Desde hace varias semanas, el Gobierno Nacional viene buscando salidas a la crisis que se ha generado por las irregularidades en el Presupuesto General de la Nación de este año, que según se ha revelado desde Portafolio, tienen en vilo la ejecución de $13 billones en los presupuestos de inversión de varias entidades.
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Esta situación ha llevado a que expertos y asesores del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Presidencia de la República; se reúnan en varias ocasiones para revisar cuáles son las salidas que pueden existir al embrollo, sin que hasta el momento se vea la luz al final del túnel.
Fuentes del Gobierno le contaron a Portafolio que las dos ideas que más fuerza tienen hasta el momento, apuntan, por un lado, a la expedición de un “decreto de yerros” que corrija la inclusión del anexo dentro del Decreto de Liquidación presupuestal (2295 de 2023), así como los rubros que no están discriminados.
La segunda opción consiste en presentar una adición presupuestal al Congreso de la República, donde se discriminen principalmente los dineros que se pasaron como partidas globales en los montos de inversión de la ANI, el Invías, el Ministerio de Educación (infraestructura educativa) y Ministerio de Hacienda (transporte masivo y férreo).
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Vale la pena dejar claro que por ahora no hay una decisión en firme al respecto, ya que no quieren un desgaste político en el legislativo con la adición, ni están seguros de que el “decreto de yerros” corrija todo el problema.
Este medio habló con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, sobre la viabilidad de estas alternativas y este dejó claro que las mismas no solucionan del todo estas irregularidades, ya que sólo el Congreso puede aprobar cómo se discriminan las partidas presupuestales del país.
Restrepo arrancó advirtiendo que este caso evidencia que el manejo que se le está dando al Presupuesto “es igual al de una registradora de tienda de barrio” y recordó que “el Presidente de la República no es un reyezuelo en temas presupuestales”; que puede decidir a su antojo cómo se usan los recursos de la Nación.
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Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda del gobierno Pastrana.
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“La ley Orgánica del Presupuesto dice que todos los gastos deben aparecer discriminados e identificables en la ley de apropiaciones. La ley de presupuesto consta de dos partes, un cálculo de los ingresos, que se llama la Ley de Rentas, y unas autorizaciones de gasto, que se llaman Ley de Apropiaciones. Estas últimas tienen que ser específicamente señaladas y no pueden inventarlas, luego los gobiernos, en el curso de la ejecución presupuestaria”, explicó.
Este experto en derecho presupuestal sostuvo que la no discriminación de los $13 billones ya mencionados, es “una práctica malsana a la que se puede recurrir cuando el Ejecutivo quiere señalar a dedo qué gastos se hacen y cuáles no”, dejando claro que con esto se puede “abrir para los amigos y cerrar para los enemigos” del Gobierno.
Respecto a las salidas que pueden haber a este embrollo que tiene bastante agitados a los expertos del Gobierno, Juan Camilo Restrepo dijo que se debe empezar por entender que el presidente Petro “no es un zar omnímodo”, ya que se tiene “todo el tiempo y toda la posibilidad de reparar el presupuesto”.
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“Pero ya una vez preparado y presentado, se tiene que atener a lo que el Congreso apruebe y allí en lo que apruebe, no son de recibo las partidas globales, como tampoco serían de recibo si están dejando de apropiar una vigencia futura que ya fue autorizada por la ley, que tienen la obligación de incorporarla al Presupuesto”, resaltó.
Para Restrepo, ahora hay que proteger la legitimidad del país y evitar que las irregularidades evidenciadas en la reglamentación de los $502 billones que planea usar el Gobierno este año, se presten para fines politiqueros.
No es un problema fácil de resolver
Portafolio también habló con Henry Amorocho, profesor de hacienda pública y tributación de la Universidad del Rosario, sobre la situación en la que se encuentra actualmente el Gobierno Nacional con los líos presupuestales y este académico señaló que se debe empezar por reconocer el error que se cometió.
Para este economista, lo primero que hay que dejar claro es que el Decreto de Liquidación Presupuestal para 2024 y su respectivo anexo están mal, ya que no cumplen con lo que ordenan las leyes vigentes en esta materia.
“No está solamente mal elaborado, sino mal reglamentado y mal regulado, porque el anexo al decreto de liquidación, tal y cuál como lo pide el Artículo 67, en el Inciso Tercero, indica que hay un decreto que se hace en la parte regulatoria y un anexo técnico que se coloca con el detalle y el desglose de todas las partidas”, explicó.
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Esto sin contar los recursos de inversión de la ANI, Invías, Minhacienda y Mineducación frente a los que no se tiene claridad sobre cómo se piensan usar este año y dejaron abierto al Presupuesto General de la Nación a reclamos de inconstitucionalidad ante las cortes.
“Cuando una situación de estas sucede, las normas se deshacen por donde se hacen. Si nos equivocamos, toca corregir la norma que se equivocó de acuerdo con lo que dice la Ley Orgánica del Presupuesto, por ejemplo, sacando el anexo del decreto de liquidación”, dijo Amorocho.
No obstante, frente al segundo error, advierte que el anexo debe quedar “tal y como se aprobó en el Congreso, en las comisiones económicas y en las plenarias”, ya que de lo contrario debería presentarse un nuevo proyecto de normativa para que se apruebe desde el legislativo.
“Si acaso tienen una necesidad de $13 billones adicionales para gastos de inversión, entonces lo procedente sería que se buscaran esos recursos para financiarlos, pero ya no como parte de la aprobación del presupuesto de 2024 sino como un adicional al presupuesto del año 2024”, concluyó este docente de la Universidad del Rosario, quien advirtió que este tema no da espera.
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DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Portafolio
