Ante el evidente y duro golpe económico que está provocando la pandemia, se lleva a cabo una discusión a nivel global sobre qué tan viable y qué tan útil sería garantizarle unos ingresos mínimos a las clases menos favorecidas –e incluso a la clase media– para evitar que la pobreza aumente.
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que el índice de pobreza en la región pasará del 30,3 por ciento al 34,7 por ciento, lo que implicaría una subida de 28,7 millones de personas en el total de gente en situación de pobreza. Y respecto a la proyección de pobreza extrema, la Cepal espera un incremento del 11 por ciento actual al 13,5 %, es decir, un aumento de 16 millones de personas.
Esto significaría tener las cifras más altas de los últimos 18 años y arruinaría los esfuerzos de países que, durante años, han logrado mejorar poco a poco sus indicadores. Y todo esto como consecuencia de lo que la Cepal prevé como “la peor recesión en la historia de América Latina”.
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En aras de mitigar el impacto que arrojan estas y otras proyecciones, tres expertos de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes adelantan un estudio que propone un ingreso básico garantizado (IBG), un concepto que se diferencia de la renta básica universal. El profesor Andrés Zambrano, coautor del estudio y doctor en Economía de la U. de California, le explicó a EL TIEMPO en qué consiste esta propuesta.
¿En qué se diferencian el ingreso básico garantizado y la renta básica universal?
Mientras que la renta básica universal aplica para todo el mundo, incluyendo a gente de altos ingresos, el ingreso básico garantizado, que también puede considerarse una renta básica, solamente está destinado para aquellas personas que no logren obtener un ingreso mínimo de vida.
¿Un modelo similar al proyecto de ley de renta básica de emergencia propuesto en el Congreso?
Son propuestas distintas. Esa propuesta de los senadores es de emergencia y tiene una duración fija, mientras que nuestra propuesta de ingreso básico garantizado tiene el objetivo de ser una política permanente en el tiempo. Nosotros pensamos que bajo el IBG se pueden unificar las distintas transferencias que está haciendo el Gobierno a través de programas como Familias en Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario.
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Consideramos igualmente importante mantener ciertas condicionalidades. Por ejemplo, las transferencias a Familias en Acción están condicionadas a que los niños vayan al colegio. Entonces, se deben mantener estas condicionalidades, porque hemos visto que han funcionado en las últimas décadas. Y este es un punto que no entra en la propuesta de los senadores, porque ellos plantean transferencias sin condición alguna.
¿Qué otra diferencia hay entre las dos propuestas?
Otra diferencia es que la propuesta de los congresistas está dirigida a los hogares, mientras que nosotros consideramos que las transferencias deben ser hechas hacia las personas.
Las transferencias deben hacerse por persona y lo que proponemos es que se tengan en cuenta los ingresos de los hogares para calcular esa transferencia
La Alcaldía de Bogotá ya viene implementando un modelo de renta básica, ¿cómo ven esa propuesta con respecto a la de ustedes?
La forma como funciona la renta básica que propone la Alcaldía es dividir los hogares en dos categorías: pobres y vulnerables. A los hogares pobres les dan una transferencia de alrededor de 280.000 pesos y a los lugares vulnerables les dan un monto menor, alrededor de 140.000 pesos. En nuestro modelo de ingreso básico garantizado, las transferencias deben hacerse por persona y lo que proponemos es que se tengan en cuenta los ingresos de los hogares para calcular esa transferencia. Esto se logra exigiendo a las personas que declaren los ingresos que obtienen, de tal forma que el Estado pueda complementar esos ingresos de acuerdo a la situación económica de cada persona.
Sería como un ingreso gradual…
Exacto. Para eso estamos promoviendo la declaración de renta universal, en la que todo el mundo debería declarar sus ingresos, incluso si está desempleado y no tiene ingresos. Esa declaración sería utilizada por el Estado para complementar los ingresos de cada persona, pero aquella que no haga esa declaración no tendrá acceso a este beneficio. Además, esto también ayudará a formalizar a la gente, porque todos estarán bajo el radar y nos dará más datos para poder mejorar las políticas sociales.
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Hay reservas de ciertos sectores respecto a que las personas se ‘amañen’ a este ingreso y luego no quieran buscar empleo…
Es muy importante la supervisión de la Dian, pero también existen unos incentivos y sanciones bien diseñadas. En España, por ejemplo, le están diciendo a las personas que si hacen trampa con los subsidios, serán suspendidos de sus beneficios por dos o más años. Y una forma en la que se puede promover la búsqueda de empleo es condicionando las transferencias. A los desempleados hay que darles dinero, pero si demuestran que han estado buscando trabajo. Por esto creemos en la importancia de mantener las transferencias condicionadas.
