Redacción BL
Las atribuciones conferidas por la ley a diversas superintendencias estatales se han convertido en un tema de creciente controversia, particularmente debido a su impacto en entidades públicas y privadas que comparten una característica común: haber cuestionado políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro o haber sido objeto de duras críticas por parte del mandatario.
(Vea: Minsalud, sobre reformas: ‘No hay problema, por eso estamos en proceso constituyente’).
Uno de los casos más recientes que ha avivado el debate nacional es la intervención administrativa de Sanitas EPS, uno de los principales actores privados en el ámbito de la salud en Colombia, que cuenta con 5,7 millones de afiliados.
Los opositores del Gobierno argumentan que esta intervención es una represalia ante la posible derrota del proyecto de Reforma a la Salud emblemático del presidente Petro.
Según la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, fue una medida tomada apresuradamente para «vengar» lo sucedido en la Comisión Séptima del Senado, donde la reforma de salud probablemente será rechazada.
Sin embargo, desde la otra orilla política se rechaza esta interpretación. La senadora Martha Peralta del Pacto Histórico argumenta que la intervención no es un acto de venganza, sino una respuesta a una situación crítica en el sistema de salud que requiere atención urgente, aunque no se haya desarrollado un debate completo al respecto.
Entonces, definitivamente la decisión de la Superintendencia ha generado controversia porque Sanitas presenta mejores indicadores que otros actores del mercado que no han sido objeto de controles estatales.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro ha reafirmado la obligación del gobierno de garantizar la salud de los colombianos y ha señalado la necesidad de actuar conforme a la ley y la constitución para abordar las deficiencias del sistema de salud.
De hecho, desde hace meses, el gobierno ha acusado a Sanitas de desviar fondos destinados a la salud pública para otros fines, en un momento en que la reforma de salud está en riesgo de fracasar en la Comisión Séptima del Senado.
Además, llamó la atención la inspección realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Esta inspección fue ordenada en medio de la controversia sobre los pasaportes y la empresa Thomas Greg & Sons, señalada por el presidente Gustavo Petro de supuestas prácticas corruptas en la Cancillería de Álvaro Leyva, y vinculada a contratos con otras entidades estatales.
Los sectores de oposición aseguran que resulta sospechoso que esta visita se produjera en un momento en que el presidente Petro expresaba su rechazo hacia la firma y cuestionaba el sistema electoral, llegando incluso a compararlo con el de Venezuela.
Al respecto, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, expresó su preocupación por lo que considera un abuso de poder y una extralimitación de funciones por parte de algunos servidores públicos hacia una entidad autónoma e independiente como la Registraduría Nacional.
Por su parte, la superintendente Cielo Rusinque, al igual que el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, argumenta que están ejerciendo sus competencias dentro del marco constitucional y con la intención de garantizar el cumplimiento de la ley.
(Vea: Supersalud anunció quién asumirá el rol de interventor de la Nueva EPS).
EPS Sanitas.
Bloomberg
En medio de las discusiones, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, menciona la influencia de otra Superintendencia, la de Subsidios, en la llegada de Aldo Cadena como nuevo presidente de la Nueva EPS.
Según Cadavid, esto se relaciona con la intervención previa de la Superintendencia de Salud a Comfenalco Antioquia, lo que habría llevado al Gobierno a presionar a otras cajas de compensación para nombrar a un funcionario cercano al presidente Petro.
En general, con estas intervenciones recientes, analistas políticos como Gonzalo Araújo consideran que el Gobierno está utilizando las superintendencias como herramientas de intimidación contra sus críticos y opositores políticos.
Pedro Viveros, otro analista, sugiere que esta estrategia podría ser contraproducente para el Gobierno, al alienar a sectores clave y provocar críticas sobre su autoritarismo.
Otro que se pronunció fue el expresidente César Gaviria Trujillo, quien advierte que estas acciones podrían tener consecuencias legales graves y perjudiciales para el país.
En resumen, la actuación de las superintendencias bajo la administración del presidente Petro ha generado polémica y preocupación, suscitando debates sobre el abuso de poder, la autonomía de las instituciones y el uso político de las facultades estatales de vigilancia y control.
(Vea: Se dispara incertidumbre en afiliados de Sanitas tras intervención).
SOFÍA DÍAZ RICO
Periodista Portafolio
