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Por vencimiento de términos libres 17 militares involucrados en falsos positivos

por Redacción BL
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El juez cuarto de control de garantías de Soacha, Oscar Robayo, concedió la libertad a los uniformados, quienes están siendo procesados por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de tres jóvenes que fueron reportados como muertos en supuestos combates en Ocaña, Norte de Santander.

El funcionario judicial dijo durante una audiencia, que duró más de tres horas y media, que si bien los abogados de los tres suboficiales y 14 soldados profesionales, que estuvieron adscritos al Batallón Boyacá del Ejército, utilizaron maniobras dilatorias durante el proceso, han pasado 99 días desde cuando la Fiscalía radicó el escrito de acusación y el juez Especializado de Cundinamarca que lleva el proceso, no ha comenzado la audiencia de juicio.

De acuerdo con la ley, una persona puede quedar por vencimiento de términos si el juez de su caso no ha iniciado la etapa de juicio noventa días después de haberse radicado el escrito de acusación.

El juez Robayo reveló que desde el 24 de junio de 2009, cuando fue radicado el escrito de acusación contra los 17 militares investigados por desaparición forzada, homicidio agravado y concierto para delinquir, no han comenzado las audiencias de juzgamiento.

Robayo manifestó que los recursos de colisión de competencias y de territorialidad entablados por la defensa de los militares y que tardaron más de tres meses en resolverse en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Corte Suprema de Justicia, tenían como objeto dilatar el proceso.

Por su parte, la fiscal del caso María Cecilia Jaimes apeló la decisión del juez por considerar que no se debía conceder la libertad a los 17 uniformados, pues según ella, la demora en el inicio de la audiencia de juzgamiento obedeció a maniobras de la defensa y a circunstancias insuperables.

La delegada de la Procuraduría apoyó la petición de los abogados para que le fuera concedida la libertad a los 17 militares.

Los militares que quedaron en libertad están siendo investigados por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de Diego Alberto Tamayo, Hernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio.

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