Redacción BL
La Superintendencia de Industria y Comercion (SIC), liderada por Cielo Rusinque, emitió una medida en la cual prohibió a varios proponentes en procesos de contratación de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a no cerrar «acuerdos anticompetitivos» en estos.
La medida cautelar surgió luego de que la UNP radicara una denuncia ante la entidad en contra de Neostar Seguridad de Colombia Ltda., G.M.W. Security Rent a Car Ltda., Blinsecurity de Colombia Ltda., Vehículos Blindados de Colombia Ltda., Alliance Security Rent a Car Ltda., M.I. Blindajes Ltda., Vector LTDA. Alquiler de Vehículos Blindados, Nacional Rent Car Ltda. y Arrendadora de Vehículos Blindados- Armati Ltda.
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Entre las medidas citadas por la SIC, se encuentran:
1. Suspender inmediatamente cualquier conducta encaminada a coordinar ilegalmente su comportamiento para participar y ejecutar procesos de contratación que adelanta la UNP para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos blindados.
2. Abstenerse de realizar el apagado remoto de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP si no existe una justificación objetiva, razonable y documentada que esté relacionada directamente con la seguridad de las personas protegidas.
3. Abstenerse de retirar de funcionamiento los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP si no existe una justificación objetiva, razonable y documentada que esté relacionada directamente con la seguridad de las personas protegidas.
4. Abstenerse de usar mecanismos irregulares de coerción orientados a mantener la conducta ilegal que puedan afectar la debida prestación del Programa de Prevención y Protección a cargo de la UNP.
Vehículos blindados
LA SIC evaluó el material probatorio aportado y estudió todos los procesos de selección que la UNP adelantó durante un periodo de 7 años (2017 y 2023) para el arrendamiento de vehículos blindados.
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Teniendo en cuenta el precedente consolidado en esta materia, la entidad concluyó que los proponentes que participaron en esos procesos ejecutaron dos comportamientos que podrían ser ilegales.
La entidad explica que en primer lugar, las empresas se habrían repartido sistemáticamente las 90 zonas en las que fueron divididos los procesos de selección, de manera que lograron presentarse como únicos proponentes y resultar adjudicatarias sin enfrentar competencia. Esto impidió que la UNP pudiera obtener mejores condiciones de contratación.
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Como muestra de esta conclusión, la SIC tuvo los siguientes hallazgos:
– Las empresas que participaron en los procesos desarrollaron sistemáticamente un comportamiento inexplicable en un escenario de verdadera competencia, pues en más del 93% de las zonas adjudicadas durante 7 años (84 de 90 zonas) no existió competencia alguna entre ellas.
– En los casos excepcionales en los que más de una empresa se postuló para una misma zona (que ocurrió en solo 6 de 90 zonas), la SIC asegura no haber encontrado evidencia de una competencia efectiva entre los proponentes. En adición, las empresas habrían adoptado medidas para corregir esas situaciones, de manera que se mantuviera la situación en la que cada una resultaba como única proponente.
– La dinámica de repartición de las zonas se mantuvo a pesar de que la UNP implementó modificaciones en las reglas de los procesos que estuvieron orientadas a promover la concurrencia de proponentes. Esta situación evidenciaría que las empresas llegaron a acuerdos ilegales para superar las medidas aplicadas por la entidad contratante.
– La SIC habría identificado un sistema de repartición por turnos. Por ejemplo, la zona que comprendía las regiones de Bogotá y Cundinamarca fue repartida a una empresa en los procesos de selección de 2021, a otras en los de 2022 y a otras más en los procesos de 2023, sin que en ninguno de ellos existiera un escenario de competencia entre las empresas.
En segundo lugar, la Superindustria encontró que algunas empresas habrían desarrollado vías de hecho con el propósito de forzar a los miembros del acuerdo a mantenerse en la ejecución de la conducta ilegal. Entre las vías de hecho se encuentra que habrían desactivado de manera remota los vehículos blindados empleados para la prestación del servicio, con lo que se habría puesto en peligro la vida de las personas en situaciones de riesgo extraordinario o extremo.
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