A nosotros también nos gusta una idea que se llama el impuesto negativo y consiste en que, por ejemplo, el Estado le da a usted 300.000 pesos y sobre los ingresos que tenga se le cobra el 10 por ciento de impuestos. Esto incentiva a la gente a trabajar porque la gente no puede vivir solo con un subsidio. Hay un criterio de progresividad que es: entre más se gane, menor será el subsidio. Creemos que ese mecanismo se adaptaría bien acá.
Al aumentar el empleo y asegurar una mínima calidad de vida, se podría impulsar la formalización de las empresas que se esconden en la informalidad
Otro punto de su modelo se refiere al uso del salario mínimo y a la reducción de la informalidad, ¿en qué consiste?
El argumento de los defensores del salario mínimo es que este tiene que ser un monto decente para vivir apropiadamente, lo cual tiene sentido y es válido. Pero nosotros proponemos que sea el ingreso básico garantizado el que tome ese papel de proveer los recursos necesarios para que las personas puedan vivir decentemente. Si bien el salario mínimo beneficia a unos, también está perjudicando a otra gran parte de la población que termina en la informalidad ganando menos dinero. Con el ingreso básico garantizado se podría proteger a todas las personas.
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Otro aspecto es que al tener salarios mínimos elevados lo que se está haciendo es desincentivar la contratación y la formalización de las empresas, pues para estas representan altos costos que no pueden cubrir. Esta rigidez no está permitiendo acabar con el desempleo porque las empresas se abstienen de crear nuevos puestos de trabajo debido a sus costos. Consideramos que en algún momento hay que flexibilizar los salarios mínimos para que las empresas paguen menos y el Gobierno entre a complementar los salarios de las personas con el IBG.
Pero ¿y eso cómo ayuda a reducir la informalidad?
Por ejemplo, si el salario mínimo fuera por horas, las empresas podrían ser más flexibles para crear empleo, de tal manera que no tengan que incurrir en costos altos y el Gobierno cubriría los recursos que le faltan a los empleados a través del IBG. Así se estaría garantizando un mínimo de vida decente para los asalariados y las empresas se atreverían a crear empleo.
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Al aumentar el empleo y asegurar una mínima calidad de vida, se podría impulsar la formalización de las empresas que se esconden en la informalidad, porque las condiciones serían más favorables. Y cuando las empresas se formalizan hay un mayor control del Gobierno y, por lo tanto, se podrían cobrar más impuestos.
Pero no se trata de subir los impuestos, sino de aumentar el recaudo en la medida en que más empresas pagarían. Esto le facilitará el seguimiento a la Dian de estas empresas que antes eran fantasmas. Esta propuesta tiene unos efectos muy buenos sobre la economía, pero tienen que venir de la mano de una reforma tributaria y una reforma laboral.
¿Una reforma tributaria en medio de esta crisis económica…?
Estos momentos turbios de la economía, en los que mucha gente está perdiendo, son los momentos adecuados para hacer grandes reformas que en tiempos normales serían muy difíciles de lograr. La incertidumbre de esta pandemia hace que las personas guarden más dinero del que deberían ahorrar por precaución a la crisis económica.
Por esto hay que hacer una reforma tributaria para que la gente sepa a qué se tiene que atener en los próximos dos años. Si hacemos una reforma tributaria que se empiece a pagar en dos años, la gente puede ajustar mejor sus planes y seguramente la reactivación tardará menos.
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¿Qué le hace pensar que esa reforma es hoy políticamente viable?
Actualmente hay un buen ambiente político para la reforma tributaria. La idea se está moviendo y parece que hay apoyo de todos los espectros políticos, entonces hay que aprovechar el momento. Sabemos que cuesta mucho hacerla ahora mismo, debido a que estamos en pleno crecimiento de la pandemia, pero una opción mientras se logra concretar sería empezar a probar el IBG con montos bajos que sepamos que se puedan financiar. Hay que arrancar por algo pequeño para saber cómo va a funcionar y no quebrar al país en el intento.
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SERGIO A. DAZA
Redacción Domingo
EL TIEMPO
En Twitter: @sergiodazacev
