Un proyecto para armonizar la normatividad alrededor de la contratación pública prepara la agencia encargada del tema Colombia Compra Eficiente, con el fin de optimizar y hacer más eficientes los procesos.
Así lo manifestó José Andrés O´Meara quien indicó que desde hace varias semanas la entidad analiza las 2.450 formas de contratación estatal y 172 regímenes especiales existentes para proponer una normatividad moderna.
O´Meara, en una conversación con empresarios de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) explicó que la nueva normatividad tendrá 150 artículos únicamente, los cuales estarían sujetos a una reglamentación de 50 más, para llegar a alrededor de 200 normas de contratación estatal en un estatuto único.
Según el funcionario, las compras estatales ascienden a $155 billones y el 55 % de los recursos se están ejecutando por regímenes especiales, por lo que no solo se genera inseguridad jurídica, dispersión normativa y pluralidad de regímenes, sino que además la concentración de capitales.
Además, según agrega, no se pueden llevar a cabo proyectos que aportan desarrollo ni se puede identificar una política pública unificada.
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De acuerdo con el funcionario, si se mejora la ley 80 de 1993 conocida como Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se logrará que la adjudicación no se demore cinco o seis meses y se involucren tecnologías de la cuarta revolución industrial, para efectos de los controles penales, fiscales y disciplinarios.
Con esta reforma también se busca promover la reactivación económica del país y un mayor acceso al mercado de compras y contratación estatal, no solo para la inversión extranjera en infraestructura sino también destinada a mipymes.
Esto con el fin que, en cualquier pliego uniforme que requiera comprar en una entidad territorial, el micro o pequeño empresario no se necesite recurrir a una oficina de abogados para postularse.
De acuerdo con el funcionario, este es un trabajo que Colombia Compra Eficiente ya tiene prácticamente terminado, pero debe acudir a unas reuniones previas con la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, y afianzar el contexto y la viabilidad política del mismo.
“Sabemos que reducir 172 regímenes especiales es una tarea titánica que, si bien, se logra con un solo artículo, los escenarios que pueden transformar generan un diálogo bastante complejo con el órgano legislativo”, puntualizó.
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Por su parte, la consejera de Economía de la Embajada de Estados Unidos en el país, Jacqueline Ward, consideró positiva la propuesta y expresó importante tenerlos de forma rápida porque durante la fase de recuperación económica habrá una gran competencia por recursos en todo el mundo, y las empresas van a buscar nuevas oportunidades, y tener un sistema robusto facilitará la atracción de nuevas inversiones de su país.
“Estoy feliz de escuchar que se realizarán estas reformas, sobre todo ahora que se anunció la nueva alianza económica entre Estados Unidos y Colombia, Colombia Crece, con la que buscamos facilitar la llegada de nuevas inversiones al país y, para eso, será clave establecer un campo de juego equitativo y con reglas estables que permitan seguir fortaleciendo la relación entre nuestros países”, afirmó Ward.
Entre tanto, el gerente en Colombia de la consultora de infraestructura Aecom, Linas Grigaliunas, coincidió en la necesidad de contar con mejores reglas jurídicas en el país, particularmente, tras el impacto de la pandemia por covid-19, pues ha cambiado la manera como se desarrollan los negocios.
Mientras que Enrique Gómez, socio de la firma de abogados Holland & Knight, señaló que, para hacer realidad estos cambios en el corto plazo, se requiere de un trabajo conjunto y coordinado entre el Gobierno, el Congreso y el sector privado, tanto de Estados Unidos como el de Colombia.
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