que han enlutado al país?
Muy errática y no exenta de indolencia frente a las víctimas de las masacres. Decir de buenas a primeras que estas masacres están vinculadas con el narcotráfico es un “diagnóstico” apresurado, impreciso, falsamente generalizante, que revictimiza a los niños y jóvenes muertos violentamente y, por supuesto, a los deudos. Parece más un afán por descargarse de la responsabilidad de gobernar, de dorar con eufemismos esos hechos sumamente violentos y que causan un agravio a toda la sociedad, desligándose de los compromisos que debe adquirir para evitar que esas masacres se repitan, para perseguir y castigar a los perpetradores, pero sobre todo para poner en práctica políticas públicas que ataquen de raíz la marginalidad de los grupos y territorios vulnerables que padecen -y donde se ejerce- esa terrible y desesperanzadora violencia.
¿En qué va el propósito de reformar algunos de los decretos de emergencia emitidos por el presidente Duque?
A la fecha existen ya varios proyectos radicados para modificar esos decretos, especialmente los de contenido económico. Quienes avalamos esos proyectos pretendemos, en términos generales, que las disposiciones tengan como objetivo prioritario minimizar el impacto que la cuarentena ha tenido en la disminución de ingresos de millones de familias colombianas avocadas a la pobreza, pero también que el destino de los recursos apropiados para atender la pandemia sea para las personas y sectores que los necesiten, atenuando o eliminando los incentivos que innecesaria e injustificadamente se les ha dado a las entidades financieras.
Sesiones virtuales
“La virtualidad ha puesto en desventaja al Congreso frente al Poder Ejecutivo. El control político al que estamos obligados cuando se presentan los estados de emergencia, prácticamente ha sido una mera formalidad sin mayor trascendencia, marginal a la actividad parlamentaria, y siendo notorio un exceso de garantías a los funcionarios gubernamentales citados a los debates, en detrimento de las propias que deben tener los congresistas críticos de los decretos legislativos”.
