Redacción BL
Con el instrumento de megainversiones, el Gobierno busca que para la reactivación, Colombia ofrezca que los capitales invertidos en 5 años, iguales o superiores a 282 millones de dólares, en sectores no minero energéticos y que contribuyan a la creación de entre 250 y 400 empleos directos durante el tiempo que se realice la inversión y se mantengan, paguen un impuesto de renta del 27% y no del 33%, y si son inversiones en servicios hoteleros la tarifa será del 9%.
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Además estipulan que exista la exención del impuesto al patrimonio y dividendos.
“Este decreto le da a Colombia argumentos para atraer negocios grandes al país, que en los últimos 20 años no se ha hecho ni se ha logrado un gran clúster de más de 1.000 millones de dólares, y es por eso que tenemos ese rezago en las exportaciones. Ahora, con la caída de los precios del petróleo y el carbón, le estamos dando un nuevo foco a estos negocios y lo hace de una manera más amable”, explicó Martín Ibarra, director de Araújo Ibarra.
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De acuerdo con la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, el objetivo de lograr atraer 15.000 millones de dólares de inversión extranjera entre 2020 y 2022. Eso lo harían con la atracción de empresas en relocalización, que buscan una nueva organización de sus cadenas de suministro y especialmente mayor cercanía a los consumidores.
“En el ‘nearshoring’, sabemos que Colombia es un destino ideal en la región para las empresas multinacionales del mundo que están buscando alternativas para reorganizar sus cadenas de producción y acercarse a sus consumidores. Tenemos avances muy importantes al respecto: hemos identificado 536 empresas de Norteamérica, Asia, Latinoamérica y Europa, de estas ya hemos contactado a 85 y a la fecha tenemos 28 compañías con potencial de relocalización en nuestro territorio”, apuntó.
De acuerdo con cifras de ProColombia, en los últimos dos años llegaron al país 386 proyectos de inversión extranjera, provenientes de 46 países, con proyectos por un valor estimado de 14.354 millones de dólares.
“Se estima que estos proyectos generarán más de 141.000 empleos en 87 municipios de 23 departamentos del país y en la misma línea, habíamos proyectado la atracción de cuatro anclas inversionistas por año y a la fecha han llegado 22, cifra que triplica lo estimado inicialmente”, dijo Santoro.
Para Ibarra, las ventajas tributarias son muy flexibles y les da a las empresas y al país, la estabilidad jurídica que muchas de ellas requieren y más en la época de reactivación económica.
“Esto le garantiza a las empresas extranjeras que quieren venir al país, que las reglas del juego no serán cambiadas, que la estabilidad que se les ofrece hoy, durará 20 años y la rentas son del 27%, lo cual es muy buen negocio”, agregó.
En el pasado hubo inversiones por valores similares en el sector no minero energético como lo fue la hecha por cervecería Heineken, con Central Cervecera de Colombia, que estuvo por el orden de los 500 millones de dólares.
A esta se suma la reciente llegada de la nueva terminal marítima de gas natural comprimido en Buenaventura.
“Antes no había manera de proteger las inversiones de los cambios, el mecanismo, lo blinda, asegura al inversor”, señaló Ibarra.
Entre enero y julio han llegado 104 proyectos, con inversiones por más de 5.649 millones de dólares que generarán 35.500 empleos, un aumento del 18% frente al 2019.
Los sectores que verán las inversiones son el aeronáutico, los hoteles, infraestructura, logística, agroindustria, industrias 4.0 y energía.
ALERTAS POR CORRUPCIÓN EN CONTRATOS DE COVID-19
Continúan las alarmas por los contratos que se han hecho, en el marco de la pandemia por coronavirus, según la alianza ‘Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos del covid-19’, de Transparencia por Colombia.
El tercer informe analiza los contratos desde el 16 de marzo al 17 de julio, en torno a la contratación pública en Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá D.C, e incluyeron Atlántico y Antioquia.
En esos cuatro meses de seguimiento, encontró contratos por aproximadamente $2,5 billones, de los cuales el 85% ha sido mediante contratación directa, el 13% contratación bajo régimen especial y 2% bajo otras modalidades. Allí encontraron sobrecostos, falta de idoneidad de los contratistas y claridad en la información.
