Reformas: el pulso entre el Gobierno, congresistas y el sector privado | Gobierno | Economía

En un abrebocas de lo que será la discusión de las reformas pensional y laboral se convirtió el debate de este martes, en el cual se analizaría «los impactos de corto, mediano y largo plazo de dichas iniciativas en la generación de empleo, el tejido empresarial, el mercado de capitales y las finanzas públicas, entre otros«.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y su colega de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, presentes en el debate, expusieron cada uno sus argumentos que llevan al Gobierno Nacional a instar en darle luz verde a ambos proyectos de ley para su sanción presidencial, a la vez que defendieron los cambios que la rama Ejecutiva propone en ambas iniciativas.

El Minhacienda, por ejemplo, dijo que el ahorro en los fondos de pensión privados (AFP) no estableciendo, que el año pasado había llegado a ‘ras’ con los ingresos que habían tenido y mencionó que solo los gastos administrativos se habían llevado el 4,5 % de dichos ingresos, estimados en 33 billones de pesos a noviembre.

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Bonilla aseguró que ambos sistemas recaudaron 48 billones, de los cuales, 33 billones correspondieron a las AFP. De esos, 10 billones (4,3 %) son gastos de administración. «Es plata que no va a los afiliados«, sostiene Bonilla, quien dice que algunos de esos recursos los llevaron al Fondo de Garantía de Pensión mínima y el resto está en aseguradoras.

Señaló, además, que 2,5 billones de lo recaudado por los fondos de pensión son devoluciones,7,5 billones se destinan a pagar a pensionados y 13 billones son los traslados a Colpensiones: «Yo sumo y me da que 33 billones recaudaron y 33 billones se gastaron, es decir, no hay incremento del ahorro. El ahorro son los rendimientos acumulados«, insistió el ministro de Hacienda.

La ministra del Trabajo, en su intervención, dijo que el propósito de la reforma laboral es buscar un equilibrio de la justicia en lo laboral y que se solucionen los problemas que tiene el país en este frente actualmente, corrigiendo así los desequilibrios del pasado.

«El empleo es una política integral de Gobierno y como tal debe hace parte del Plan de Desarrollo«, señaló la funcionaria, al recordar que en ese plan hay puestas cinco estrategias para la generación de empleo, que apuntan a unos 1,7 millones de empleos en el presente cuatrienio, los cuales se conseguirán a través de la reindustrialización del país.

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Y agregó: «Con la reforma laboral, vamos a formalizar, en una primera etapa, a cerca de 2’500.000 trabajadores y trabajadoras de sectores como el rural, plataformas de reparto y por su puesto, el sector de las y los trabajadores domésticos que históricamente han sido precarizados«.

No obstante, algunos congresistas, si bien han señalado la necesidad de adelantar dichas reformas, también continúan insistiendo en la revisión de esas iniciativas de tal maneta que se puedan aprobar proyectos que corrijan las falencias de los sistemas laboral y pensional vigentes, a la vez que sean las iniciativas aprobadas que necesita el país en ambos frentes.

Y si bien aplaudieron, en el caso de la pensional, el incremento de la ayuda a más de tres millones de adultos mayores que viven en condición de pobreza y que se les reconozca a las mujeres las semanas, también pusieron el énfasis en que se debe ampliar la discusión sobre el umbral de los tres salarios mínimos del pilar contributivo, el cual se debe ajustar hacia abajo.

«Entre las dos reformas, la pensional y la laboral, tiene que haber una coherencia, ambas se tienen que hablar«, dijo Juan Pablo Gallo, senador por el Partido Liberal.

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Agregó que, tal como está planteado el proyecto pensional, se afecta la cobertura, se impone una mayor edad para la pensión, cuando se dijo por parte de Gobierno que no se aumentaría y, lo que es peor aún, que el proyecto genera un desestímulo a las cotizaciones y «más bien genera estímulos para buscar la informalidad«.

Andrés Mauricio Velasco, director técnico del comité autónomo de la regla fiscal, hizo un recuento del impacto de la reforma pensional en las finanzas públicas y señaló que los pilares solidario y semicontributivo implican un esfuerzo de ajuste de entre 0,5 y 1,2 % en el mediano y plazo, mientras que el contributivo le cuesta más al Gobierno de lo que vale el esquema de prima media por varias razones.

Una de ellas es porque la Nación tendrá que cubrir las mesadas que antes se cubrían con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el sistema público recibirá menos aportes, pues las mujeres aportarían menos con la reforma.

Por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, resaltó los aspectos positivos que trae el proyecto del Gobierno, pero dijo que «requiere de cambios y precisiones importantes para que se pueda considerar como un paso adelante. Se necesita una buena reforma, no cualquier reforma«, enfatizó quien insistió en la necesidad de avanzar en cinco temas puntuales.

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Montenegro mencionó, por ejemplo, que el sistema debe estar basado en el ahorro: aún cuando un pilar contributivo basado en el ahorro individual sería la mejor opción, si se opta por mantener un umbral de cotización obligatorio al régimen público de un salario mínimo, y que los recursos que ingresen a Colpensiones se ahorren es su totalidad.

Otro aspecto clave, según el vocero gremial, es que el fondo de ahorro que se creería con la reforma debe crecer en el tiempo y debe ser administrado por una entidad profesional, independiente de presiones políticas.

También, que quienes no se pensionen, se les debe respetar la propiedad de sus ahorros y otorga beneficios, por lo menos, iguales a los actuales. También mencionó la necesidad de garantizar la operatividad para evitar traumatismos al afiliado y como quinto punto central de esta discusión, se debe buscar un sistema que garantice la sostenibilidad de todos los actores.

«La ley debe especificar con claridad cuál será la remuneración de las administradoras de cada uno de los componentes del nuevo sistema, y esta remuneración debe garantizar la sostenibilidad de las empresas administradoras. Solo con reglas claras se generará un aumento de la competencia en beneficio de los afiliados«, puntualizó.

PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – ECONOMÍA