El Servicio Jesuita a Refugiados Colombia hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, para que en el marco de las medidas que se identifiquen en el proceso de vacunación contra el covid-19 «no se haga discriminación alguna a razón de la raza, nacionalidad y/o estatus migratorio».
La organización humanitaria explicó que las declaraciones del presidente Iván Duque, de que solo los migrantes que tengan estatus migratorio regular podrán acceder a la vacuna es algo que va en contra de los derechos humanos.
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Al respecto, la entidad dijo que condicionar la vacuna al estatus migratorio «pone la carga de la regularización sobre la población migrante forzada venezolana, cuando es responsabilidad del Estado».
Llamaron la atención sobre el hecho de que según Migración Colombia, a octubre de 2020 había 1.717.352 venezolanos en Colombia, de los cuales 947.106 estaban de forma irregular, lo que significaría que del total de migrantes solo un 45 por ciento podría verse beneficiada del procedimiento.
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Además, el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia manifestó que excluir a los migrantes de un enfoque de salud es también en una mala práctica de salud pública, pues aumenta su vulnerabilidad, crea discriminación, desigualdades sanitarias y genera un mayor gasto sanitario para los migrantes forzados.
«Atender las necesidades de salud de los migrantes forzados venezolanos les protegerá de manera contundente, beneficiará los resultados sanitarios como país, facilitará la integración, evitará gastos sanitarios y sociales prolongados, contribuirá al desarrollo social y económico, y, lo más importante, protegerá la salud pública y los derechos humanos», señalaron.
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Por último, indicaron que el Estado tiene la responsabilidad de actuar bajo el principio de no discriminación, y que los migrantes forzados venezolanos, independientemente de su condición, están protegidos por el derecho internacional de derechos humanos y a razón de esto no se les puede limitar acceder a ninguno de ellos.
Por todo esto, la organización rechazó la medida anunciada por el gobierno nacional de limitar la vacunación a migrantes con estatus migratorio regular, «pues dejar sin protección alguna a un sector poblacional que per sé se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y precariedad aumentaría los niveles de riesgo y de supervivencia humana», concluyó.
La @CIDH y su @DESCA_CIDH observan con preocupación los discursos estigmatizantes y discriminatorios que tienden a excluir a las personas en contexto de movilidad humana de las campañas de vacunación y del acceso a las políticas de protección ante pandemia de #COVID19. 1
— CIDH – IACHR (@CIDH) December 22, 2020
Sobre el tema también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que observa con preocupación «los discursos estigmatizantes y discriminatorios que tienden a excluir a las personas en contexto de movilidad humana de las campañas de vacunación y del acceso a las políticas de protección ante pandemia de covid-19».
La Comisión añadió que los Estados deben garantizar a las personas migrantes, independientemente de su estado migratorio, el acceso voluntario y en igualdad de condiciones a las vacunas, tratamientos y demás acciones de protección.
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