Redacción BL
El centro de estudios Anif advirtió sobre los riesgos de la propuesta de implementar la ley seca, iniciativa que sería de llevarse a cabo sería un error para las finanzas y el empleo del país.
(¿Cuánto dejarían de recibir los departamentos por impuesto de licores?).
Según Anif, es inadecuado que se estén proponiendo medidas, adicionales a las tomadas para contener el virus, como una eventual prohibición total al consumo y venta de bebidas alcohólicas, con el pretexto de reducir los casos de violencia intrafamiliar (como se ha venido argumentando).
(En el país se vende $6,2 billones en licores al año).
De acuerdo con Anif, los informes oficiales no muestran que, en el período de aislamiento, la violencia intrafamiliar haya aumentado por el consumo de alcohol; y habría un efecto negativo adicional al que viene enfrentando la economía y, en particular, en dos de los sectores más afectados por el aislamiento, como lo son el comercio, los restaurantes, bares y discotecas.
Esto último tendría un efecto directo sobre la actividad económica y el empleo, por la reducción en las ventas. También, impactaría el recaudo de impuestos de las entidades territoriales que utilizan esa fuente para financiar, precisamente, la atención en salud en sus territorios. Todo esto, sin mencionar el efecto que puede tener la implementación de la prohibición en el mayor consumo de licor ilegal (adulterado y/o de contrabando), que genera, entre muchas otras cosas, problemas graves de salud pública.
(Los sectores en los que se perderían más empleos por el coronavirus).
NO HAY RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE LICOR Y EL VIRUS
Es un hecho indiscutible que la política de contención de la propagación del virus no debería incluir los pocos sectores que pueden seguir operando, como es el caso de la comercialización de las bebidas alcohólicas, principalmente por dos razones: no hay evidencia que el consumo de alcohol sea fuente de propagación del SARS-CoV-2, sobre todo considerando que los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas que presentan aglomeraciones (como los bares, restaurantes y discotecas) no se encuentran operando actualmente; y tampoco hay evidencia que el consumo de bebidas alcohólicas tenga un efecto negativo sobre la efectividad del aislamiento obligatorio de la población.
“Consideramos que, en lugar de hacer propuestas como la prohibición total, el país debe avanzar hacia políticas asociadas con el consumo responsable. Promover una prohibición total, como lo es la Ley Seca, descarta otras estrategias que tendrían un menor impacto económico, como por ejemplo establecer horarios de venta consensuados con los comercios y restaurantes que continúan funcionando. Solo una minoría de países ha tomado una decisión tan drástica como la implementación de la Ley Seca en el marco de la contención del virus (como es el caso de Panamá, pero con poca vigilancia y control, Tailandia y Zimbabue) y, menos aún, sin tener evidencia que el consumo de alcohol tiene una incidencia en la violencia intrafamiliar o reduce la efectividad del aislamiento”, señala Anif.
IMPACTOS ECONÓMICOS DE LA EVENTUAL PROHIBICIÓN
La venta de bebidas alcohólicas ya se ha contraído en el período de aislamiento de manera importante.
Según Nielsen, la demanda de cerveza en los hogares disminuyó 9.7%, la de aguardiente lo hizo en 16.8% y la de ron en 19.2%.
Esto se explica además por algunas restricciones relacionadas con limitar la cantidad de botellas compradas por persona (únicamente una).
Más aún, según cifras de la plataforma de información Servipunto, las ventas de cerveza en las tiendas y minimercados, canales que por excelencia muestran mayor resiliencia, disminuyeron 5.7% durante los primeros días del aislamiento preventivo obligatorio.
La implementación de la eventual prohibición durante el período de aislamiento generaría una mayor caída en las ventas de bebidas alcohólicas (incluyendo la cerveza).
Esto llevaría a pérdidas en ventas en el rango $0.7 billones y $1.4 billones, suponiendo un mes de prohibición (considerando que, al mes, se venden en promedio $1.4 billones en bebidas alcohólicas), lo que equivale a caídas entre 50% y 100%.
Esto se traduciría en un menor dinamismo de las ventas de comercio minorista, un menor recaudo en impuesto para los departamentos y pérdidas de empleo en el sector.
